La Justicia argentina resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo.

La decisión alcanza también a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja, y tiene como objetivo acceder a información patrimonial y bancaria que permita esclarecer posibles irregularidades.

Además, el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal sobre seis mujeres señaladas en la causa como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

El juez hizo lugar al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar en detalle los movimientos bancarios, financieros y fiscales de los involucrados.

Esto implica que los investigadores podrán revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas sin restricciones. Por ley, estos datos están protegidos por confidencialidad, pero pueden ser abiertos mediante orden judicial en el marco de una causa penal.

La resolución se apoya en la normativa vigente, incluyendo la ley de entidades financieras y el régimen de procedimientos fiscales, y también habilita el acceso a información contemplada en la legislación sobre lavado de activos.

El levantamiento del secreto permite reconstruir el flujo de fondos, detectar operaciones no declaradas y contrastar la evolución patrimonial de los investigados.

La fiscalía busca seguir la ruta del dinero y determinar si existieron maniobras compatibles con delitos económicos, como lavado de activos o evasión fiscal.

En ese sentido, Pollicita pidió que el análisis abarque desde el 1 de enero de 2022, con el objetivo de reconstruir el patrimonio de Adorni y su esposa antes y después de su ingreso a la función pública.

También solicitó información detallada al Banco Central sobre cuentas bancarias, tarjetas, préstamos, cajas de seguridad, plazos fijos y cualquier otro producto financiero vinculado a los investigados y a la firma involucrada.

El requerimiento incluye además datos sobre billeteras virtuales, cuentas digitales, CVU, alias y otros instrumentos del sistema de pagos, así como el detalle completo de cada operación: montos, fechas, origen y destino de los fondos.

A su vez, se pidió a ARCA la totalidad de las declaraciones juradas impositivas, incluyendo impuestos a las ganancias y bienes personales, junto con sus anexos, documentación respaldatoria y eventuales rectificaciones.

Con estas medidas, la Justicia busca profundizar el análisis patrimonial y determinar si hubo inconsistencias o irregularidades en los movimientos financieros de los involucrados.