“Del análisis de la plataforma Telegram de dicha SIM surgieron 265 comunicaciones entre el fallecido Diego Alfredo Aliaga y el doctor Walter Ricardo Bento durante el período comprendido entre el 10 de setiembre del 2018 y el 5 de marzo del 2019. Dicho informe revela que el número de línea 2615270270 fue asignado al juez sospechado como línea perteneciente a una flota corporativa del Consejo de la Magistratura de la Nación, se encuentra agendado en la lista de contactos de Aliaga como ‘Primo’”, se desprende de un informe que solicitó el fiscal federal Fernando Alcaraz en los primeros meses de instrucción del asesinato del ex despachante de aduana e informante policial Diego Alfredo Aliaga (51), perpetrado a fines de julio del 2020.
Todo tenía que ver con todo: gracias a ese pedido, descubrieron llamadas entre abogados, presos federales, policías y el llamado nexo de la organización para intentar alcanzar beneficios judiciales con un juez. El resultado del análisis de los archivos fue contundente y ese momento marcó el principio de la caída del titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, Walter Bento, que terminó separado del cargo el 31 de mayo de este año por resolución del Consejo de la Magistratura, cuando la causa penal ya estaba lista para ser debatida y el Jury era más que un hecho.
¿A qué hora llegará? ¿Lo hará acompañado por su esposa y los hijos? ¿Hablará ante la prensa? ¿En qué sector de la sala se sentará? ¿Se ubicará detrás de sus abogados? ¿Cuál será su reacción? Este miércoles a las 9, el suspendido juez federal con competencia electoral comenzará a ser juzgado en los Tribunales de calles Pedro Molina y España, en Ciudad, acusado de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de morigerar la situación procesal de algunos presos. Muchas preguntas. Pocas respuestas. Hermetismo.
Se trata del caso bautizado por la prensa como Bentogate, que supuestamente movía y repartía entre diferentes protagonistas miles de dólares y que tendrá también a la familia del magistrado, abogados, policías, contrabandistas y hasta un reconocido narco en el banquillo de los acusados, conformando de esta forma un grupo de 32 procesados.
Bento deberá responder por una batería de imputaciones que podrían costarle hasta 50 años de cárcel: las más importantes son asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo en 15 hechos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de origen delictivo. Desde un principio, se despegó de todas las acusaciones y señaló que se estaba frente a una causa “armada” y que no era un funcionario corrupto. “Soy honesto”, aseguró. Pocos le creyeron, debido a que, sospechan, estaba blindado por personajes que mantenían contactos en otros poderes del Estado.
Básicamente, el Ministerio Público, representado en instrucción por el fiscal general Dante Vega, y el juez federal que confirmó cada una de las pruebas, Eduardo Puigdéngolas, entienden que el juez cobraba grandes sobornos en dólares a cambio de otorgar excarcelaciones y que, con ese dinero, adquirió diversos bienes muebles e inmuebles y realizó diversos viajes de placer con su esposa e hijos.
En el debate, Vega estará acompañado por la fiscal de Cámara Gloria André, además de los fiscales María Laura Roteta y Diego Velazco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Serán los acusadores.
Las juezas Getrel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, de las provincias de San Luis y San Juan, quedaron finalmente al frente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 luego de que varios colegas mendocinos se excusaran este año de participar en el proceso. Aducían amistad y enemistad y preferían apartarse. Una cuarta camarista, Carolina Prado, integrante del TOF Nº1 de Córdoba desde el 2019, formará parte del proceso oral y público como veedora y en calidad de sustituta, por si alguna de las titulares no puede continuar siendo parte del mismo por alguna razón.
Fuentes judiciales comentaron que serán “poco más” de 470 los testigos que declararán en el juicio. También podrán dar su versión de los hechos todos los procesados en el momento que sus defensas lo crean necesario. Habrá un “ejército” de treinta representantes legales intentando dar vuelta las graves imputaciones, seis ellos, defensores oficiales.
Estarán en condiciones de hacerlo una vez que termine la primera parte del juicio, es decir, la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Se trata del texto fiscal donde se describen todos los hechos de manera histórica, las pruebas que se adjuntaron y las atribuciones legales que se les hacen a los imputados.
Está previsto que el debate se realice los miércoles, jueves y viernes de 9 a 16.30, semana de por medio. Como son más de 800 las páginas que deben ser leídas antes las partes, es posible que recién a fines de agosto o principios de setiembre comiencen a declarar los primeros testigos de la megacausa. Todo el proceso será trasmitido en vivo para todo el país a través del canal de Youtube del Centro de Información Judicial (CIJ).
