La confesión fue directa y ocho meses después de las capturas. Patricia Castro, conocida popularmente en las calles del oeste de Godoy Cruz como la “Pato”, admitió ante la Justicia federal lo que los investigadores ya sabían: tenía drogas fraccionadas destinadas a la comercialización.
Esa revelación, lejos de ser un acto de arrepentimiento espontáneo, selló un acuerdo de juicio abreviado que terminó con meses de disputas territoriales, tiroteos nocturnos y una red familiar dedicada al narcomenudeo que operaba con total impunidad en barrios populares del Gran Mendoza.
El juez federal Marcelo Garnica homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscal federal Patricia Santoni, su auxiliar Juan Manuel González y las defensas de los imputados. Las penas fueron contundentes: seis años de prisión para los principales operadores de la organización, condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas.
La banda narco familiar de la “Pato”: quiénes la integran y cómo actuaba
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La sentencia reflejó los distintos roles dentro de la estructura criminal. La Pato, cabeza visible de la organización, recibió seis años de prisión, pero cumplirá la condena bajo arresto domiciliario debido a que tiene hijos menores a su cargo. La misma modalidad benefició a su hermana Ana María Castro, a Guadalupe Mercau (novia de su hermano Kevin) y a su propia hija, Magali Vidable, de 22 años.
Sin embargo, para otros tres integrantes clave de la banda no hubo beneficios: Ian Lapaglia, Kevin Castro y Alfredo Olmedo Cabral fueron condenados a seis años de prisión efectiva. Los tres deberán cumplir la totalidad de la pena entre rejas, sin posibilidad de arresto domiciliario.
Agustín Chirino, pareja de Patricia Castro, recibió la pena más leve: tres años de prisión en suspenso al ser considerado partícipe secundario en las actividades delictivas de la “Pato”. Su rol marginal en la estructura le valió esta condena condicional.
Un dato no menor: Vidable, su mamá, Olmedo Cabral y Lapaglia fueron declarados reincidentes, lo que evidenció que no era la primera vez que el sistema judicial los procesaba por delitos similares.
Drogas, armas y control territorial
Todo comenzó a desmoronarse el jueves 27 de febrero por la tarde, cuando un megaoperativo policial sacudió el oeste de Godoy Cruz. Investigaciones desplegó un operativo que abarcó los barrios Covitedyc, Proyecto Joven y el popular San Martín de Ciudad. Hubo apoyo de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) e Infantería.
El dispositivo incluyó 45 allanamientos simultáneos ejecutados con apoyo aéreo de vehículos no tripulados, cuatriciclos, motocicletas y múltiples movilidades. El objetivo no era tanto secuestrar grandes cantidades de droga -aunque sí se incautaron estupefacientes y armas- sino detener a la mayoría de los sospechosos, cuyas relaciones y modus operandi ya estaban confirmados a través de peritajes de dispositivos electrónicos y otros trabajos de calle. Los vecinos estaban hartos de los tiroteos y se quejaban constantemente de la impunidad que gozaba la gavilla.
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La particularidad de esta organización radicaba en su carácter familiar y su método de distribución a través de diversos “quiosquitos” en el sector. Según las fuentes policiales, vendían droga en bolsas de 50 gramos por unidad, un volumen que permitía tanto el narcomenudeo a gran escala como la reventa fraccionada en los barrios.
Magalí Vidable cumplía un rol crucial como nexo entre su madre y su tía Ana María, coordinando la venta desde la vivienda donde tenía su base de operaciones. La joven era el puente logístico que mantenía aceitada la maquinaria del narcotráfico familiar.
La caída de Ana María Castro en octubre del año pasado había sido una de las primeras señales de alarma. La mujer de 45 años fue capturada en la intersección de calles Asia y Dique Los Nihuiles, en el barrio Ruiseñor, circulando en un Renault Kangoo gris.
En su poder llevaba un arma de fuego, droga fraccionada y una importante cantidad de dinero en efectivo, producto de la comercialización. Un acompañante logró escapar corriendo, pero los policías secuestraron la mercadería y su teléfono celular, dispositivo clave que reveló su contacto directo con su hermana Patricia para la distribución de sustancias.
Los “soldaditos” de la organización -principalmente amigos de Magalí- se encargaban de distribuir la droga y defender los territorios mediante el uso de armas de fuego, se desprendió de los trabajos investigativos. Entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, los tiroteos eran una constante en la zona, generando terror entre los vecinos del sector. La respuesta fue simple: peleas por territorio.
Ian Lapaglia, conocido como “el Negro Ian“, era un personaje central en esta trama violenta. De 22 años, había sido condenado previamente por tenencia de estupefacientes a cuatro años con prisión domiciliaria. Sin embargo, violaba sistemáticamente este beneficio, moviéndose libremente por asentamientos como el Campo Papa y el barrio Ruiseñor, participando en robos, tiroteos y amenazas.
La investigación reveló que el clan Castro mantenía una guerra territorial con otra organización narco liderada por Sandra “Yaqui” Vargas, quien actualmente cumple condena y se le inició una nueva investigación por comercio de estupefacientes, tal como reveló este diario. En un principio eran socias pero luego esa relación se rompió, describieron quienes conocen a las dos féminas.
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La disputa generó múltiples enfrentamientos armados en las calles Salvador Arias, Salvador Civit y Arturo Illia, con tiroteos protagonizados por jóvenes de ambas facciones que transformaron esos sectores en verdaderos campos de batalla urbanos.
La señalada jefa narco quedó con detención domiciliaria tras las capturas. Y a las pocas horas de recibir el beneficio, envió un mensaje desafiante a través de una foto en la que posaba al lado de una pileta en uno de sus domicilios, en Guaymallén. Los investigadores interpretaron que estaba dirigido directamente a ellos: “Su peor pesadilla juajaa”, escribió.