Este lunes ingresó en el Ministerio Público Fiscal una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, por presunto “abuso de autoridad” y “omisión de los deberes de oficio”, figuras contempladas en los artículos 248 y 249 del Código Penal, producto de la falta de resolución sobre la situación de la banca vacante en la Cámara Baja tras la suspensión de Janina Ortiz a comienzos del 2024.
La presentación fue realizada por María Belén Castillo, quien había sido candidata en las elecciones de octubre del 2023 y quien ocuparía el lugar de Ortiz una vez resuelta su situación.
La denuncia, radicada ante el Ministerio Público Fiscal sostiene que desde la suspensión de Ortiz “la banca correspondiente a la Primera Sección Electoral permanece funcionalmente vacía”, lo que, según Castillo, implica una afectación directa a la representación popular y al funcionamiento institucional de la Legislatura mendocina.
La mujer aseguró además que, por integrar la lista electoral y encontrarse alcanzada por el orden sucesorio previsto legalmente, realizó reclamos institucionales para que se avanzara con el corrimiento de lista y la cobertura efectiva de la banca.
En el escrito, Castillo afirma que las autoridades legislativas “habrían omitido arbitrariamente adoptar una resolución útil, expresa y ajustada a derecho”, prolongando una “situación de anormalidad institucional incompatible con los principios republicanos y representativos”.
También advirtió que la demora o negativa en resolver la situación podría constituir un apartamiento de los deberes funcionales de las autoridades parlamentarias, particularmente en lo referido a garantizar la integración regular del cuerpo legislativo provincial.
Ortiz fue apartada en marzo de 2024 sin goce de dieta hasta que exista una sentencia judicial, sin plazo determinado. El oficialismo, amparado en el artículo 91 de la Constitución Provincial, impulsó la medida argumentando un “desorden de conducta” debido a las causas judiciales que enfrenta la legisladora.
Desde aquel momento, la banca permanece inactiva y sin reemplazo, lo que configura —según el escrito— una vacancia de hecho. El problema se agravó en noviembre de 2025, con el fallecimiento de José Pedro Caviglia, el dirigente del Partido Libertario que seguía en la lista y que debía asumir en caso de corrimiento.