En principio, están confirmadas las audiencias de debate de esta semana; las del 9, 10 y 11 y 23, 24 y 25 de agosto y del 6, 7 y 8 de setiembre.
Lo que se juzgará
En el debate, la fiscalía intentará comprobar lo que sostiene desde marzo del 2020, cuando se descubrió que el narco Walter Bardinella Donoso formaba parte de una estructura delictiva brindando información a abogados para luego conectarse a través de un nexo (Diego Aliaga) y arreglar coimas en el juzgado de Bento. El objetivo habitualmente era el mismo: buscar cambios de calificaciones para permitir excarcelaciones. Para el Ministerio Público y el juez Puigdéngolas, luego del análisis de todas las pruebas, se confirmaron 15 casos de cohecho en el Juzgado Federal Nº1.
Y allí entraron en escena las confesiones que hicieron tres sospechosos como arrepentidos, los abogados Alejandro Matías Aramayo y Martín Ríos y el comerciante dedicado a la compra y venta de autos, de bebidas y criptomonedas, Marcos Calderón. Para los acusadores del caso, el trío terminó por confirmar todo lo que sospechaban y venían analizando. Estas declaraciones serán parte fundamental del juicio.
Firmaron un pacto con los pesquisas, y confirmaron después de sus detenciones, en mayo del 2021, cuando el caso estalló en el Gran Mendoza por la cantidad de órdenes de allanamientos que se libraron, la existencia de una organización criminal donde “el juez Bento es el jefe”, tal como reconoció uno de los abogados procesados, Matías Aramayo.
“Existe una asociación ilícita donde el juez Bento es el jefe de la asociación. En segundo orden se encontraba Diego Alfredo Aliaga; después, como un tercer orden, existen dos abogados que son reclutadores, que son el doctor Luciano Ortego y Jaime Alba. También, uno de los coordinadores, Ortego, porque una me la contaron, que había dicho Ortego que Jaime Alba era muy amigo de Walter Bento. Entonces, de esa estructura sería, Bento, Aliaga, Ortego y Alba, son los miembros de carácter permanente que tiene esta asociación ilícita”, se desprende del pacto que firmó Aramayo con los investigadores. Y agregó: “El jefe es claro, el que disponía qué hacer, cómo hacer, me refiero a Bento”.
El letrado Ríos, además de contar que participó en una reunión en la casa de Aliaga con Bento, Alba y Ortego, donde se coordinaban cuestiones operativas de la organización, también confirmó lo que sospechaban los investigadores federales: “(…) efectivamente, existía dentro del ámbito del Primer Juzgado Federal de Mendoza, el jefe de esta asociación ilícita era Walter Bento…debajo de Walter Bento había una persona que era el nexo con él, que era Diego Aliaga que, según tengo entendido, era el que tenía el trato directo con el juez y el que recibía las instrucciones de cómo actuar en los expedientes tratados”.
En otro tramo de su declaración como arrepentido, Ríos explicó el rol que tenían los otros sospechosos: “Ortego y Aliaga buscaban quiénes eran los abogados, porque depende de las causas. Aliaga había sido despachante de aduana, era contrabandista que conocía todo el paño, que poseía conexión con Walter Bento. A su vez, otra forma de captar a estas personas que después los buscaban para arreglar estas situaciones era que el propio Bento recibía información de investigaciones que estaban en proceso pero que él no había tomado conocimiento porque tal vez empezaban en AFIP. En ese momento, Aliaga ponía en marcha la estructura con Ortego que iban a ver los abogados que estaban interviniendo en las causas o trataban que los designaran a ellos o a nosotros, ponían un precio por tal causa, tal resolución y por tal resultado, una vez que se pagaba se hacía, esto de acuerdo a los que nos decía Aliaga era todo, por supuesto, en base a lo que disponía el doctor Bento, si disponía qué hacer o qué instrucción tomar, llegaban desde Bento a través de Aliaga o a través de Ortego”.
Calderón fue en esa misma línea. Admitió que pagó coima para resolver su situación en una causa de asociación ilícita fiscal y confirmó que pagó con dos vehículos que luego se confirmó que estaban en poder de Aliaga.
Por todo esto, se espera que el miércoles los Tribunales Federales presenten una escenografía distinta de la habitual. Más control de la Policía Federal (se reforzarán los ingresos y pisos con mayor personal uniformado) y la sala de debate, ubicada en el primer piso del edificio, fue modificada por la cantidad de procesados. “Será un trabajo especial, que durará un año o más. No es un debate simple”, deslizaron a El Sol fuentes de la Justicia federal a horas del inicio del proceso.
