Más de 80 empleados administrativos en la Justicia tienen sus sueldos equiparados al de los magistrados, a pesar de que no rindieron para ejercer la magistratura y tampoco tienen las mismas responsabilidades. Sin embargo, gozan de los mismos privilegios como el hecho de no tributar Ganancias.

La trascendencia que tomó el caso testigo de la secretaria de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que posee un ingreso superior a los $400.000, fue el disparador para que el gobernador, Rodolfo Suarez anunciara que iba a solicitar la eliminación de esa “asimetría” en un momento difícil para la economía de Mendoza y para su gestión, ya que aún no cuenta con la Ley de Presupuesto.

Este martes, el mandatario provincial señaló que se está trabajando en un proyecto de Ley, que aún es incipiente, pero que tiene como objetivo, establecer “que nadie puede cobrar más que el gobernador”.

Con el tema instalado y en medio de un conflicto que se recrudece al interior de la Justicia, entre los miembros de la Corte y los jueces civiles, el subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino, destacó: “El gobernador Suarez, algo anticipó en el discurso de Apertura del Año Judicial que debe primar la austeridad. Con estos sueldos altísimos que cobran empleados que no cumplen la función de magistrados, no sólo se van a poder crear cargos de jueces, sino también hacer una reingeniería de la Justicia”.

D’ Agostino resaltó que estos empleados fueron beneficiados por una acordada que los equiparó a una jerarquía como la de los jueces y “eso es lo que vamos a pedir que se revise”.

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“Este tipo de personal no paga ganancias, no tiene las responsabilidades de un juez y tampoco están sujetos a Jury de Enjuiciamiento“, observó.

“Todavía este proyecto está en un estado embrionario y está en pleno estudio”, expresó el funcionario ante la consulta de cuándo se concretaría la reforma.

Una medida que roza el conflicto de la acordada 

Para este año, el máximo tribunal solicitó la creación de diez cargos para el Fuero de Familia para contener el colapso que hay en este ámbito de la Justicia.

Sin embargo, y con un presupuesto provincial acotado, no está previsto que se creen los puestos de secretarios, prosecretarios y administradores sino que, a través de la norma emitida por la Sala Administrativa, se dispuso el traslado de personal jerárquico de la Justicia Civil a los tribunales de Familia.

“En un momento, en el que el por las estadísticas de la Justicia hay que hacer una reingeniería de personal, el gobernador consideró necesario evaluar este tema y plantear una eventual inconstitucionalidad”, concluyó el subsecretario de Justicia.

Esta equiparación de los salarios de empleados, en la que muchos de estos funcionarios jerárquicos no son abogados, surgió de una acordada que incluía a algunos relatores pero que luego se extendió a más personal y se desvirtuó, según indicaron las fuentes gubernamentales.

Y de la misma manera, recordaron que una nueva disposición de la Suprema Corte de Justicia también puede dejarla sin efecto.