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24 de febrero de 2021
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Investigación

En detalle: el caso de la narco que denunció abuso sexual en los Tribunales Federales

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La mujer está con detención domiciliaria.

Fue condenada el 18 de diciembre por integrar una gavilla que contaba con policías como “soplones”. Un día después, violó la domiciliaria, mordió a un efectivo y le dijo que tenía VIH. En la U-32, acusó a un penitenciario de someterla en los calabozos.

Una causa con todos los condimentos. Se inició en el 2018 con una investigación narco en el Este provincial y la captura de los integrantes de la organización familiar dedicada a la comercialización de drogas con el apoyo de policías que actuaban de informantes a cambio de algunas dosis.

A fines del año pasado, la banda fue condenada por el Tribunal Oral Federal Nº2 a pasar varios años de cárcel y continuará encerrada en el Complejo Federal VI de Luján de Cuyo. Una miembro de clan, relacionada directamente con el señalado jefe de la gavilla, no fue a la cárcel porque previamente logró la detención domiciliaria.

A las pocas horas la detuvieron por violar el beneficio que gozaba mientras circulaba con diez mil pesos en una moto robada, con un hombre. Mordió a un policía que participó en el operativo y le dijo que era portadora de VIH.

En plena Navidad denunció que fue abusada sexualmente por un guardiacárcel en los calabozos de la U-32. El agente del Servicio Penitenciario declaró en el expediente, admitió el hecho y aseguró que hubo un encuentro consentido.

El combo de versiones está siendo investigado por el juez Walter Bento y se espera que en las próximas semanas haya novedades en la causa.

Lo cierto es que el caso fue “una bomba” en el edificio de calle Pedro Molina y España de Ciudad, por la gravedad de la denuncia. Magistrados con años de experiencia y conocedores del lugar contaron a El Sol que nunca se radicó una denuncia de estas características.

A pesar de que en los pasillos judiciales surgen varias pistas y se lanzan conjeturas, para los detectives judiciales se trató de un abuso sexual agravado porque el penitenciario se aprovechó de la condición de encierro en la que se encontraba la mujer.

En un primer momento, antes de que denunciara la violación, el TOF Nº 2 le había revocado el beneficio de la prisión domiciliaria pero, después de un análisis de la denuncia y la gravedad del hecho, le fue concedido nuevamente y pasa sus días en su casa del Este provincial, de donde es oriunda.

Reconstruyendo la historia

El 18 de diciembre, los jueces del TOF Nº2 Roberto Naciff, Pablo Salinas y Héctor Cortes, hallaron culpable a la totalidad de la organización narcocriminal que operó durante años en el departamento de San Martín y que tenía como cabecilla y principal apuntado a Leonardo Sebastián Malla (36).

Este sujeto, que dijo ser “reparador de lavarropas” durante el proceso oral, recibió la pena más alta, 9 años de encierro.

Cuatro hermanos también fueron hallados culpables por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y los sentenciaron a seis años de prisión.

Se trata de Carlos Exequiel (27), Leandro Aníbal (30), Carmelo Matías (26) y Omar Alberto Malla (38). Además, Franco Daniel Rosales (28), Marcelo Santos Cirella (50), Edgardo Raúl Maure (35) y Matías Alberto Andra (31), fueron condenados a penas de entre 4 y 6 años.

Ver también: La frase que complica a un policía con una banda narco

Dos policías identificados como Gastón Miranda y Gonzalo Ferreyra, de la Comisaría 28ª y la subcomisaría El Porvenir de Lavalle, respectivamente, señalados por los investigadores de la Policía contra el Narcotráfico (PCN), quienes lideraron la pesquisa, como “soplones” de los Malla a cambio de estupefacientes, también recibieron una pena.

Miranda fue condenado a 6 años y Ferreyra, el único que llegó excarcelado al juicio, a 3 años.

La única mujer de la banda, relacionada con Sebastián Malla, también fue sentenciada a seis años de cárcel.

Ver también: Cayeron dos policías acusados de ser parte de una banda narco

Como se encontraba con el beneficio de la detención domiciliaria continuó bajo ese régimen. Aquí nació la otra parte de la historia.

Estuvo poco tiempo en su casa hasta que fue detectada circulando por la vía pública. La información sostiene que el 19 de diciembre a las 17.50, un día después de ser condenada por tema de drogas, policías que desarrollaban maniobras operativas en el departamento de San Martín le frenaron el paso a una moto amarilla que circulaba a alta velocidad y era conducida por un hombre en compañía de una mujer.

Intentaron colisionar al personal uniformado y se dieron a la fuga. Producto de las maniobras, terminaron chocando contra el cordón de una vereda y una camioneta que se encontraba estacionada.

Escaparon a pie pero ambos terminaron reducidos. La mujer fue quien ofreció más resistencia, tanto es así que insultó y mordió a un policía y le dijo que era portadora de VIH.

Al requisarla, le encontraron una riñonera con 10.000 pesos y detectaron que la moto se encontraba con pedido de secuestro porque era robada.

Tras la captura, la derivaron al Hospital Perrupato para que recibiera curaciones. La identificaron y supieron que se trataba de la mujer que había sido condenada un día antes a seis años de cárcel por comercio de estupefacientes y que estaba vinculada con Sebastián Malla, el jefe de la banda.

Al declarar, dijo que había salido de su casa porque tenía a un hijo de 6 años internado en el hospital y que se encontraba desesperada.

Por último, aseguró que no sabía que el rodado era robado. De la Comisaría 12ºª pasó a los Tribunales Federales y la alojaron en los calabozos de la U-32 para que se resolviera su situación procesal.

Tres días después de su detención, el TOF decidió revocar el beneficio de la detención domiciliaria que gozaba y se decidió el traslado al Complejo Federal VI.

Sin embargo, antes de que la llevaran a la penitenciaría ubicada en Luján, la mujer radicó una denuncia por abuso sexual.

Minutos después de las 20 del viernes 25 de diciembre, las autoridades judiciales tomaron conocimiento de que había señalado formalmente a un penitenciario de someterla en los calabozos.

Ante esto, el juez Walter Bento ordenó que fuera trasladada de inmediato a la cárcel federal y en horas de la noche se hizo. Ya había sido ordenado por el juez de Cámara Roberto Julio Naciff, pero el mismo no se había hecho efectivo con anterioridad por falta de cupo.

La denuncia generó fuerte repercusión en los Tribunales Federales. Tanto es así que se ordenó la detención del guardia sospechado y una serie de peritajes.

Declaró y se desligó del hecho sosteniendo que se trató de un encuentro consentido. Más allá de su versión, se entendió que se estaba frente a un delito y profundizaron la investigación para intentar esclarecerlo.

Con el paso de los días y mientras analiza una unificación de pena con otra causa, la Justicia analizó su situación y entendió que la denunciante no debía permanecer en una cárcel y volvió a otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

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