Los rugbiers denunciados cuando dejaron Mendoza.

La Justicia mendocina fijó fecha para la audiencia de sobreseimiento de Oscar Jégou y Hugo Araudou, los dos jugadores de rugby franceses que habían sido acusados de abusar sexualmente en julio a una mujer en un hotel cinco estrellas de Ciudad.

Las pruebas recolectadas durante la investigación debilitaron la denuncia inicial con el paso de las semanas y la fiscalía pidió desestimar los cargos, requerimiento que llegó hasta un tribunal de alzada la semana pasada tras una apelación de la querella.

Finalmente, luego de un rechazo de nueva pruebas de los jueces de tribunal y por información a la que accedió El Sol, las partes volverán a juntarse el lunes 25 de noviembre con la jueza Eleonora Arenas y ese día se dictaría el sobreseimiento definitivo de los dos sospechosos.

Una denuncia de repercusión mundial

El caso comenzó a investigarse la tarde del domingo 7 de julio, cuando una denuncia estremeció el ambiente deportivo mundial: una mujer se presentó ante las autoridades judiciales para relatar una serie de acontecimientos que involucraban a dos jugadores de rugby franceses.

La historia había empezado la madrugada de ese mismo día en un conocido boliche de Carrodilla, Luján de Cuyo, donde la denunciante conoció a Jégou. Según su relato, ambos se trasladaron en Cabify hasta un exclusivo hotel de avenida Belgrano de Ciudad, donde se alojaba la delegación francesa que acababa de vencer a Los Pumas en un amistoso disputado en el estadio Malvinas Argentinas.

Lo que siguió fue una grave acusación: la mujer aseguró haber sido sometida sexualmente y golpeada en la habitación, primero por Jégou, tercera línea de Les Blues, y luego por su compañero de cuarto, Araudou.

La gravedad de los hechos denunciados provocó una respuesta inmediata del fiscal Darío Nora, quien ordenó la captura de los rugbiers. La detención se concretó el lunes 8 en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, donde los franceses hacían escala antes de partir hacia Uruguay para otro compromiso deportivo.

El caso tornó dramática cuando, el jueves 11, una comisión policial trasladó a los deportistas a Mendoza, donde fueron alojados en una celda de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada).

Al día siguiente, la situación se agravó: fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, un delito que contempla penas de entre ocho y veinte años de prisión.

Sin embargo, la causa daría un vuelco inesperado. Después de seis días de encierro, el Ministerio Público Fiscal concedió a los acusados la detención domiciliaria, una decisión que marcaba el primer cambio en la perspectiva del caso.

Los propios jugadores declararon que las relaciones habían sido consensuadas, mientras las pruebas incorporadas al expediente comenzaban a debilitar sistemáticamente la versión de la denunciante. La defensa, respaldada por estos nuevos elementos, solicitó la liberación de ambos deportistas, argumentando la insuficiencia de evidencia para justificar la prisión preventiva.

El desenlace llegó cuando nuevos peritajes terminaron de poner en duda el relato inicial, llevando a la parte acusadora a solicitar el sobreseimiento de los rugbiers.