A horas del plenario que definirá la suerte del juez federal Walter Bento, el Consejo de la Magistratura de la Nación se convirtió en un festival de rosca política… o un poco más de la que generalmente rodea al órgano responsable de designar y controlar a los magistrados.
La discusión pasa por saber qué decisión tomará el cuerpo a la hora de votar por la suspensión e inicio del proceso de juicio político en contra del titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza y que, además, tiene competencia electoral.
Se baraja la posibilidad de que se presenten tres dictámenes, cada uno con sus particularidades y que muestran cómo se han ido moviendo las piezas en el tablero desde que arrancó esta historia.
El primero, que ya fue votado favorablemente en la Comisión de Acusación, es el redactado por el ex consejero Pablo Tonelli y potenciado por el actual senador radical Eduardo Vischi. En el ambiente, a ese dictamen se lo conoce como “el del Pro”, y está basado fundamentalmente en la causa penal que lo tiene a Bento como procesado y a punto de ir a juicio oral por ser considerado el líder de una asociación ilícita que se dedicaba al cobro de coimas en causas que tenía bajo su jurisdicción. Es el origen real de la investigación que, además, incluye a su esposa, a dos de sus hijos, abogados, contrabandistas, policías y narcotraficantes.
Ese dictamen solicita la suspensión del juez y fue votado favorablemente por 4 miembros del la Comisión. Los tres restantes, identificados con el kirchnerismo más duro y representados por Rodolfo Tailhade, se abstuvieron.
La actitud de los consejeros K provocó una reacción en Mendoza. La postura que tomaron no tenía nada que ver con lo que se había conversado y con los lineamientos que habían bajado desde los máximos representantes de ese espacio político en la provincia. Algunos, incluso, señalan que lo hicieron a espaldas de Anabel Fernández Sagasti, ausente de diferentes actividades por cuestiones estrictamente personales.
Después de esa votación la situación cambió. A los consejeros del oficialismo les quedó claro que no podían tomar decisiones que afecten políticamente en Mendoza. La salida que encontraron fue la opción de redactar un segundo dictamen para presentarlo directamente en el plenario.
La idea original fue de Tailhade. El objetivo es apuntar específicamente a los denominados “delitos de infracción al deber o abuso de poder”; son aquellos que están vinculados con el accionar de Bento como juez y que también forman parte de la causa en su contra. Son los siguientes:
- No entrega del celular provisto por el Consejo de la Magistratura.
- Abuso de autoridad al requerir información a organismos públicospara saber si lo estaban investigando.
- Abuso de autoridad al requerir a Migraciones información sobre si lo mismo.
- Nota firmada al juez en su caja de seguridad (“Puigdéngolas, leé”).
- Falsedad ideológica sobre destino de vivienda al momento de tomar crédito hipotecario.
- Falsedad ideológica en la que niega su calidad de persona políticamente expuesta.
- Haber investigado y beneficiado con resoluciones a unos amigos. Debería haberse apartado de la causa.
- Abuso de poder para hacer que detenidos declaren en su favor.
Por todos estos puntos, es probable que el kirchnerismo presente este segundo dictamen y pida la suspensión y el jury.
Si no lo logra, acompañará la acusación original y dará los números para lograr la mayoría especial en el plenario: dos tercios de 19 integrantes. Al menos, esas son las indicaciones que tienen los consejeros.
El tercer dictamen busca beneficiar a Bento. Si se presenta, será de la mano del juez y consejero Alberto Lugones, que comparte lista (Celeste) con el juez acusado en la interna de los magistrados nacionales. La intención de Lugones es pedir que su “hermano”, como se lee en una conversación que tuvieron entre ellos en Telegram, sea llevado al jury de enjuiciamiento, pero que por el momento no sea suspendido y pueda afrontar el juicio oral en sus funciones; algo que, debido al nivel de rosca que se manejan por estos días, parece improbable.