Leonardo Sebastián Malla fue condenado en diciembre del año pasado a 9 años de cárcel como cabecilla de una organización dedicada a la venta de drogas en el Este provincial.

El caso tuvo trascendencia porque también fueron hallados culpables dos policías que colaboraban con la banda. A pocos meses de la sentencia, el líder de la organización busca con insistencia cumplir en su domicilio la pena impuesta.

Desde el mes pasado, Malla, que se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal NºVI, en Cacheuta, inició los reclamos para obtener el beneficio. Para eso, argumentó que padece problemas de salud en un riñón y dolores crónicos en la columna.

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No obstante, la Justicia federal le denegó la posibilidad de pasar a su casa, aunque el Juzgado Federal Nº1 ordenó realizar los estudios médicos correspondientes para determinar la gravedad del cuadro que presenta Malla.

A través de un habeas corpus presentado a principios de mes, Malla dijo que pasó más de 20 días sin recibir asistencia médica, “a pesar del incesante pedido, con significativo dolor, viviendo en forma inhumana”, rezan los argumentos presentados.

También aclaró que, desde antes de ser detenido –diciembre del 2018–, ya padecía dolores en la zona lumbar, pero que se fueron agravando a través de los años de encierro.

Por ese motivo, solicitó que se le conceda la detención domiciliaria, para acceder a un tratamiento digno, con ayuda de su familia y así recuperarse.

También deslizó la posibilidad de ser internado en un hospital y que se le practique una intervención para erradicar el dolor, solicitando que el Estado se haga cargo de todos los costos.

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Ante los reclamos, un juez exigió al Servicio Penitenciario Federal que se le brindara la atención médica necesaria al reo y también pidió un informe médico.

Una vez que tuvo en sus manos el documento, el magistrado consideró que Malla está recibiendo el tratamiento adecuado en las instalaciones carcelarias, por lo que rechazó el habeas corpus.

Sin embargo, a través de su defensa, el interno apeló el fallo y volvió a insistir en su petitorio. Por ello, días atrás, la Cámara de Apelaciones definió hacer lugar, parcialmente al reclamo, disponiendo que desde el complejo federal le provean a Malla los controles y tratamientos necesarios para eliminar su padecimiento.

Asimismo, requirió que se le realicen al reo interconsultas de traumatología, urología y dermatología y que el establecimiento carcelario emita informes con frecuencias no superiores a 10 días, en los que se mantenga al tanto del cuadro de salud de Malla al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, al que se encuentra a disposición.

Con ayuda policial

Fue a fines del 2018 cuando una investigación que realizó la entonces Dirección de Lucha contra el Narcotráfico –ahora Policía Contra el Narcotráfico– permitió desbaratar la banda liderada por Malla, la cual operó durante varios años en el Este.

Mayormente, la gavilla tenía domicilios en los que comercializaba la droga en los distritos de Palmira y Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

Los allanamientos masivos se desarrollaron el 20 de diciembre, y en ellos cayeron Malla y sus hermanos, quienes eran parte de la banda, con diferentes grados de participación.

Además, de las escuchas telefónicas también había surgido que dos policías colaboraban con la organización delictiva: se trataba de Gastón Miranda (26) y Gonzalo Ferreyra (33), que cumplían servicios en la Comisaría 28ª de Palmira y en la Subcomisaría El Porvenir de Lavalle, respectivamente, dos puntos clave para los negocios ilegales que llevaba adelante Malla.

El papel de los policías consistía en avisarle al cabecilla de la banda cuándo iban a realizar allanamientos en su contra. Casi dos años después, el 18 de diciembre del 2020, los jueces del TOF Nº2 Roberto Naciff, Pablo Salinas y Héctor Cortes, condenaron a Malla a 9 años de encierro.

Los policías también fueron hallados culpables: Miranda fue condenado a 6 años y Ferreyra, a 3 años, mientras que el resto de los integrantes recibió penas que van de 4 a 6 años de prisión.