La causa judicial que investiga al ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, por presuntos hechos de violencia de género y abuso sexual sumó un nuevo capítulo. La querella presentó una ampliación de denuncia ante el Ministerio Público Fiscal en la que acusa al fiscal jefe Alejandro Iturbide de mantener un vínculo laboral y académico de larga data con Daniel Sosa Arditi, abogado defensor del ex funcionario, situación que —según sostiene— habría comprometido la imparcialidad de la investigación y pidió que se lo aparte de la investigación de la causa.
La presentación fue realizada ante el fiscal adjunto en lo Penal, Gustavo Pirrello, y está acompañada por documentación de la Facultad de Derecho de la UNCuyo. Según esos antecedentes, Iturbide y Sosa Arditi integran desde al menos 2010 la misma cátedra de Derecho Penal Parte Especial. La querella, en representación de la denunciante y a cargo de la abogada María Elena Quintero, afirmó que la relación excede la mera condición de colegas, ya que el defensor ocupa el cargo de profesor adjunto mientras que el fiscal jefe se desempeña como jefe de trabajos prácticos dentro de la misma estructura académica.
La denuncia sostiene que ese vínculo nunca fue informado durante la tramitación de la causa y que el propio Iturbide omitió apartarse pese a conocer la situación. “Nadie desconoce con quién comparte cátedra durante quince años“, argumenta la presentación, que cuestiona que el funcionario judicial continuara interviniendo en el expediente sin comunicar esa relación profesional.
Como parte de sus argumentos, la querella enumeró una serie de supuestas irregularidades ocurridas durante la investigación. Entre ellas menciona la falta de allanamientos y peritajes integrales sobre los dispositivos electrónicos de D’Agostino, el rechazo a medidas para analizar comunicaciones telefónicas y digitales, la ausencia de resolución sobre pedidos de detención y la falta de impulso respecto de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal.
En contraste, la presentación afirma que la Fiscalía concentró parte de su actividad investigativa sobre la denunciante. Según Quintero, se ordenaron medidas para reconstruir aspectos de su vida privada, se dispusieron pericias destinadas a evaluar la veracidad de su relato y se impulsaron diligencias vinculadas a su entorno familiar. La acusación sostiene que la investigación terminó enfocándose en la víctima más que en el imputado, configurando un escenario de revictimización institucional.
La ampliación también solicita investigar el uso de una dirección de correo electrónico institucional del Poder Judicial por parte de Iturbide en actividades académicas vinculadas a la UNCuyo. Para la querella, ese elemento constituye un indicio adicional de la relación profesional que mantiene con el defensor del ex subsecretario.
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Como medida principal, los representantes de la denunciante pidieron el apartamiento de la fiscal de instrucción Valeria Bottini y del fiscal jefe Alejandro Iturbide, al considerar que existe una afectación de la apariencia de imparcialidad exigida para la conducción del proceso. La presentación reclama además que se revisen las medidas adoptadas hasta el momento y que la investigación continúe bajo criterios de perspectiva de género y protección de la víctima