Es cierto que no todo vale en nombre de la libertad de expresión. O que, en ocasiones, se apela a este derecho fundamental para llevar adelante tropelía o hacer apología del delito. Pero, incluso así, son casos fáciles de detectar. Fomentar el antisemitismo, por ejemplo, forma parte de esas prácticas que son repudiables.
Aquellos que llaman a atentar contra una vida, también. Sucede lo mismo con los posteos de odio racial o religioso. Fuera de eso, entra todo en un marco de matices que pueden tener diferentes interpretaciones. Y ahí está la riqueza de la libertad, en poder expresarse, gritar, escribir, reír o llorar, sin que nadie diga si está bien o mal; sin que ningún dedo dictatorial se anime a decir qué enriquece o qué intoxica a la democracia. El proyecto que esbozó Gustavo Béliz responde a la lógica de aquellos gobiernos que, aquejados por una mala gestión, intentan buscar culpables entre quienes ya no se ríen con los chistes de los bufones del rey. Se suben a un atril imaginario y desde allí se arrogan la facultad de determinar qué se puede decir a partir de sus propios intereses. El objetivo es siempre el mismo: acallar las voces discordantes o hacerlas entrar en una espiral de silencio para que, de esa manera, exista el temor de expresarse.
En ese punto, las redes sociales se han convertido en más que una alternativa democrática. Es horizontalidad absoluta, el lugar donde cualquiera puede responderle al presidente sin intermediarios. Y, a veces, a quienes están acostumbrados a jugar a ser todopoderosos, quedar desnudos y expuestos los asusta.