Todos los procesados
Walter Ricardo Bento (60). Abogado. Juez. Titular del Juzgado Federal N 1º de Mendoza (suspendido).
Procesado por: asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo por 15 hechos en calidad de autor; prevaricato en calidad de autor; omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, falsedad ideológica, abuso de autoridad; desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
Marta Isabel Boiza (58). Empleada judicial. Esposa de Walter Bento.
Procesada por: enriquecimiento ilícito; lavado de activos de origen delictivos y falsedad ideológica.
Nahuel Agustín Bento Boiza (31). Empleado judicial. Hijo de la pareja Bento-Boiza.
Procesado por: lavado de activos de origen delictivo.
Luciano Ezequiel Bento Boiza. Estudiante. Hijo de la pareja Bento-Boiza.
Procesado por: lavado de activos de origen delictivo.
Carlos Federico Barón Knoll (47). Ex funcionario de Aduanas.
Procesado por: cohecho activo agravado (un hecho).
Luciano Edgardo Ortego (44). Abogado.
Procesado por: asociación ilícita en carácter de organizador y cohecho activo agravado en calidad de autor (siete hechos)
Leopoldo Martín Ríos (62). Abogado.
Procesado por: asociación ilícita en carácter de miembro y cohecho activo agravado en calidad de coautor (cuatro hechos).
Alejandro Matías Aramayo (45). Abogado.
Procesado por: asociación ilícita en carácter de miembro y cohecho activo agravado en calidad de coautor (tres hechos).
Walter Bardinella Donoso (43). Comerciante. Condenado por narcotráfico.
Procesado por: asociación ilícita en carácter de miembro y cohecho activo agravado en calidad de coautor (cuatro hechos).
Omar Armando Rodríguez (58). Vendedor de Marroquinería.
Procesado por: cohecho activo agravado (un hecho).
Eugenio Javier Nasi (46). Transportista. Contrabandista.
Procesado por: cohecho activo agravado (un hecho).
Javier Santos Ortega (50). Agricultor.
Procesado por: cohecho activo agravado (un hecho).
Juan Carlos Molina Pérez (31). Monotributista de una verdulería.
Procesado por: cohecho activo agravado (un hecho).
Marcos Adrián Calderón (47). Comerciante. Compra-venta de autos, bebidas y criptomonedas.
Procesado por: cohecho activo agravado (un hecho).
Leonardo Emanuel Cirot (37). Gestor Judicial.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario (un hecho).
Mariano Enrique Castro (42). Sargento Primero del Ejército.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario (un hecho).
Jorge Omar Miranda (67). Defensor Oficial ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza.
Procesado por: cohecho activo agravado (un hecho).
Jaime Andrés Alba (50). Abogado. Viticultor. Eventualmente, dedicado a la venta de inmuebles.
Procesado por: asociación ilícita en carácter de organizador; cohecho activo agravado en calidad de coautor (cuatro hechos) y abuso de autoridad en calidad de partícipe primario (cuatro hechos).
Javier Leónidas Angeletti (56). Abogado.
Procesado por: asociación ilícita en carácter de miembro y cohecho activo agravado en calidad de coautor (cinco hechos).
Walter Aníbal Costa (60). Chofer.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor (un hecho).
José Gabriel Moschetti (47). Comisario de la Policía de Mendoza.
Procesado por: asociación ilícita en carácter de miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.
Alfredo Rodolfo Aliaga (77). Agente de transporte (jubilado).
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor.
Juan Ignacio Aliaga (30). Estudiante
Procesado por: falso testimonio en calidad de autor.
Luis Francisco Álvarez (45). Abogado.
Procesado por: asociación ilícita en carácter de miembro, cohecho activo agravado en calidad de coautor (tres hechos) y abuso de autoridad en calidad de partícipe primario (un hecho).
Jéssica Melisa Miere (43). Ama de casa.
Procesada por: cohecho activo agravado (un hecho) en calidad de partícipe criminal primaria.
Martín Rodolfo Bazán (42). Policía de Mendoza.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor (un hecho).
Daniel Gonzalo Martínez Pinto (45). Contrabandista.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor (un hecho).
José María Sanguedolce (70). Comerciante.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor (un hecho).
Cristian Oscar Oliva (38). Condenado por narcotráfico.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor (un hecho).
Enrique de la Cruz Rodríguez (79). Comerciante.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor (un hecho).
Octavio Nicolás Billi. Abogado.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor (un hecho).
Facundo Mariano Alzogaray. Abogado.
Procesado por: cohecho activo agravado en calidad de coautor (un hecho).