Desde la Triple Frontera internacional entre Argentina, Brasil y Paraguay, pasando por algunos barrios de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal y llegando hasta Mendoza para “enfriar” los cargamentos. El destino final, Chile, con el único objetivo de abastecer un mercado negro delictivo y generar ganancias en dólares. Siempre utilizando vías terrestres y buscando no ser detectados en los diferentes puestos limítrofes.
La investigación por el tráfico trasnacional de armas que desencadenó en allanamientos inéditos y masivos de la Policía Federal y la Gendarmería la mañana del jueves 23 de mayo en distintos puntos de la provincia (y en domicilios de las citadas jurisdicciones) tiene como hipótesis principal una estructura criminal organizada desde hace años en la que había jefes, segundas líneas que realizaban envíos de dinero a través de empresas como Western Union, transportistas (camioneros) y revendedores, entre otros eslabones identificados.
La mayoría de los integrantes son chilenos y argentinos. Y no todos fueron detenidos. Los señalados cabecillas o proveedores del armamento ilegal permanecen en la clandestinidad sin ubicación o domicilio fijo mientras profundizan los trabajos investigativos para intentar detenerlos para que respondan por el delito principal que tiene la causa: asociación ilícita.
En total, hubo 17 detenciones durante las 39 medidas que se desplegaron en simultáneo, mientras eran monitoreadas por el Equipo Conjunto de Investigación (ECI), integrado por los fiscales Fernando Alcaraz (Mendoza) y Ricardo Reinoso (Los Andes, Chile). Secuestraron armas, municiones, estupefacientes, teléfonos celulares y documentación que será analizada en los próximos días.
Por información a la que accedió El Sol, la Unidad de Inteligencia Criminal de la Policía Federal de Mendoza comenzó trabajar en el caso a mediados del 2021, cuando la Justicia federal recibió los primeros informes preventivos. Un año después, se sumaron dos procedimientos que permitieron la incautación de armas, detener a un sospechoso y avanzar con la identificación de una parte de la organización delictiva.
El primero fue a principios del 2022, cuando se produjo la captura de Lucas Sebastián Puebla mientras se movilizaba en un colectivo de larga distancia que había partido de Retiro, en Capital Federal, y tenía como destino final Mendoza.
Este sujeto, de 43 años y oriundo del barrio Batalla del Pilar de Godoy Cruz, transportaba en dos mochilas 11 armas de fuego (la mayoría con numeración limada y calibre 9mm marcas Taurus, Bersa, Beretta, Canik y una Glock calibre 40) y 22 cargadores sin la correspondiente documentación que avalaba la tenencia.
Puebla fue detenido por el Escuadrón 64 de la Gendamería en el lugar donde se desarrolló la requisa, en el control de ruta 7 kilómetro 899 de La Paz (en Desaguadero), quedó a disposición de la Justicia federal y el caso comenzó a ser instruido por el destituido juez Walter Bento.
A mediados de ese mes, precisamente el domingo 17, se produjo otro secuestro que potenció la teoría de una organización que estaba pasando armas a Chile: un camionero fue sorprendido cuando tenía la intención de pasar a ese país con otras 11 pistolas, un kit Roni extensor y más de 2.000 municiones.
Roberto Carlos Agüero (45), con domicilio en Guaymallén, circulaba en un Fiat Iveco y ocultaba el cargamento en la cabina del rodado. Paró en el puesto fijo de la Gendarmería llamado Los Árboles, situado sobre el kilómetro 1110 de Las Heras, y los uniformados detectaron que ocultaba dos bolsas en el pesado rodado.
El objetivo de Agüero era evitar la inspección aduanera y llegar hasta Los Andes pero no lo logró. Las armas que transportaba eran de las marcas 11 pistolas de las marcas Bersa, Mini Thunder, Taurus, Browning, Long, Hi Power, Pietro Beretta y Smith y Wesson y casi todas las municiones (1.500) eran calibre 9mm.
