Las cámaras de seguridad captaron los golpes en la zona bancaria.

Cinco presuntos integrantes de una banda dedicada a cometer “salideras bancarias” en el microcentro deberán enfrentar un juicio oral y público, mientras que otros dos sospechosos fueron sobreseídos. La resolución la dio a conocer este miércoles por la tarde el juez del Juzgado Penal Colegiado N° 2 Gabriel Bragagnolo.

Los imputados que serán llevados a debate son Gonzalo Martín Montuelle González, sindicado como el presunto jefe de la organización desde un principio (acusación que se negó en la audiencia); su hermano Fabricio Nahuel Montuelle González; Santiago Nicolás Rodríguez Ortiz; Brian Francisco Bernal; y Brian Adolfo Figueroa.

De acuerdo con la investigación, se trataba de una estructura delictiva con roles claramente asignados, donde Montuelle González coordinaba las maniobras y el resto cumplía funciones clave en la ejecución de los hechos, principalmente como conductores de vehículos de apoyo y partícipes en la logística de los robos.

La defensa de los hermanos Montuelle González, Rodríguez Ortiz y Bernal estuvo a cargo del abogado Emiliano Marlia, mientras que Figueroa fue asistido por el defensor Pedro Sosa.

La causa, que tuvo como eje la instrucción desarrollada por el fiscal de Robos y Hurtos José Manuel García Mango, logró reconstruir el funcionamiento de la banda entre 2022 y mayo de 2024, tal como ha revelado El Sol en una serie de informes. Varios de los integrantes de la asociación ilícita ya han confesado y sido condenados en juicios abreviados.

Los hermanos Fabricio y Gonzalo Montuelle, Santiago Rodríguez y Brian Bernal. Abajo: Brian Adolfo Figueroa.

Durante ese período, el grupo habría concretado múltiples golpes en la zona bancaria del centro, principalmente en inmediaciones de la plaza San Martín, donde seleccionaban a sus víctimas tras detectar extracciones de dinero en entidades financieras.

Según surge del expediente, la mecánica delictiva comenzaba con tareas de inteligencia realizadas por integrantes que oficiaban como “marcadores”, quienes identificaban a potenciales víctimas y observaban dónde guardaban el dinero.

Esa información era transmitida al resto de la banda, que iniciaba un seguimiento coordinado con uno o más vehículos y una motocicleta. Una vez que la víctima se detenía, ya fuera en un semáforo o en un estacionamiento, los ejecutores rompían los vidrios de los rodados con herramientas específicas y sustraían bolsos con dinero u otros objetos de valor.

El despliegue incluía además maniobras de bloqueo con los autos de apoyo, que se posicionaban estratégicamente para impedir cualquier reacción de las víctimas o terceros. Tras concretar el robo, los autores escapaban en distintas direcciones y, a pocas cuadras, transferían el botín a otros miembros de la organización, en una operatoria que evidenció un alto grado de planificación.

La investigación permitió acreditar el uso de comunicaciones telefónicas para coordinar los hechos, el cambio constante de líneas para evitar ser detectados y la existencia de una logística que incluía alojamientos temporales para integrantes provenientes de otras provincias.

También se incorporaron como prueba imágenes obtenidas de celulares, donde algunos de los acusados posaban con dinero en efectivo, además de registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte de los movimientos de la banda.

En la misma audiencia, el magistrado dispuso el sobreseimiento de Braian Zenón Leguizamón Ureña, quien estaba imputado por asociación ilícita, y de Franco Nahuel Pavón Ozan, acusado por robo agravado en poblado y en banda y también por integrar la organización. Leguizamón fue representado por el abogado Alejandro Aruani, mientras que Pavón contó con la defensa de Franco Migliavacca.

De acuerdo con la información tribunalicia, la fiscalía analizaba si apelaba el sobreseimiento de ambos sospechosos, principalmente de Leguizamón Ureña.

En cuanto a la resolución, el juez rechazó los planteos de nulidad y las oposiciones formuladas por las defensas de los imputados que irán a juicio. En ese sentido, ordenó la elevación de las actuaciones a debate oral y público. Los fundamentos del fallo fueron expuestos de manera oral durante la audiencia.