El ex subcomisario de la Policía Federal de Mendoza Eduardo Javier Casas Rusch, de 52 años y oriundo de Olavarría, provincia de Buenos Aires, se presentó por sus propios medios ante los Tribunales Federales de Ciudad para comenzar a cumplir la condena de 4 años de prisión por abuso sexual y maltrato sistemático contra dos agentes mujeres bajo su mando.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible este martes el último recurso extraordinario presentado por su defensa, dejando firme la sentencia que lo encontró culpable de abuso sexual agravado por su condición de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso real.
El fallo condenatorio, dictado por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, además de la pena de prisión, incluyó una inhabilitación especial perpetua para integrar fuerzas de seguridad y el pago de 5 millones de pesos a una de las víctimas y 3 millones a la otra en concepto de daño moral.
Los hechos que lo llevaron a prisión
Los casos que condujeron a Casas Rusch a la cárcel comenzaron durante la pandemia de coronavirus en 2021, cuando dos agentes de la Policía Federal de nuestra provincia decidieron romper el silencio sobre los abusos que venían padeciendo.
De acuerdo con lo publicado por El Sol y la acusación del fiscal federal Fernando Alcaraz, el 7 de octubre de 2021, una uniformada envió un correo electrónico a la Fiscalía Federal N°2 relatando con precisión un patrón de acoso sistemático. Los hechos habían comenzado a fines de 2019, cuando ella fue trasladada a Mendoza y comenzó a prestar servicios bajo el mando del entonces subcomisario Casas.
La víctima describió cómo, durante los servicios adicionales en el Banco Nación, Casas tenía un trato diferencial con el personal femenino. Mientras saludaba a los hombres con un choque de puños, con las mujeres -y particularmente con ella- su comportamiento era marcadamente distinto.
El punto de quiebre ocurrió durante un servicio matutino en el banco. Cerca de las 10, mientras desayunaba sin barbijo durante la pandemia, el subcomisario la sorprendió de frente y la besó directamente en los labios, generando lo que ella describió como “una inmediata sensación de incomodidad, vergüenza y desconcierto”.
Los episodios se fueron sucediendo con escalada preocupante. Tras una cirugía estética mamaria en diciembre de 2020, Casas la citó a su oficina y, según el testimonio, no dejó de mirar su área pectoral mientras hacía comentarios inapropiados sobre su rápida recuperación.
El 15 de septiembre de 2021 se produjo uno de los momentos más graves. Mientras la uniformada prestaba servicios en la Secretaría Previsional, Casas llegó sin tocar la sirena -algo inusual- y comenzó a hacerle comentarios mientras la recorría con la mirada: “Qué linda estás, ¿cuándo nos podemos ver?”. Luego intentó besarla en la boca.
El 4 de octubre del mismo año, con las redes sociales y aplicaciones caídas ese día -lo que impidió que sus compañeros la alertaran de la visita-, Casas volvió a intentar besarla y le preguntó si podía abrazarla. Ella se negó rotundamente y le advirtió que le contaría todo a su marido. Días después radicó la denuncia formal.
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El segundo caso: maltrato y hostigamiento
Paralelamente, una sargento primero denunció el 14 de mayo de 2021 haber sido víctima de un patrón sistemático de maltrato verbal, intimidación psicológica y hostigamiento laboral que se extendió durante más de un año.
Los hechos comenzaron cuando fue asignada como jefa de guardia interna en la sede de calle Perú 1049 de Ciudad, y se intensificaron tras su designación oficial en diciembre de 2020. Como única mujer en ese cargo, se convirtió en el blanco de constantes agresiones, se desprendió del proceso.
Casas la llamaba “tonta” delante de otros efectivos, le gritaba y la amenazaba permanentemente con sanciones administrativas sin motivos razonables. En una oportunidad le reprochó un error en el Libro de Carga de Combustibles amenazándola con sancionarla, pero cuando se determinó que el error lo había cometido otro efectivo, cambió de actitud y no tomó ninguna medida.
El último episodio ocurrió el 13 de mayo de 2021, cuando Casas la convocó para reclamarle por qué había personal “desayunando” cuando en realidad estaban preparando el desayuno para los detenidos. Pese a su explicación, le advirtió que la sancionaría “aunque sea por otra cosa”, lo que finalmente hizo.
El juicio y la sentencia
El fiscal federal Fernando Alcaraz hizo la acusación y el juicio culminó a principios de diciembre del año pasado en el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Alberto Daniel Carelli, María Paula Marisi y Alejandro Waldo Piña.
Durante el debate, ambas víctimas ratificaron sus testimonios y fueron respaldadas por numerosos testigos: compañeros de la fuerza, la empleada de limpieza que trabajaba en la Secretaría Previsional; y profesionales de la psicología que atendieron a las víctimas.
El tribunal resolvió que Casas, siendo subcomisario y segundo jefe de la División Unidad Operativa Federal Mendoza -directamente debajo del cuestionado comisario Dino Rossignoli, actualmente condenado y preso por hechos de corrupción-, desplegó durante casi dos años un patrón de conductas abusivas aprovechándose de su superioridad jerárquica y por motivos de género.
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La sentencia destacó que el acusado “llevó a cabo comportamientos abusivos de contenido sexual mediante intimidaciones de índole laboral y psicológica, valiéndose de su género y amplia superioridad jerárquica”…, y que en el segundo caso realizó “maltratos verbales e intimidación psicológica y laboral”, todo “mediante frases que denotan un desprecio al género femenino”.
Los recursos agotados
La defensa oficial cuestionó la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, argumentando que las pruebas no fueron valoradas adecuadamente, que los testimonios eran contradictorios y que existían imprecisiones sobre fechas y circunstancias. También alegó que la pena era desproporcionada y que se aplicó un “derecho de autor en vez de un derecho penal de acto”.
El pasado 8 de octubre, la Sala II de la Casación -integrada por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci– rechazó el recurso de casación por unanimidad.
En un extenso fallo de 60 páginas, la jueza Ledesma explicó que “de un análisis conglobado e interrelacionado de las probanzas generadas en el caso, han quedado debidamente corroboradas las maniobras denunciadas”. El tribunal de alzada destacó que los relatos de las víctimas “se mantuvieron inalterables y precisos” desde las denuncias hasta el juicio, y fueron “abastecidos y convalidados” por múltiples testimonios y prueba documental.
Sobre la aplicación de la perspectiva de género -cuestionada por la defensa-, Casación ratificó que “el tribunal ha conceptualizado correctamente el supuesto que nos ocupa como un caso de violencia de género”, señalando que Casas se valió “de su género y condición asimétrica de poder debido a la superioridad jerárquica” en una institución “dirigida en su gran mayoría por hombres”.
Como último intento, el defensor interpuso un recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible este martes por no cumplir con los requisitos formales establecidos. Así las cosas, con la sentencia firme, Casas Rusch se presentó ante las autoridades federales para comenzar a cumplir los 4 años de prisión.