Por sobre los hechos que encienden y alimentan la polémica del momento en Mendoza, los últimos dos, al menos de corte político-electoral y dominados por extrañas interpretaciones de las normas, como lo han sido, en primer lugar, la candidatura del gobernador Rodolfo Suarez en carácter de suplente al Senado de la Nación, cuando la Constitución provincial se lo prohíbe; en segundo, el uso de las colectoras por parte del kirchnerismo provincial –un ardid propio de vivillos, de dudosa legalidad, para impedir que nadie saque los pies del plato y todos, desde diferentes vías, sumen a los candidatos estratégicos del frente ubicados al tope de la lista–, la semana que arranca puede que sea relevante también por dos hechos, pero, a diferencia de aquellos que se asemejan más a modos y costumbres de malevos, estos, bien precisos, podrían modificar el futuro de los próximos años de la provincia según cómo se resuelvan y en qué direcciones.

Es probable que el fiscal de Estado, Fernando Simón, dé a conocer su opinión en torno a la viabilidad o no de la construcción del dique Portezuelo del Viento. El caso llegó a su despacho en forma de demanda contra la obra y pidiendo la suspensión de la misma por medio de un escrito que firmaron los juristas Alejandro Pérez Hualde, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias y en el que advirtieron de un “inevitable daño al patrimonio de la Provincia”. Argumentaron que, además de los constantes golpes de tipo político y jurídicos contra el emprendimiento que ha presentado ante la Corte y en otras instancias todavía no resueltas la provincia de La Pampa, el futuro de la obra es incierto porque los cambios climáticos y la sequía prolongada pone en duda que el agua que discurre por el río Grande sea suficiente como para llenar la presa y para producir la energía que se ha previsto.

Cuando Simón ya había girado oficios pidiendo datos y opiniones sobre la presentación tanto al Ejecutivo como a la Empresa Provincial de Energía (Emesa) y a Irrigación, en la misma línea de aquel escrito de los juristas ingresó otro firmado por el geógrafo Marcelo Giraud. Y sobre mediados de la semana pasada, el propio Giraud amplió su presentación, obligando a la Fiscalía a demorar su dictamen, el que se podría conocer en estos próximos días. La opinión del órgano de control no es vinculante; ninguno de sus dictámenes lo es en verdad. Pero, desde la repartición se aclara que, si desde el Ejecutivo se avanza en un acto en el que la Fiscalía no está de acuerdo, puede presentarse en la Justicia pidiendo que no se siga adelante.

Todo esto no quiere decir que desde la Fiscalía se esté preparando un escrito por el cual se solicite, en función de los argumentos que han presentado quienes se oponen a Portezuelo, que se frene la obra. Pero es cierto que en el último tiempo comenzaron a escucharse con más fuerza, y a develarse en algunos casos, aspectos que merecen ser estudiados en detalle: diez años de baja casi constante del caudal del Grande; fuertes probabilidades de que con el agua que se acumule no se alcance un mínimo establecido para generar energía suficiente y un último argumento que surgió una vez que se conoció la oferta económica para su construcción: un escrito reciente, de menos de una semana atrás, le pide a la Fiscalía que estudie la evaluación económica, porque tal lo que se ha dado a conocer, sería desfavorable y negativa para la Provincia.

La expectativa sobre la opinión del órgano de control va en aumento porque podría ser el último estadio para resolver todas las dudas, o la mayoría de ellas, que ha generado el proyecto, la licitación, el proceso de licitación, las quejas de los principales empresarios de la construcción del país que denunciaron que fueron marginados para beneficiar a una sola empresa, la oferta que hizo el consorcio para su construcción (excesivamente alta y fuera de presupuesto oficial), el boicot pampeano, las demoras sobre el laudo presidencial pendiente y ahora las de tipo medioambiental. Y, como se sabe, la gestión de Suarez ha puesto en Portezuelo todas las fichas a favor de una chance de generación de empleo y movimiento de la economía que aparece como la más trascendente de todas, además de la reactivación de la mina de potasio, ubicada también en Malargüe, para la que está buscando socios inversores.

Un dictamen negativo de la Fiscalía tendría el efecto de un torpedo en la línea de flotación de la esperanza de Suarez. Aunque también un alivio para no pocos referentes importantes del oficialismo que ya ven a Portezuelo, a la inversión en sí de la obra, como un obstáculo y un foco de cefaleas inútil cuando el dinero previsto se podría comenzar a utilizar con otros fines.

El segundo hecho llamado a neutralizar los efectos que están produciendo los piquetes de ojos de la política electoral es el plenario del Consejo Económico Ambiental y Social (CEAS). Hacia el jueves, ese ámbito tendrá uno de los plenarios más importantes desde que fue creado, porque dará a conocer los proyectos de ley o las medidas que el Ejecutivo tendría que llevar adelante para movilizar y reactivar la economía, generar empleo, buscar la modernización, mejor y mayor tecnificación de los procesos que le dan vida a la matriz económica, su expansión o su reformulación y un nuevo modelo, en definitiva, que al implementarse o ponerse en marcha dé respuestas para los próximos veinte años por lo menos.

La apuesta al CEAS ha sido la consecuencia de un sinnúmero de diagnósticos que se han venido realizando por varios años a esta parte como producto del declive social, económico, educativo, cultural y, hasta en cierta manera también institucional, que se apoderó de Mendoza. La ausencia de políticas de Estado y de un rumbo definido y claro han hecho el resto.

Con lo que no queda otro camino que volver a pensar por fuera de la coyuntura lo que necesitamos para escaparle a la chatura, a la intrascendencia y a un destino que nos amenaza cada vez con más certezas y fuerza.