Unos días antes de los allanamientos masivos en Mendoza, Buenos Aires y Chile, Agüero fue condenado a cuatro años y diez meses de cárcel por el juez Alejandro Waldo Piña, del Tribunal Oral Federal Nº1, que homologó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa luego de que el procesado reconociera los delitos que le endilgaban.
El caso que evidenció cómo es el tráfico de armas a Chile
Pasadas las 7 de este jueves, policías federales, de la PDI de Chile y gendarmes realizaron un trabajo investigativo en conjunto con la Justicia federal que decantó en 17 allanamientos en diferentes barriadas de los departamentos de Maipú, Guaymallén y Luján…
Con estos procedimientos, más otro de diciembre del 2022, cuando secuestraron en Tucumán ocho pistolas y 13 cargadores que venían hasta Mendoza que transportaban dos chilenos, la investigación fue sumando pruebas y confirmando que estaban frente una organización criminal de poder con una importante cantidad de miembros.
Además del citado Puebla y Agüero, la instrucción federal tiene a ciudadanos chilenos como sospechosos. Uno de ellos fue identificado como Isaac Guillermo Orellana, quien supo tener domicilio en Santiago de Chile y luego se mudó a Buenos Aires.
Se movía por el Fuerte Apache (el barrio llamado Ejército de los Andes, ubicado en Ciudadela, en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y quedó detenido a fines del año pasado por portación de arma de fuego. Actualmente, Orellana se encuentra alojado en la Unidad 42 de Florencio Varela y “será indagado” en la causa que lidera el juez federal Marcelo Garnica.
Por lo que confirmaron fuentes del caso, Orellana ya se encontraba identificado como uno de los nexos de la banda e integraba la lista de “futuros allanados” pero no hizo falta la medida porque descubrieron que había caído en las garras policiales cuando fue sorprendido llevando un arma.
Por las pruebas analizadas, se cree se contactaba con proveedores en el norte argentino y tenía como objetivo de conseguir las armas para luego comercializarlas en el país trasandino a través de algunos familiares y amigos, agregaron las fuentes.
Los investigadores contaron que Orellana mantenía diálogos con camioneros y transportistas con domicilio en La Boca y principalmente con uno de sus hermanos, Miguel Alberto Glaria Orellana, asesinado el 1 de febrero del año pasado en la comuna de San Ramón, ubicada en el Sur de la ciudad de Santiago.
Este joven, quien recibió un disparo letal en el pecho (la primera información señalaba que se trató de un caso de inseguridad pero luego la hipótesis cambió a un posible conflicto entre conocidos), se mostraba armado en las redes sociales. Es más, cuando sus más íntimos le daban el último adiós en el velorio, desplegaron un banner al lado del féretro con su imagen portando un chaleco antibalas y una pistola calibre 9 milímetros con un cargador extendido con capacidad para 75 proyectiles.
No sólo eso: su hermano Isaac lo recordó al otro día del asesinato publicando una foto en su perfil de la red social Facebook que él mismo tomó, en la que se lo observaba apuntando con una pistola.
La relación entre Isaac Orellana y su hermano fue motivo de análisis en la Justicia. Los pesquisas sospecharon en su momento que las armas que eran adquiridas en Buenos Aires llegaban hasta Chile para luego ser comercializadas con la intervención directa de su hermano más chico.
Así las cosas, las fuentes del caso agregaron que la instrucción no está terminada. Explicaron que resta prueba por producir y que intentarán capturar a quienes se encuentran identificados como los líderes de la organización, quienes entran y salen por el norte del país y se mueven por zonas de difícil acceso.
¿Por qué el juez Walter Bento no quiso tomar una causa de acopio de armas?
Un procedimiento de control casi de rutina en alta montaña. El hallazgo de 11 armas de fuego, 2.022 municiones y 17 cargadores y el inicio de expediente judicial para avanzar y encontrar responsabilidades. Lo que parecía una cuestión simple y de…