Cuando se estaba apagando el martes y comenzaba víspera del feriado de ayer, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hacía trascender un fallo de alto impacto económico para una de las provincias argentinas, pero a la vez de profunda importancia política para otras, en especial, para Mendoza, que durante años había discutido internamente si presentar una demanda a la Nación por tanta plata perdida a lo largo de más de 30 años de historia.

En efecto, unas pocas horas después de que el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, destinara un variado menú de críticas contra el más alto tribunal de Justicia tras mantener un encuentro con sus miembros, la Corte dio a conocer un fallo en el que le ordenó al Estado nacional a pagarle unos 86.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe como resultado de un viejo juicio que esa provincia entabló contra la Nación por el descuento ilegal de 15 por ciento de la coparticipación federal de impuestos que le correspondía, bajo el argumento que esos fondos serían destinados a financiar la Anses y a la AFIP. En verdad, ese manotazo nacional a los recursos nacionales había comenzado en 1992, cuando Domingo Cavallo, siendo ministro de Economía de Carlos Menem, decidió crear la Anses disolviendo dos estructuras mixtas que funcionaban correctamente y de forma exitosa: las cajas de subsidios familiares que funcionaban una para la industria (Casfpi) y otra similar para el comercio (Casfec). Esas estructuras tomaban recursos de la patronal y del trabajador, tanto de la industria como del comercio, y con el fondo reunido se les abonaba a cada uno de los trabajadores lo que hoy se conoce como las asignaciones en general, tales como la del matrimonio, la de hijo, por esposa y hasta el propio subsidio por desempleo que se financiaba con esa bolsa de recursos.

Cavallo tomó aquella estructura de recursos frescos, eliminó las cajas y creó la Anses con la anuencia de Menem. Desde ese momento, el control de tales asignaciones, de los subsidios y de las jubilaciones de todo el sistema previsional argentino pasó a estar bajo el mando absoluto del Estado nacional. Para cerrar el círculo del manotazo y garantizar el pago de las jubilaciones, Cavallo absorbió un porcentaje de la coparticipación que les correspondía a las provincias bajo el argumento de que sería temporal. Sin embargo, esa detracción se convirtió en permanente, como lo ha sido el 15 por ciento del Impuesto al Cheque, que también nació en ese momento, que fue a parar a las arcas de la Nación, cuando debía coparticiparlo, y que se convirtió en una política contraria a los intereses provinciales continuada y extendida en el tiempo.

Desde el 2006 en adelante, antes de que operaran las prescripciones, comenzaron a analizar y discutir entre ellas demandar a la Nación por lo que perdían por coparticipación federal. Algunas arreglaron por su cuenta y otras, como Córdoba, San Luis y Santa Fe decidieron avanzar en un juicio. La primera en ganarlo fue San Luis, a la que la Corte ordenó que se le liquidaran más de 20.000 millones de pesos. Y cuando se terminaba el ciclo de los tres gobiernos kirchneristas, en el 2015, con Cristina Fernández de Kirchner yéndose del poder, la Corte ordenaba restituir a todas las provincias ese 15 por ciento que la Nación les había recortado por tantos años.

Por entonces, Mauricio Macri, que recién llegaba al poder, se anoticiaba de la orden judicial, incluso, refrendada con su firma por la presidenta que salía del Gobierno. Pero, junto con eso, Macri vetó la orden de pago y se enfrascó en la búsqueda de un acuerdo con las provincias para pagarles en cuota lo que la Corte y la ex presidenta ordenaban pagar de una sola vez. El pacto se cerró con el compromiso de pago del 3, luego del 6, del 9, del 12 y, finalmente, del 15 por ciento de las sumas adeudadas a saldar en un plazo de cinco años, que terminó a comienzos del 2021.

Todas las provincias terminaron de cobrar el 15 por ciento que se les había sacado. La diferencia es que tres de ellas lograron cobrar una suma más voluminosa por haber hecho una demanda a la Nación antes de que la causa prescribiera. A Santa Fe, la Corte ordenó pagar 86.000 millones de pesos que, con los intereses, asciende a uno 100.000 millones de pesos. Durante el feriado de ayer, en la Gobernación santafesina todo era fiesta y algarabía: el gobernador, Omar Perotti, adelantaba que los 100.000 millones irían a parar a obras y otro tanto a coparticipar entre los municipios. Todos festejaban, oficialista y opositores, mientras la Nación cargaba contra la Corte por entender que estaba jugando política y financieramente en contra de los intereses del gobierno de Alberto Fernández.

Mendoza pudo haber demandado a la Nación, pero el proyecto de juicio que se discutió en la Legislatura fue rechazado por un voto. Luego de un empate, le tocó decidir con su voto al presidente del Senado de entonces, el vicegobernador, que lo hizo por la negativa. Fue en el 2012, durante el gobierno del peronista Francisco Pérez. El proyecto había sido elaborado por el senador Juan Carlos Jaliff. Se discutió y, al momento de votar, resultó empate. Desempató Carlos Ciurca, por entonces vicegobernador, y lo hizo votando negativamente al inicio de la demanda, con el argumento de que no se iría políticamente contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al que supuestamente se lo desestabilizaría injustificadamente.

El análisis contrafáctico siempre es relativo y viene envuelto de supuestos y de subjetividades. Sin embargo, bien puede aplicarse en este caso como una demostración de todo lo malo que pueden resultar las decisiones políticas para los intereses de los mendocinos; las que se toman y las que no, siempre son posturas políticas. Suponiendo que Mendoza hubiese hecho el juicio, como Santa Fe, y por el tamaño de esa provincia respecto de Mendoza y lo que percibe esa provincia con lo que recibe Mendoza por coparticipación, los mendocinos podrían tener hoy una orden de pago judicial a su favor de entre 40.000 y 50.000 millones de pesos. En el 2016, cuando la Provincia comenzó a cobrar en cuotas ese 15 por ciento que la Nación le había sacado a favor de la Anses, el cálculo de la demanda era por 22.200 millones de pesos, pero ya era tarde para iniciar juicio alguno. Pero, quizás no sea tarde para evaluar, siquiera como un ejercicio de memoria y de atención ciudadana, si no hay tiempo para discutir alguna que otra medida sancionatoria por supuestos deberes de funcionario no cumplidos, no sólo contra aquel vicegobernador, sino con todos los que, detrás de un argumento que respalda una decisión política, condenan al interés público o actúan en contra de él.