Sandra Jaquelina Vargas, conocida en el submundo criminal como la Yaqui, volvió a ocupar la escena mediática policial de Mendoza tras su reciente detención este viernes junto a su hijo y otras mujeres de su entorno. A sus 48 años, esta mujer ya acumula tres condenas judiciales que reflejan una carrera criminal que se extiende por más de 20 años, consolidándola como una de las figuras más persistentes del narcotráfico en el oeste de Godoy Cruz.
La líder narco, que actualmente purga una condena de 15 años por tenencia de drogas con fines de comercialización y lavado de dinero, fue sorprendida nuevamente dirigiendo una organización criminal desde el interior del penal tras una pesquisa de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y el fiscal federal Fernando Alcaraz, demostrando que ni las rejas lograron detener sus actividades ilícitas.
Pasadas las 19 de este viernes, varias horas después del allanamiento que realizaron, fuentes judiciales confirmaron a El Sol que quedó detenida nuevamente. La semana próxima, el juez Leopoldo Rago Gallo avanzará con las indagatorias de ella y el resto de los detenidos.
La Yaqui Vargas quedó presa otra vez como jefa de una organización narco
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La primera condena, sus inicios en el 2001
El historial criminal de Vargas se remonta al 6 de abril de 2001, cuando fue detenida por primera vez por venta de estupefacientes en el oeste de Godoy Cruz. Fueron efectivos de la desaparecida División Narcocriminalidad, que contaba por aquellos días contaba con Juan Carlos Caleri entre sus filas como investigador, otrora director de la Policía de Mendoza. En aquella oportunidad, llegó a ser juzgada por el Tribunal Oral Federal Nº2 en la causa 1016-V, caratulada “Vargas Méndez Luis P/AV. Ley 23.737”.
El fallo, dictado el 29 de mayo de 2002 bajo la sentencia Nº601, la condenó a tres años de prisión y una multa de 100 pesos por tenencia simple de estupefacientes. Apenas cuatro días después del veredicto, el 3 de junio de 2002, Vargas obtuvo la libertad condicional, regresando prematuramente a las calles donde continuaría forjando su imperio criminal que se potenció con la ayuda de su esposo, Cristian Gelvez, acribillado a balazos a principios del 2014.
El golpe más fuerte
Catorce años después de su primera condena, la Yaqui enfrentó el golpe más duro de su carrera criminal. El miércoles 11 de mayo de 2016, minutos antes de las 22, el Tribunal Oral Federal 2, presidido por el juez Waldo Alejandro Piña e integrado por Gretel Diamante y Fátima Ruiz López, dictó una sentencia que marcaría un antes y un después en su vida: 15 años de prisión por tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, en lo que fue considerada la pena más alta por ese delito en la historia judicial del país. Una investigación de diario El Sol, que publicó durante más de un año la actividad delictiva de la organización, generó que la Justicia iniciara una causa en su contra.
Los magistrados no solo confirmaron su culpabilidad, sino que la identificaron como la líder indiscutible de una organización criminal familiar que operaba con sofisticados métodos de lavado de activos. La fiscalía, a cargo de María Gloria André, había solicitado inicialmente 19 años de prisión, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió 21 años, evidenciando la gravedad de los delitos.
Durante el proceso judicial, André detalló minuciosamente los inmuebles que poseían Vargas y sus familiares, argumentando la imposibilidad de que pudieran costear propiedades de tal valor únicamente con la asignación universal por hijo que percibían oficialmente.
Esta investigación patrimonial reveló un entramado de bienes que no guardaban relación con los ingresos declarados por la organización. La mujer y varios parientes adquirieron autos de alta gama y viviendas en el Gran Mendoza y también en la provincia de San Luis.
La sentencia no se limitó a la Yaqui. El tribunal extendió las sentencias a su círculo familiar más cercano: su hija Silvina Gélvez recibió seis años de cárcel, mientras que sus hermanas Silvana y Romina fueron sentenciadas a 9 años cada una, al igual que su sobrino Jonathan Brizuela. Patricia Vargas, otra hermana, recibió 11 años de prisión.
La suegra de Vargas fue condenada a 8 años, destacando el caso de Nora Gatto, quien según la fiscalía poseía bienes de alto valor que no podía justificar con los ingresos de la rotisería familiar que regentaba en el barrio Los Toneles.
La defensa intentó diversos recursos, cuestionando la nulidad de las detenciones y un procedimiento en el que se incautó un kilo de marihuana en una propiedad de Granja Lomas de Chacras. El abogado Enoc Ortiz llegó a calificar la detención como una cuestión “política” promovida por el entonces ex gobernador Francisco Paco Pérez, aunque estos argumentos no prosperaron.
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El reconocimiento de la asociación ilícita
La saga judicial de la Yaqui no terminó con la condena federal. El 29 de junio de 2016, apenas mes y medio después del primer fallo, la mujer, madre de cinco hijos, enfrentó un nuevo proceso en la Justicia provincial que resultaría en su tercera condena.
En debates abreviados desarrollados durante la mañana de ese miércoles, tras llegar la defensa a un acuerdo con el fiscal Fernando Guzzo, los jueces de la desaparecida Sexta Cámara del Crimen -Alejandro Gullé (actualmente, procurador de la Suprema Corte), Jorge Del Pópolo y Marcelo Gutiérrez del Barrio— homologaron el pacto y sentenciaron a Vargas a tres años de prisión por asociación ilícita y falso testimonio agravado por la participación de un menor.
Esta tercera condena tuvo una particular relevancia, ya que se originó en un intento de Vargas por vengar el asesinato de su esposo, Cristian Mauricio Gelvez. La Yaqui había acusado falsamente a un sujeto de perpetrar el crimen de su marido, buscando desviar la investigación judicial que finalmente identificó a Javier Quirino como el verdadero homicida.
El objetivo de la banda que era que los pesquisas policiales y judiciales fueran tras el hombre que ella y sus hijas habían marcado en una declaración para tener el camino libre en la calle y vengarse a fuerza de tiros a través de sus “soldaditos” o “angelitos”, como se conocía al ejército de jóvenes que respondían a la órdenes de la mujer.
El entramado de mentiras y venganza involucró a toda la familia: su hermana Silvana Natalí Vargas y su hija Silvana Gelvez recibieron la misma condena por los mismos delitos.
Carlos “Junior” Vargas, sobrino de la Yaqui, recibió un año y seis meses por abuso de armas, mientras que Jonathan Brizuela fue sentenciado a tres años y dos meses por abuso de armas y asociación ilícita. Por su parte, a Karen Vargas (hija de la Yaqui) y Ariel Vargas, ambos primos, les declararon la responsabilidad penal juvenil.
La reciente detención de la jefa narco junto a sus familiares y gente de confianza demostró que logró reorganizar y dirigir una nueva banda narcocriminal desde el interior del penal, evidenciando la persistencia de la mujer que ha convertido el crimen en una tradición familiar desde hace más de dos décadas.