Una jornada esperada que terminó con más acuerdos que cuestionamientos. Por primera vez desde mediados del 2020, cuando la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza (PCN) descubrió que había diálogos de confianza entre un narco y un abogado sobre presuntos arreglos en el Juzgado Federal Nº1 de Mendoza para zafar de ciertas instrucciones o simplemente lograr excarcelaciones a cambio miles de dólares, las partes del llamado Bentogate se vieron las caras formalmente en la audiencia preliminar del debate oral.
Abogados defensores y fiscales, frente a frente, comenzaron a discutir este lunes desde las 9 las pruebas que se ventilarán próximamente en el proceso y los testigos que deberán sentarse ante las camaristas que tendrán la responsabilidad de juzgar todos los hechos que presentan al juez Walter Bento como principal acusado, Gretel Diamante (presidenta), Carolina Pereira y Eliana Rattá, magistradas de San Luis y San Juan.
De un lado estuvieron el fiscal General Dante Vega y la fiscal de Cámara María Gloria André. Y del otro, un “ejército” de 20 representantes legales. Rara vez es noticia una audiencia preliminar de un juicio oral, debido a que la idea es acordar pruebas y testigos. Pero los protagonistas de la causa potenciaron todas las expectativas
Más allá de resolver que el magistrado procesado como jefe de una asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito y los otros 29 acusados –entre ellos, la familia del juez, abogados, policías, contrabandistas y hasta un narco, por citar algunos-, comenzarán a ser juzgados el próximo 26 de julio después del receso invernal y de coincidir con la mayoría de las pruebas documentales que se ventilarán en cada una de las jornadas, llamó la atención la presencia de dos de los sospechosos más destacados de la instrucción sentados entre los abogados defensores.
Se trata de los letrados Jaime Alba y Luciano Ortego, quienes están en la cárcel federal de Cacheuta desde hace dos años con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizadores y cohecho activo agravado en tres y seis hechos, respectivamente.
Fueron los únicos procesados que estuvieron en la sala este lunes después del inicio de la única audiencia preliminar que tuvo -y tendrá- el caso. Su presencia en el primer piso de los Tribunales Federales de calle España y Pedro Molina fue por un motivo: además de estar acusados, se defenderán a sí mismos.
Efectivamente, de acuerdo con fuentes judiciales, Alba y Ortego desarrollarán una autodefensa cuando se comience el debate oral, una vez concluida la feria. Estos dos representantes legales son de los más complicados en la megacausa bautizada desde el inicio como Bentogate.
Para el fiscal General Dante Vega, impulsor principal de la instrucción, y el juez Eduardo Puigdéngolas, quien convalidó la mayoría de las pruebas en esa etapa, tenían el rol de organizadores de la asociación ilícita y deberán responder por cuatro y siete casos de cohecho, respectivamente.
Alba y Ortego permanecen en la cárcel desde que se efectivizó su detención, hace dos años. Las fuentes consultadas por este diario afirmaron que continuarán privados de la libertad mientras se desarrolle el juicio en contra. Para los investigadores, existe riesgo de fuga y hasta temor de que puedan entorpecer el funcionamiento del juicio si llegar a acceder algún tipo de beneficio que les permita dejar el penal, debido a que conocen en profundidad el mundo de los Tribunales federales.
Los abogados que se defienden a sí mismos estaban en la cima del organigrama delictivo que les endilgaron los investigadores del caso y este lunes no hablaron demasiado mientras las partes se ponían de acuerdo sobre las pruebas a debatir.
Básicamente, están sospechados de ser dos de los profesionales que tenían relación -indirecta- con el juez Walter Bento y con los imputados que buscaban algún tipo de favor en el Juzgado Federal Nº1. Para eso, se contactaban con Diego Aliaga, el “vecino” del juez en el barrio Palmares de Godoy Cruz. Aliaga es identificado en el expediente como nexo o facilitador de la organización.
Por motivos económicos con un socio identificado como Diego Barrera, fue asesinado a fines de julio del 2020 en una propiedad de Rodeo de la Cruz, se desprende la investigación del fiscal federal Fernando Alcaraz. Este caso está en juicio desde noviembre del año pasado. Barrera es un uno de los testigos más importantes que tiene el Bentogate. Su declaración es una de las más valoradas por la fiscalía.
Así las cosas, de no mediar inconvenientes, desde el 26 de julio, los Tribunales provinciales serán el centro de la atención mediática en Mendoza. Bento podría estar sentado en el banquillo de los acusados con una decisión tomada del Consejo de la Magistratura, que en los próximos días deberá definir si lo suspende o no. En los primeros días, la idea es que se lea el requerimiento de elevación a juicio.
Durante la mañana de este lunes, se resolvió -en principio- que el juicio tenga tres jornadas por semana (serían miércoles, jueves y viernes) y que se lleven a cabo cada 15 días.