Poco más de un mes pasó desde que el penitenciario Marcelo Alfredo Páez (37) fuera condenado por violencia de género contra su ex novia hasta la semana pasada, cuando volvió a ser detenido tras ser denunciado por agredirla.
Luego de ese nuevo episodio, en el que protagonizó una caótica persecución por los techos de una serie de viviendas en San José, Guaymallén, fue imputado y regresó a la cárcel.
Cuando Páez admitió el 5 de febrero los hechos de los que se lo acusaba, durante un juicio abreviado inicial que pactó la fiscal Daniela Ginestar, se le impuso una pena de 2 años de prisión en suspenso. Acto seguido, recuperó la libertad.
Para eso, aceptó cumplir con una serie de condiciones que le impuso el juez Gabriel Bragagnolo, del Juzgado Penal Colegiado Nº2. Entre ellas, –quizás la más importante–, la “prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía, medio o por interpósita persona a la víctima en autos o a los lugares a los que habitualmente concurra”, tal como se desprende del fallo del magistrado que avaló el acuerdo.
Pero, el guardia jamás obedeció esa regla de comportamiento que le dictaron tras ser condenado. Al contrario, constantemente acosaba a su ex novia, consta en la última presentación judicial que realizó la joven.
Anteriormente, mientras Páez se encontraba con prisión domiciliaria, previo al debate abreviado, ya eran constantes las visitas a la vivienda en la que solía vivir con la denunciante.
Ver también: El penitenciario investigado por maltrato, abuso y hasta robo al Estado
Incluso, la chica informó a la Inspección General de Seguridad (IGS) que el penitenciario utilizaba su uniforme para evadir los controles policiales cuando escapaba de la detención que cumplía en la vivienda de familiares en una finca de Nueva California, en San Martín.
Los motivos para esas “visitas” a su ex novia eran siempre los mismos: le reclamaba electrodomésticos de la casa que compartieron en el pasado, la culpaba por los problemas que tuvo con la Justicia y la amenazaba, relató la joven a las autoridades.
Pero, el martes 23 de marzo, la situación se agravó y se salió de control. De acuerdo con la denuncia, la joven fue interceptada por Páez frente a la escuela a la que asiste su hija –producto de una relación anterior–, le exhibió la navaja de un cortaplumas en plena vía pública y la obligó a subir a su moto.
Seguidamente, la llevó hasta la vivienda de San José, donde comenzaron a discutir y, en un momento de furia extrema, el penitenciario agredió a su ex y comenzó a romper vidrios, rejas y algunos elementos de la vivienda.
La situación llamó la atención de los vecinos, que comenzaron a alertar a la línea de emergencias 911.
Tras la llegada de los policías, en un intento desesperado por evitar una nueva detención, Páez subió a los techos de las moradas para darse a la fuga, pero terminó aprehendido de todos modos, revelaron fuentes allegadas al caso.
Luego de la captura, la causa quedó en la órbita de la fiscal de Violencia de Género Mónica Romero y fue imputado por los delitos de lesiones, amenazas agravadas y daño, todo agravado por ser en contexto de violencia de género.
El antecedente
El 26 de abril del año pasado, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, Páez llevaba siete meses viviendo con su ex novia.
Previamente, los maltratos ya eran una constante, pero, ese día, el funcionario llegó con su uniforme a su casa, en momentos en los que debía estar prestando servicios en el penal Boulogne Sur Mer.
Su pareja le cuestionó haber abandonado su puesto y Páez reaccionó iniciando una fuerte pelea, en la que persiguió a la joven hacia fuera de la casa y la golpeó contra una pared.
Posteriormente, sacó un arma de fuego –que tenía registrada– y le apuntó para que no diera aviso al Servicio Penitenciario (SP). Pero, cuando él se retiró, la chica alertó a las autoridades sobre lo sucedido y, al día siguiente, Páez intentó desalojarla del domicilio.
Ante eso, su ex decidió denunciarlo por las constantes agresiones que había sufrido y también por obligarla a tener relaciones sexuales, aunque esa situación de abuso sexual no prosperó en el juicio.
Lo cierto es que fue a través de esa causa que Páez fue condenado por los delitos de lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.
Inminente cesantía
A partir de sus problemas con la Justicia, surgieron a la par varias faltas administrativas que tuvo mientras trabajaba para el SP. En total, se le iniciaron tres sumarios internos en la IGS: uno por el abuso sexual a su ex pareja, otro por las agresiones y por abandono de puesto y el último por la reciente denuncia penal.
Por los dos primeros, desde el ente de control de las fuerzas de seguridad ya se solicitó la cesantía, por la cual no podrá volver a ejercer cargos dentro del SP.
En su momento, también fue investigado por el robo al Estado, ya que en su casa se hallaron muebles con números de inventario que habría sacado de Boulogne Sur Mer, aunque ese expediente no avanzó.
Lo mismo pasó con las sospechas sobre irregularidades en su examen de ingreso a la fuerza, así como también con los presuntos servicios extraordinarios ilegales que sacaba en una empresa de transporte.