Casi al mismo tiempo, Horacio Rosatti recibió dos cartas con el mismo remitente. Una se la habían destinado como presidente de la Corte Suprema de Justicia. La otra, como titular del Consejo de la Magistratura de la Nación. Las dos misivas decían exactamente lo mismo. Expresaban la preocupación que existía en la Justicia Federal de Mendoza por la situación del titular del Juzgado 1, Walter Bento. Entendían que, si el órgano de control no tomaba una decisión en el corto plazo, se iba a desencadenar un escándalo institucional: un magistrado aún en funciones iba a ser sometido a un juicio oral por delitos gravísimos. Y en los escritos dejaron en claro que ya no era un problema de la corpo judicial, sino que era una afrenta para toda la provincia.
Más allá de que entre las cartas y la suspensión pasaron unos meses, para Rosatti no era novedad. Desde que asumió en medio de la polémica por la conformación del Consejo, dejó en claro que el caso Bento era prioridad.
Pocos meses más tarde, a Rodolfo Tailhade le sonó el celular. Fue unos minutos después de que encabezara la abstención del bloque del Frente de Todos para votar el dictamen acusatorio contra Bento en la Comisión del Acusación del Consejo. Lisa y llanamente, le pusieron los puntos. Le consultaron desde cuándo era librepensador y quién lo había autorizado a sacar los pies del plato.
Esa voz iracunda que escuchó el diputado nacional ultra K tenía tonada mendocina. Y le dejó en claro que el kirchnerismo provincial no tenía ninguna intención de proteger a Bento; al menos no en esta etapa. Que el juez ya había ganado bastante tiempo gracias al desmadre del Consejo de la Magistratura el año pasado y que no había ningún favor pendiente. Que, en todo caso, si él tenía algún compromiso, se hiciera cargo, pero que nadie en la provincia tenía por qué asumir el costo político de sus malas decisiones.
Tailhade esbozó una defensa técnica. Dijo que no estaba de acuerdo jurídicamente con los lineamientos sobre los que se había redactado el dictamen original y que trataría de mejorarlo. Explicó que lo reforzaría, que negociaría y que acataría la orden de suspender a Bento.
Dos semanas más tarde, en la transmisión en vivo, el diputado hizo una suerte de acting para justificar la redacción de un nuevo dictamen, cuyos conceptos generales terminaron potenciando el documento original. Fue parte de una negociación que puso frente a frente, a cara de perro, a Rosatti y a Tailhade. Los dos tenían, paradójicamente, el mismo objetivo: suspender al juez. Eso relajó la situación. Y hasta lograron convencer a Alberto Lugones, miembro del Consejo en representación de los magistrados, que estaba contrariado por tener que votar contra Bento, quien lo trataba de “hermano” en las comunicaciones por Telegram. De los hechos de color de la investigación, quizá sea uno de los más pintorescos.
De hecho, en una especie de alegato que ensayó Lugones a favor del juez procesado, manifestó que había algunos datos que eran demasiado frívolos como para valorarlos en el dictamen. Y tuvo que abdicar a sus pretensiones defensivas cuando reconoció que los delitos que imputan a Bento ya son extremadamente graves como para fijarse si se compró tal o cual bicicleta.
La todopoderosa María Romilda Servini tampoco pudo salvarlo. Y eso que lo intentó. Por todos los medios y en diferentes medios. Presionó por acá y por allá. Fue uno de los personajes más activos en medio de la rosca política de este caso. Porque, además de ser la líder y referente de los jueces federales con competencia electoral, fue poco más que la tutora del ahora magistrado suspendido.
Políticamente, Bento creció muy bien apadrinado. Puertas hacia afuera, respondió a Juan Carlos Mazzón. El “Chueco”, histórico operador del peronismo, fue su mentor y le allanó los caminos hacia el despacho del Juzgado 1. Y Servini le cuidó las espaldas puertas hacia adentro. Tanto, que el año pasado la “Chuchi” hizo buenos oficios con una causa suya para que su discípulo tuviera una reunión mano a mano con un empresario con el que necesitaba limar asperezas y negociar un pacto de no agresión por unos meses.
Si Bento no hubiese sido suspendido por el Consejo de la Magistratura, la posición de las juezas que deberán juzgarlo a partir del 26 julio iba a ser por demás incómoda. Y no porque se dude de la capacidad y la objetividad de Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Ratta, sino porque previo a la conformación del tribunal oral hubo que pasar por un festival de inhibiciones y recusaciones, lo que demostró el nivel de influencias que Bento todavía maneja en el edificio de Avenida España y Pedro Molina. Incluso, se investiga si, consciente de que su suspensión era inminente, dejó la Secretaría Electoral minada de nuevas contrataciones de gente cercana a su círculo más íntimo.
La Justicia Federal en Mendoza es, incluso, más endogámica que la Provincial. Y eso que el Palacio Judicial de Mendoza es un bosque de árboles genealógicos.
Desde la caída en desgracia del recientemente fallecido Otilio Romano -destituido de su cargo y condenado por delitos de lesa humanidad-, Walter Bento se convirtió en el hombre más poderoso de la Justicia Federal mendocina. Quizá fue esa sensación de omnipotencia la que lo llevó a esta situación. Porque, por alguna extraña razón, cada diez años, el mismo edificio de tribunales genera implosiones para correr los velos de impunidad. Pasó con Luis Leiva, con Romano y ahora va por Bento.