El fiscal de Robos y Hurtos José Manuel García Mango elevó a juicio oral la causa que investiga a una compleja organización criminal dedicada a las denominadas “salideras bancarias” que operó en el microcentro mendocino entre 2022 y mayo del 2024, despojando a sus víctimas de millones de pesos y miles de dólares tras salir de entidades financieras.
La decisión judicial marcó el cierre de una instrucción que logró desentrañar el funcionamiento de una banda estructurada, con roles definidos y una logística que incluía desde “marcadoras” hasta vehículos de apoyo y motos para la consumación de los robos. Todo este accionar delictivo fue calificado como asociación ilícita.
De acuerdo con la instrucción, la gavilla operaba principalmente en los alrededores de la Plaza San Martín y estaba encabezada por Gonzalo Martín Montuelle González, quien habría replicado en Mendoza una modalidad delictiva que ya se practicaba en Tucumán y Córdoba. Junto a él, su hermano Fabricio Montuelle y otros doce imputados conformaban una estructura que llegó a tener entre 10 y 15 integrantes, muchos de ellos oriundos de Tucumán que se hospedaban temporalmente en inmuebles mendocinos mientras planificaban y ejecutaban los golpes.
La banda de las salideras bancarias y todos los hechos que cometieron en tres meses
Una parte de la organización merodeaba los ingresos de las entidades financieras y playas de estacionamientos del microcentro de Mendoza. Tenía el objetivo de marcar y describir las características físicas de las víctimas que entraban a los bancos y retiraban grandes…
La mecánica del grupo era de una precisión milimétrica, tal como reveló El Sol en una serie de informes publicados el año pasado, cuando los 20 golpes que dieron no habían trascendido.
Primero realizaban tareas de inteligencia en la zona bancaria, donde mujeres como Jenifer Micaela Romano, Iris María Dominelli y Florencia Karen Díaz Lucero (las primeras dos tucumanas y la segunda, pareja de uno de los principales sospechosos) cumplían el rol fundamental de “marcadoras”, identificando a potenciales víctimas que acababan de realizar extracciones de dinero.
Estas mujeres (no están detenidas), según consta en las escuchas telefónicas incorporadas al expediente, “eran conscientes de las cosas que nosotros íbamos a hacer” y “agarraban su parte, también disfrutaban de toda la plata”, tal como se desprende de una conversación registrada entre un integrante de la banda, identificado como “Petiso” y Jairo Sebastián Saracho, uno de los imputados, que explicaba el rol activo de las jóvenes en la organización.
Una vez seleccionada la víctima, el operativo delictivo se desplegaba con una coordinación que llamó la atención de los efectivos que trabajaron el caso en la División Robos y Hurtos de Investigaciones.
Los “marcadores” observaban en qué sector del vehículo la víctima dejaba el bolso o mochila con el dinero, información que era transmitida inmediatamente al resto de la banda, que paraba en la plaza o simulaba esperar el colectivo en la zona.
Luego se iniciaba un seguimiento meticuloso desde el sector bancario hasta el destino de la víctima, donde participaban uno o dos autos de apoyo junto a una motocicleta con dos ocupantes.
Justamente, los autos cumplían múltiples funciones estratégicas: seguían a la víctima, protegían al autor material del robo posicionándose detrás del vehículo atacado para impedir interferencias, y encerraban al rodado donde iba el botín para evitar que pudiera seguirlos o realizar maniobras defensivas, se desprende de la causa que lideró García Mango.
Brian Adolfo Figueroa, Santiago Nicolás Rodríguez, el propio Gonzalo Montuelle y Franco Nahuel Pavón Ozán fueron identificados como los principales conductores de los vehículos de apoyo: un Renault Logan, un Fiat Cronos y un Chevrolet Onix.
El momento culminante llegaba cuando el vehículo de la víctima se detenía en un semáforo o en algún estacionamiento. Entonces, el acompañante de la moto descendía y, utilizando herramientas específicas como puntas metálicas, rompía el vidrio del automóvil precisamente donde se encontraba el dinero.
Emmanuel Eduardo Escudero y Lucas Cataldo fueron identificados como los principales ejecutores de esta fase del delito, aunque Brian Adolfo Figueroa también cumplió este rol cuando el primero de los citados fue detenido en marzo de 2024, se desprende de la instrucción.
Tras apoderarse del dinero u otros bienes, los señalados delincuentes emprendían una fuga calculada hacia distintas direcciones, generalmente hacia el este. En un radio no mayor a cinco cuadras del lugar del hecho, entregaban el botín a otro integrante de la banda que esperaba a pie, como ocurrió con Brian Zenón Leguizamón, quien fue capturado el 4 de enero del año pasado precisamente cuando recibía un bolso sustraído de manos de dos sujetos que se conducían en motocicleta.
Al momento de su detención, Leguizamón arrojó su teléfono celular al suelo destruyéndolo, una actitud que los investigadores consideraron “altamente incriminatoria” y que evidenciaba la importancia de las comunicaciones telefónicas en la organización criminal.
Los teléfonos celulares se convirtieron en la clave para desarticular la banda, detallaron fuentes policiales y judiciales. Los análisis de los dispositivos móviles revelaron no solo conversaciones previas y posteriores a los ilícitos, sino también fotografías de los integrantes junto a los automóviles utilizados en los hechos y posando con “abundante cantidad de dinero en efectivo de distintas entidades bancarias”. Esas imágenes fueron rescatadas e incorporadas al expediente.
