La megainvestigación contra el Clan Aguilera terminó con 12 condenados –de un total de 19 procesados– el miércoles 31 de agosto en los Tribunales Federales.

A pesar del resultado positivo que presentó el final del debate oral y público, los hallados culpables fueron segundas líneas de los responsables máximos de la organización narco que operó durante años en la zona de la triple frontera que comprenden los departamentos de Godoy Cruz, Maipú y Luján.

De las escuchas telefónicas iniciadas por Investigaciones de Mendoza se desprendió que el “jefe” o “uno”, como lo llamaban en los cientos de horas que se registraron, era Diego Asesino o Animal Aguilera, hermano del ex jefe de la barra brava del club Godoy Cruz Antonio Tomba, el Rengo, quien pasa sus días en prisión purgando una pena de 12 años de cárcel por ser jefe de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.

También se supo que otros dos personajes, colaboradores y hombres de confianza del Asesino, formaban parte de la estructura delictiva vinculada a la venta de estupefacientes. Se trata de Leandro Jata Abuín y Raúl Eduardo Lucero.

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Diego Aguilera y estos dos hombres nunca fueron detenidos para que respondan en la causa. Se encuentran con pedido de captura vigente pero nada se sabe de ellos desde junio del 2020, cuando se desarrollaron los 37 allanamientos en el Gran Mendoza –la mayoría en el popular barrio La Gloria, de Godoy Cruz, donde tienen base la familia Aguilera– en los que se logró apresar a casi 20 sospechosos y la incautación de millones de pesos, armas, municiones (más de mil), 12 kilos de cocaína y casi 3 de marihuana.

Durante el juicio que se realizó en el Tribunal Oral Federal Nº2 declaró un policía que inició los trabajos investigativos desde abril del 2019 hasta marzo del 2020 y aseguró que hubo filtraciones internas de datos relevantes sobre los movimientos diarios que presentaba la pesquisa que llegaron hasta oídos del jefe de la organización, lo que permitió que huyera antes de que se desplegaran los allanamientos masivos.

Debido a esta y otras sospechas que surgieron durante el juicio, la fiscal de Cámara María Gloria Andre solicitó una compulsa durante los alegatos de las partes a los jueces Héctor Cortés, Julio Naciff y Pablo Salinas para que esta “irregularidad” sea investigada.

En el punto 26 de la sentencia 2.192 del miércoles pasado, el tribunal hizo lugar al pedido del Ministerio Público y ordenó que las actuaciones procesales queden a disposición de un investigador judicial para que instruya “la posible comisión de un delito” en virtud de lo que declaró en la audiencia del 22 de agosto el efectivo que formó parte de Investigaciones hasta marzo del 2020.

De acuerdo con fuentes judiciales, el aporte del policía sirvió para conocer en detalle cómo nacieron y se ejecutaron los trabajos investigativos relacionados a escuchas telefónicas y tareas de campo.

Detalló que la División Búsqueda de Prófugos de Investigaciones –fue disuelta el año pasado– consiguió un grupo de números de teléfono a través de un par de informantes y que su personal realizó las marcaciones de los domicilios.

En su relató aseguró que hubo filtraciones de las tareas que hacían y apuntó al área de Escuchas Telefónicas de esa Dirección, que tiene como responsable al subcomisario Jesús Cepeda.

Básicamente, entendió que, como estaban realizando escuchas directas, era imposible no detener a los tres sospechosos más destacados de la organización criminal porque conocían cada uno de sus movimientos en tiempo real.

Es más, hasta declaró que Búsqueda de Prófugos procuraba que no toda la información de los trabajos de calle llegara hasta el responsable máximo de la Policía de Mendoza, el director general de la fuerza de aquellos días, Roberto Munives, porque tanto Diego Aguilera como su hermano Daniel el Rengo “eran informantes” de él cuando era jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC). Las fuentes aportaron que el testigo agregó que continuaron siéndolo con el paso del tiempo.

Por las fuentes consultadas por El Sol, la resolución del tribunal ordena que se investigue si hubo delito por parte de algunos policías que trabajaron en el caso y se haga foco en la no detención de los cabecillas de la banda el día que se hicieron todos los allanamientos, el 5 de junio del 2020.

Debido a esto, en un tiempo no muy lejano es posible que comiencen a ser citados policías de Investigaciones para que respondan por qué Aguilera, Abuín y Lucero no fueron capturados ese día si se conocían todos sus momentos gracias a que estaban autorizadas escuchas telefónicas directas.

La investigación y las condenas

Del debate surgió que fueron efectivos de Búsqueda de Prófugos los que consiguieron, al menos, 11 teléfonos celulares de los integrantes de una banda dedicada al comercio de drogas, en mayor medida.

Fue después de que surgiera en escuchas que realizaban a un hombre oriundo del Campo Papa, de Godoy Cruz, que se había mudado al departamento de Maipú, que existía una red narco con base en el barrio La Gloria.

Recurrieron a informantes anónimos y aportaron lo que más necesitaban para avanzar sobre las sospechas: direcciones y teléfonos celulares. Todo apuntaba a Diego Ramón Aguilera.

De allí surgió que el Jata Abuín era la mano derecha del Asesino y que Lucero tenía un rol destacado; sin olvidar los cruces de llamadas con su hermano Walter Aguilera (falleció en el penal federal de Cachetua mientras se desarrollaba el juicio) y su hijo Enzo.

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Mientras se llevaban adelante los trabajos de campo en el 2019, la mayoría de los teléfonos dejaron de aportar información porque, se sospecha, hubo filtración de información y los investigados supieron que estaban en la mira. Se volvieron a rastrear números telefónicos y avanzaron con la incorporación de más pruebas.

El 5 de junio del 2020, en plena pandemia, el barrio La Gloria fue “cercado”: hubo más de 12 kilos de cocaína secuestrados, 5 de marihuana, 23 armas de fuego, mil municiones, cargadores, 50 celulares, más de 2 millones de pesos, 53.000 dólares y una veintena de detenidos. También allanaron domicilios de Capital y Maipú.

Sin embargo, nada se supo de Diego Aguilera y sus hombres de confianza. El hijo fue el hombre más cercano que quedó tras las rejas. Su hermano Walter se entregó con el paso de las semanas, igual que otros hombres que estaban apuntados.

A principios de mayo comenzó el debate contra diecinueve procesados. Doce terminaron condenados a penas de entre 2 años y 8 años y medio de cárcel y seis fueron absueltos por falta de pruebas o acusación fiscal.

Los hallados culpables fueron:

– Valentín Andrés Gaete: 8 años y seis meses.
– Jesús Rubén Aguilar: 7 años y seis meses.
– Agustín Alan López: 7 años y seis meses.
– Diego Enzo Aguilera: 7 años.
– José Alejandro Pascualotto: 7 años.
–Cristian Antonio Zárate. 6 años.
– Nelson Adrián Arias: 5 años.
– Gino Nicolás Zalazar: 4 años.
– Javier Carlos Emanuel Tur: 4 años.
– María Belén del Río: 4 años.
– Gino Federico Bauco: 4 años.
– Alejandro Alberto Giménez: 2 años.