El caso del bebé de 3 meses que falleció en un jardín maternal de Ciudad dejó al descubierto un vacío legal que existe en cuanto a los controles que se realizan en estos establecimientos. Mientras que la Dirección General de Escuelas (DGE) sólo tiene injerencia a partir de las salas de 4 años, a los municipios sólo les compete la habilitación de la guardería por lo que ninguno de estos organismos tiene la potestad de responder ante sucesos como los de este pequeño. Hay un proyecto de ley que ya recibió media sanción de la Cámara de Senadores pero sigue frenado en Legislatura provincial hace más de un año.

Este miércoles un bebé murió en el jardín maternal Blue Kinder y causó conmoción en la provincia. Noah, de 3 meses, perdió la vida alrededor de las 11 y aunque la justicia investiga varias hipótesis, entre las que figuran muerte por broncoaspiración y paro cardiorespiratorio, será el Cuerpo Médico Forense el que certifique los motivos del deceso cuando obtenga los resultados de la necropsia.

Mientras tanto, la triste noticia abrió un nuevo debate: el control en los jardines maternales. Desde la DGE informaron que sólo tienen competencia en las salas de 4 años y en los llamados Seos: Servicio Educativo de Origen Social ubicados generalmente en barrios urbano marginales. Por su parte, desde la Municipalidad de Capital, departamento donde funciona esta institución privada, explicaron que sólo brindan la habilitación a estos establecimientos.

“Hay un vacío legal en este tema porque nadie realiza los controles en los jardines maternales. Puedo asegurar que el Blue Kinder está habilitado desde el 2010 y tiene todos sus papeles en regla, eso es lo que sabemos de este establecimiento pero nosotros tenemos competencia sólo en ese tema”, señaló Nora Vicario del municipio capitalino.

Pero mientras las guarderías siguen funcionando de esta manera, existe un proyecto de ley que contempla la regulación de las actividades en estos establecimientos privados que reciben niños de 45 días a 4 años. Esta legislación, que recibió media sanción por unanimidad en la Cámara de Senadores en diciembre del 2012, tiene como objetivo establecer normativas que regulen el adecuado funcionamiento de los jardines maternales por parte de la DGE, que designaría el área de aplicación o la creación de la misma.

La iniciativa pertenece a la senadora de la Unión Cívica Radical, Milagros Suárez. Acorde a sus declaraciones,  su proyecto de ley apunta a la regulación y control de los jardines privados reconociendo un vacío legal en el tema.

“Por un lado, la habilitación la da el municipio correspondiente, pero actualmente el control de las distintas actividades que desarrollan dentro del jardín no las controla nadie. En estos momentos, el proyecto está en la Cámara de Diputados, yo fui el año pasado a hablar al respecto pero hay algunos reparos por parte del oficialismo y quedó en la Comisión de Asuntos Legislativos”, indicó Suárez.

La legisladora enumeró las falencias que presenta actualmente el funcionamiento de estos jardines maternales. Comenzó exponiendo que nadie controla el plan educativo del lugar y continuó afirmando que las docentes representan otro punto de debate.

“Nosotros creemos que deben ser maestras jardineras justamente las que estén a cargo de la sala de niños. Actualmente, los papás tenemos que confiar de buena fe en que sean docentes porque no hay nadie que controle esta situación. También, desde lo educativo y evolutivo hay falencias: un privado puede determinar cuántas docentes o auxiliares hay por cupo de lactantes por sala”, dijo.

El proyecto también contempla que la directora del lugar tiene que ser docente y sino tener una persona que sí lo sea y que se encargue de revisar el plan de estudio. También intenta igualar el salario de estas maestras con las que trabajan para el Estado.

“Me han hecho la observación de que si igualamos la condición de las docentes de estos jardines maternales con las estatales, muchos de estos establecimientos privados no podrían afrontar los gastos económicos para poder pagarles lo mismo. Admito el reparo pero no se han propuesto una alternativa a esto y todo sigue frenado”, agregó la senadora.

Por último Suárez manifestó que cuando surgen estos casos que producen tanto dolor se vuelven a debatir estos temas cuando, en realidad, ya hay proyectos que se vienen trabajando hace tiempo. “De estar aprobado hoy tendríamos elementos para saber antes de que el caso llegue a la Fiscalía qué docentes estaban y sí lo eran o no. No quiero hacer un juicio de valor porque no conozco este jardín pero no hay una regulación y ahora nos vamos a tener que enterar de las cosas cuando ya suceden siendo que son temas que ya venimos debatiendo”, concluyó.