Además, detectaron que los acusados cambiaban sus líneas telefónicas y utilizaban códigos para organizar los delitos y evitar ser identificados en eventuales escuchas.
La sofisticación de la organización se evidenciaba también en su capacidad logística. Los miembros provenientes de otras provincias se alojaban temporalmente en cabañas donde planificaban las “salideras bancarias”, mientras que algunos miembros mendocinos les proporcionaban apoyo local. La banda llegó a pagar a mujeres para que simularan ser parejas sentimentales y colaboraran en las tareas de marcación, lo que demostró el nivel de profesionalización alcanzado por la organización.
Algunos de los golpes
Entre los hechos más resonantes investigados se encuentra el robo ocurrido el 5 de diciembre del 2023, cuando Pavón Ozán se dio a la fuga con una mochila que contenía llaves de una caja de seguridad de un banco, tres mil dólares en billetes de cien y documentación varia. Días después, el 28 de diciembre, Figueroa prestó apoyo logístico para sustraerle a un hombre una mochila con cinco millones de pesos.
El 2 de enero del año pasado, la banda sustrajo a una mujer un bolso con 2.300.000 pesos, mientras que el 23 de febrero le quitaron a un hombre una mochila con aproximadamente 1.900.000 pesos. Siempre víctimas que habían tenido contacto con entidades financieras.
Uno de los golpes más audaces ocurrió el 6 de febrero del año pasado, cuando Gonzalo Montuelle y Santiago Rodríguez, a bordo de sus respectivos vehículos, siguieron a dos hombres para propiciar que otros dos sujetos en motocicleta les sustrajesen una mochila negra camuflada con 3.275.000 pesos.
El 23 de mayo, en lo que sería uno de los últimos hechos registrados por la gavilla, Álvaro Leandro Pacheco y Saracho lograron le robaron a un hombre una mochila que contenía documentación del Sindicato Gastronómico, 7.000 dólares y cuatrocientos mil pesos en efectivo, aunque tuvieron que abandonar la motocicleta durante la fuga.
La investigación reveló que Gonzalo Montuelle era el cerebro de la operación en Mendoza. Su participación en hechos similares se remonta a 2022, cuando fue detenido en flagrancia por intentar cometer este tipo de delitos. Los investigadores determinaron que Montuelle habría importado la modalidad desde Tucumán, donde ya se practicaba, y la replicó en territorio mendocino con la colaboración de connacionales tucumanos como Emmanuel Escudero, Brian Zenón Leguizamón y Brian Adolfo Figueroa.
El trabajo de la División de Robos y Hurtos fue fundamental para desarticular la organización. Los efectivos realizaron tareas de vigilancia en la zona bancaria que permitieron identificar a varios integrantes in situ.
El 1 de marzo del año pasado observaron a Juan Ariel Ozán (pareja de Florencia Díaz) junto a Iris María Dominelli y Jenifer Romano realizando tareas de marcación. El 5 de marzo detectaron a Fabricio Montuelle, Brian Francisco Bernal y otros sujetos en similares circunstancias, mientras que al día siguiente identificaron nuevamente a Ozán acompañado por Díaz en la General Plaza San Martín, minutos antes de que se cometiera un nuevo hecho de inseguridad.
Muchos de esos golpes quedaron registrados por cámaras de seguridad. Si bien los aparatos a veces no captaban el momento exacto del asalto, permitieron identificar los vehículos en los que se movilizaban para llegar y escapar.
Los allanamientos domiciliarios aportaron pruebas adicionales. En la vivienda de Ozán se secuestró una computadora denunciada como robada tras un hecho delictivo del 18 de enero del 2024, perpetrado bajo la misma modalidad. En el domicilio de otros integrantes se hallaron herramientas específicas para romper vidrios y abundante dinero en efectivo que no pudieron justificar.
La elevación a juicio a la que accedió este diario cita a catorce imputados, aunque hay dos prófugos con pedido de captura. Además de los hermanos Montuelle y los principales ejecutores materiales, completan la lista Bernal, Pacheco, Escudero y Lucas Cataldo. Este último, si bien no fue identificado concretamente en todos los expedientes acumulados, quedó vinculado a través del análisis de su teléfono celular, donde mantenía diálogos con otros integrantes donde se jactaba de los millones sustraídos.
Algunos acusados también terminaron desligados: Como es el caso de Claudio Daniel Martínez, conocido como “Mococho” y defendido por el abogado Federico Ábalos. Aunque inicialmente fue imputado, se espera que sea sobreseído próximamente, según trascendió en el ámbito judicial. La audiencia para que quede desvinculado en el expediente todavía no fue fijada.
Lo mismo sucedió con otros dos sospechosos, Marcos Jorge De Felipe y Diego Matías Baiardi, representados por Franco Miglivavaca y Emiliano Marlia, quienes también van camino al sobreseimiento por falta de pruebas. Además, a Franco Pavón le rechazaron la prisión preventiva pero, de todas formas, fue incluído en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal.
Algunas defensas se opusieron a la elevación a juicio, planteamientos que ahora deberán ser analizados por un juez de primera instancia.