“Banana”, “Tincho”, “Narigón”, son algunos de los alias de Martín Alejandro Espiasse Pugh (42). Pero “Matapolicías” es el apodo más conocido en el ambiente de las fuerzas de seguridad y el penitenciario, debido a que acribilló a tres uniformados en los distintos golpes que cometió a lo largo de su vida delictiva.  

Este hombre, nacido el 25 de mayo de 1978 en Chubut, tiene una historia particular con Mendoza: cuando se encontraba en el top tres de personajes del hampa más buscados del país, se refugió en nuestra provincia.

Y fueron efectivos de la División Robos y Hurtos de Investigaciones quienes lo capturaron el viernes 22 de diciembre del 2017 cerca de la casa que compartía con una mujer en Guaymallén, cuando se bajó de su camioneta Amarok para comprar en un comercio.

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Cuando allanaron su vivienda, le encontraron 35 kilos de explosivos, armas de fuego, municiones, documentación apócrifa, chalecos antibalas de la policía y hasta plantas de marihuana. Por esos hechos, el año pasado, fue condenado a 13 años de cárcel y enviado a la cárcel de Ezeiza, de donde se fugó en agosto del 2013.

En las últimas horas, la Justicia federal de Mendoza, a través del juez Waldo Piña, volvió a intervenir por una nueva causa que le iniciaron en ese complejo federal, el Nº1.

El “Matapolicías” no es un sujeto simple, describieron los penitenciarios que lo han tratado, y se mete en problemas seguido.

Y en la cárcel de Buenos Aires protagonizó un hecho que le complicó su estadía en el citado centro detención: agredió a otro interno con un objeto metálico punzocortante y las autoridades le iniciaron un sumario administrativo para definir una sanción disciplinaria.

La misma se resolvió a través de la Dirección del Complejo Penitenciario y dispuso que pase diez días encerrado en celda individual.

Sin embargo, Espiasse no se quedó de brazos cruzados y apeló el fallo de las autoridades penitenciarias: entendió que se había violado el derecho de defensa y solicitó que el Tribunal Oral Federal de Mendoza Nº1, que lo condenó en la última de sus causas el martes 8 de octubre del año pasado, resuelva su situación.

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Luego del análisis de las pruebas y todos los pasos que habían surgido después del inicio del sumario administrativo, “se advierte que el Servicio Penitenciario actuó de conformidad con el procedimiento estipulado y en ningún momento afectó el derecho de la defensa del acusado”, señaló Piña.

Básicamente, la Jefatura de Día del Complejo Penitenciario Federal Nº1 de Ezeiza elevó la denuncia luego de la agresión de Espiasse a otro reo con un arma de fabricación casera, las conocidas chuzas. Tras eso, se inició una sumario administrativo y se les comunicó a las partes.

Se recibieron declaraciones testimoniales del personal penitenciario que presenció los hechos y confirmó lo acontecido.

Luego se notificó a la Defensoría General de la Nación y se realizó una audiencia. En esa oportunidad, sostiene la resolución del juez Piña, ofreció su descargo y contó con representación letrada. Además de presentar sus pruebas, también alegó.

Por último, luego de analizar el caso, la Dirección del Servicio Penitenciario resolvió imponer una sanción de infracción grave y corrección disciplinaria de 10 días de permanencia en una celda individual de alojamiento.

Por esto, la Justicia federal de Mendoza entendió que el derecho de defensa de Espiasse fue respetado y no se violó la Constitución Nacional ni el Pacto de San José de Costa Rica, rechazando el pedido de nulidad que presentó el Matapolicías.