El Gobierno nacional acelera su plan de privatizaciones con el objetivo de recaudar unos US$2.000 millones antes de fin de año, en una estrategia que busca reforzar la disponibilidad de divisas y mejorar la percepción de los mercados sobre la capacidad de pago de la deuda. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la meta y sostuvo que el proceso se apoya en los lineamientos de la Ley Bases.

La iniciativa fue ratificada en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso. Allí se detallaron los avances en la venta de activos y concesiones, así como la intención de incluir nuevas empresas en el esquema, entre ellas Aerolíneas Argentinas, ya contemplada como privatizable en un decreto de 2024. Además, el Ejecutivo evalúa destinar el 10% de lo recaudado a inversiones en defensa.

Uno de los ejes centrales del plan es la desarticulación y venta de Enarsa, que comenzó con la licitación de su participación en Citelec, controlante de Transener. El consorcio integrado por Edison Energía y Genneia presentó la oferta más alta, por más de US$356 millones. En paralelo, el Estado redujo su presencia en distintas unidades energéticas, incluyendo la operación del gasoducto Perito Moreno y la reconcesión de represas hidroeléctricas, en línea con una estrategia de retiro progresivo del sector.

El proceso también avanza sobre AySA, cuya concesión abarcará el 51% de las acciones estatales por un plazo de 30 años, y sobre Intercargo, cuya venta total podría alcanzar los US$400 millones. A su vez, el Gobierno impulsa la privatización integral de Belgrano Cargas y Logística, con un esquema de concesiones segmentadas bajo modalidad de acceso abierto, que ya despertó interés de sectores agroexportadores y mineros.

En las últimas semanas se registraron avances administrativos clave, como la recepción de ofertas por casi US$890 millones para la participación estatal en Citelec y el impulso a las licitaciones de AySA y Belgrano Cargas. El plan original contemplaba la privatización de 41 empresas, aunque la Ley Bases finalmente habilitó solo ocho. En ese marco, el Ejecutivo busca consolidar un proceso gradual de desinversión estatal que complemente el ingreso de divisas por exportaciones y contribuya a reducir el riesgo país, que se mantiene por encima de los 500 puntos.