Lisandro Eduardo Basaez Morales, el Petiso, y Franco Simón Basaez Vilches, alias Javi, señalados como los máximos jefes de la banda, están prófugos.

“El término ‘zapatillas’ es comúnmente utilizado en la jerga delictual para referirse a armas de fuego; sinónimo de la palabra ‘calzado’ o ‘andar calzado’ en referencia a la portación de armas de fuego”.

Cuando el 23 de mayo de este año más de 50 de policías federales y gendarmes argentinos y agentes de la PDI de Chile irrumpieron en decenas de viviendas y desarrollaron allanamientos masivos en el Gran Mendoza y Buenos Aires y en la capital el vecino país, respectivamente, por una megaucausa de tráfico transnacional de armas, pocos conocían sobre la existencia de una de las organizaciones criminales más grandes detectadas en los últimos años.

Ese día, los uniformados liderados por un equipo conjunto de investigación conformado entre el fiscal federal Fernando Alcaraz y su par de la comuna de Los Andes, Ricardo Reinoso Varas, detuvieron a una veintena de personas y secuestraron material probatorio para análisis a futuro. También hubo medidas en Buenos Aires y Santiago de Chile que permitieron la captura de más personajes y el hallazgo de nuevas armas, estupefacientes, proyectiles, teléfonos celulares y dinero, entre otros elementos destacados para la instrucción. Todo este combo abrió más el panorama y permitió conocer en detalle cómo se movían todos estos personajes y su entorno, apuntando a una hipótesis sólida para sostener las acusaciones.

El caso se transformó en algo gigante con el paso de los meses, tal como viene revelando El Sol en una serie de informes: apuntaba a desarticular la red de contrabando de armas por pasos no habilitados que utilizaba mecanismos de célula y sumaron pruebas comprometedoras. Los pesquisas estaban ante la presencia de una estructura delictiva vertical en la que los jefes, nexos, financiadores, mulas y acopiadores que operaron entre octubre del 2021 y diciembre del 2023 e hicieron que se tornara dificultosa su identificación.

Seis meses después de que comenzara a actuar la gavilla, se desarrollaron un par de procedimientos en Mendoza que resultaron positivos cuando le frenaron el paso a dos camioneros en abril del 2022. Uno viajaba como pasajero en un colectivo de larga distancia que había partido desde la terminal de Retiro y el otro en un transporte de carga pesada con destino a Chile. A ambos les secuestraron 22 armas (pistolas calibre 9mm, en su mayoría) y cientos de municiones que tenían como objetivo llegar a Santiago para abastecer bandas delictivas y un mercado negro que mueve miles de dólares. El primero cayó en La Paz; y el segundo, en alta montaña.

Ambos hombres ya fueron condenados en los Tribunales Federales de Mendoza y sus teléfonos secuestraron permitieron obtener durante los peritajes información elocuente sobre los movimientos de la organización: se trata del godoicruceño Lucas Sebastián Puebla (43) y el guaymallino Roberto Carlos Agüero (47), quienes quedaron comprometidos en una reciente resolución judicial más allá de la sentencia de más de cuatro años de encierro que recibieron por las armas que transportaban.

Es que en los últimos días la causa presentó movimientos significativos antes de que llegue a juicio: el juez federal Marcelo Garnica procesó a 26 sospechosos por diversos delitos (a la mayoría, como miembros y jefes de una asociación ilícita, pero también hubo por tenencia o acopio de armas y estupefacientes) y capturaron en San Luis a uno de los tres prófugos que presentaba el expediente.

Se trata del camionero identificado como Sergio Santiago Ariel Pereyra, quien tenía contactos directos con personas de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, se relacionaba con otros choferes mendocinos que terminaron tras las rejas durante los allanamientos de mayo y se movía con otros personajes del mundo de las drogas.

Pereyra escapó de Mendoza luego de que no lo encontraran en su domicilio de calle Falucho de Maipú pero los efectivos e Inteligencia federales lo ubicaron en la localidad de Nogolí, San Luis. Al momento de apresarlo, se escondía en el baúl de un vehículo.

El expediente que se instruye en Mendoza tiene a los dos máximos responsables de la organización identificados y con pedido de captura internacional. Ambos son chilenos y se llaman Franco Simón Basaez Vilches (conocido como el “Javi“) y Lisandro Eduardo Basaez Morales, alias Petiso o Enano. Para los investigadores del caso, se mueven por zonas de difícil acceso entre Argentina y Brasil.

Por los trabajos investigativos que desarrollaron policías federales y plasmaron en diferentes informes preventivos, el Petiso Basaez Morales y su pareja, la estilista Gisselle Ivonne Figueroa, tenía el rol de conseguir las armas, municiones y accesorios en Brasil y provincia de Buenos Aires con la intención de que llegaran a Chile. Siempre manteniendo el contacto con el llamado Javi.

