El gobernador Alfredo Cornejo rechazó un reclamo de una Oficial Alcaide, quien cuestionó el procedimiento de ascensos del Servicio Penitenciario de Mendoza. Según el decreto 358, publicado en el Boletín Oficial, la impugnación fue aceptada en términos formales, pero desestimada en lo sustancial.
El conflicto se originó a raíz de la Resolución 3246-S/23 del Ministerio de Seguridad y Justicia, que regula los ascensos dentro del servicio penitenciario. La oficial impugnó esta normativa, argumentando que la misma presentaba “vicios graves y groseros” que afectaban su validez y vulneraban el principio constitucional de igualdad, establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, tras un análisis de la Dirección de Asesoría Jurídica de Gobierno, se concluyó que no existieron irregularidades en el procedimiento de ascensos. Según el dictamen, el principio de igualdad no implica que todos los agentes tengan garantizado un ascenso automático, sino que deben cumplirse ciertos requisitos establecidos por la normativa vigente.
Además, se remarcó que el derecho al ascenso no es absoluto y que la administración pública puede apartarse del orden de mérito bajo razones fundadas. Además, expuso que el número de vacantes en cada jerarquía responde a las necesidades del servicio y que no se detectó un uso discrecional del poder administrativo.
El decreto establece que la decisión adoptada por el gobierno provincial agota la instancia administrativa. No obstante, deja abierta la posibilidad de que la recurrente impugne la medida ante la Justicia mediante una acción procesal administrativa, tal como lo establece la Ley 3918. Para ello, oficial cuenta con un plazo de 30 días corridos desde la notificación del decreto.