Allí entraban en escena los diferentes contactos (empresarios del transporte y camioneros, entre otros) que cumplían diferentes funciones. Algunos trasladaban la mercadería ilegal, otros la acopiaban y también existían los encargados de realizar las diferentes transferencias de dinero a través de servicios como Western Union.

Estos llamados máximos responsables de la banda tenían contacto con el citado Lucas Puebla, otro chileno identificado como Isaac Guillermo Orellana Orellana (domiciliado en Ciudadela y preso desde diciembre del año pasado en otra causa por tenencia de armas) y otro oriundo del vecino país llamado Bayron Eduardo González Castro. Cada uno de estos personajes tenía a cargo un grupo o célula diferente para el contrabando de las armas y las municiones.

Lucas Puebla e Isaac Orellana Orellana en un hotel de Brasil, antes de un contrabando de armas.

El primer grupo estaba a cargo de Lucas Puebla. Este hombre oriundo de Godoy Cruz se movía con diferentes camioneros que se movilizaba por Argentina, Chile y Brasil para el transporte de las armas de fuego. El armamento y las municiones, se desprende la investigación policial y judicial, lo recibía directamente del Javi Basaez Vilches. En la instrucción detectaron que Puebla se contactaba con -al menos- ocho camioneros. Puebla participó de un encuentro con los máximos referentes de la banda en Brasil. Y hasta se sacó fotos adentro de un jacuzzi con Orellana Orellena.

La segunda célula fue estaba a cargo de Isaac Guillermo Orellana Orellana, un chileno que se afianzó en nuestro país y es conocido como “Primo”. Realizaba sus tareas delictivas con familiares en Buenos Aires y también en barrios marginales de Santiago. El dinero era transferido desde el vecino país hasta las billeteras virtuales del círculo más íntimos del Orellana. Los pesquisas destacaron que se contactaba con una pariente llamada Carolina del Carmen Orellana Basaez y los hijos de ella,“sin cuya participación en la recepción del dinero la organización no habría podido funcionar”, destacaron los investigadores.

El tercer grupo apunta a Bayron Eduardo González Castro. Este hombre se contactaba con otros personajes de la estructura delictiva de mayor peso. También con los camioneros Sergio Pereyra y Andrés Walter Amaya (en las escuchas mencionaban “zapatillas” para hacer referencia a las armas) y hablaba sobre la modalidad del envío de armas y el transporte de las municiones entre Mendoza y Chile. Los investigadores aseguraron que se movía con el armamento que conseguía y suministraba el “Javi”.

Bayeron Eduardo González Castro con dos pistolas y dinero argentino.

González Castro, para los detectives del caso, estuvo involucrado en el tráfico de las armas que terminó con la captura del camionero mendocino Roberto Carlos Agüero, conocido como Beto, el 17 de abril del 2022.

Gendarmería le frenó el paso en el puesto fijo Los Árboles, ubicado sobre el kilómetro 1110, en Las Heras, y encontraron en el Fiat Iveco que conducía dos cajas ocultas en bolsas. Cuando las abrieron, detectaron que transportaba miles de municiones y 11 armas de fuego.

De la requisa se desprendió que se trataba de 1.500 balas calibre 9 milímetros, 500 calibre 38 SPL y 22 calibre 40 S&W y de 11 pistolas de las marcas Bersa, Mini Thunder, Taurus, Browning, Long, Hi Power, Pietro Beretta y Smith y Wesson, con sus respectivos cargadores y un kit Roni extensor. Cinco de esas armas presentaban el número de serie suprimido.

Así las cosas, luego del análisis de las pruebas reunidas luego de más de dos años de instrucción, el juez Marcelo Garnica procesó a 26 sospechosos. Este diario accedió a la lista de acusados que se encuentran actualmente comprometidos en el expediente por diferentes delitos, entre ellos asociación ilícita. Orellana Orellana, Puebla y González Castro, fueron procesados en calidad de jefes y organizadores de la banda. En total, por ese delito, fueron procesados 15 detenidos.

Por su parte, los camioneros Walter Amaya, Roberto Carlos Agüero, Juan Carlos Moreno, Carlos Adrián Ponce y Elio Néstor Cortez fueron procesados como integrantes de una asociación ilícita: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

También hubo procesados por tenencia de drogas y otros delitos de la Ley 23737 y por acopio de armas de fuego, piezas o municiones, tal como prevé el artículo 189 bis en su inciso tercero, ya que durante las medidas, la mayoría en los departamentos de Maipú, se hallaron estupefacientes y armas.