La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó el sobreseimiento de dos efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) acusados por la muerte de Andrés García Campoy. El joven, quien tenía 20 años, falleció a raíz de un disparo en la cabeza el 13 de junio de 2014 sobre la ruta 7, en Luján de Cuyo, donde los agentes le frenaron el paso cuando circulaba a bordo de su Peugeot 504.
Los jueces Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci hicieron lugar al recurso de apelación presentado por el titular del área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, Fernando Alcaraz, y ordenaron que se profundice la investigación del caso para determinar si se trató de un asesinato cometido por los miembros de la fuerza de seguridad federal acusados: Corazón de Jesús Velázquez y Maximiliano Alonso Cruz.
En su fallo, los magistrados consideraron que la resolución con la que fueron sobreseídos los gendarmes presentaba problemas en la valoración de los elementos de prueba que motivaron su revocación: no constituye una derivación lógica y razonada del derecho vigente, de acuerdo a elementos probatorios incorporados a la causa, verificándose un caso de arbitrariedad”, sostuvieron.
Para el tribunal, al igual que el Ministerio Público, no existen pruebas suficientes para confirmar con certeza la hipótesis de la defensa, que sostiene que el joven se disparó a sí mismo: “Tiene problemas en materia de valoración probatoria y defectos de motivación, pues del análisis global y razonado de las actuaciones no se advierte la existencia de un estado de certeza negativo que permita –al menos por el momento– confirmar el sobreseimiento de los imputados“, surge de la resolución.
Por ello, los camaristas destacaron la importancia de agotar todas las medidas probatorias antes de resolver de manera definitiva el caso, ya que la investigación presentaba vacilaciones y dudas razonables sobre lo sucedido que “no permiten descartar con certeza la hipótesis de las partes acusadoras”.
En esa línea, los magistrados ordenaron la realización de una nueva reconstrucción del hecho y un nuevo peritaje balístico sobre el arma involucrada, a fin de determinar con mayor precisión la mecánica del disparo y la cantidad de tiros efectuados. Además, solicitaron que se realicen otras medidas destinadas a esclarecer si el teléfono del joven sufrió algún tipo de modificación antes o después de su muerte.
Finalmente, los jueces remarcaron que, a pesar de que han pasado más de diez años desde el hecho y que la causa presenta un alto nivel de complejidad, es obligación del Estado investigar a fondo los hechos, ya que podría tratarse de un caso de “una situación de violencia institucional en la cual estarían involucrados miembros de las fuerzas de seguridad”.
Con esta decisión, la causa se reactivará en busca de respuestas definitivas sobre lo sucedido con García Campoy, con el objetivo de determinar si la muerte fue provocada por el propio joven o hubo intervención de terceros, lo que abriría la posibilidad de un escenario de homicidio.
Muerte en la ruta 7
El trágico final del joven sucedió durante un control de rutina realizado por la GNA, en el que los uniformados le frenaron el paso al auto en el que viajaba el joven.
En circunstancias que aún no han sido determinadas con claridad, se produjo un disparo que impactó en la cabeza de García Campoy y terminó con su vida en pocos minutos. Según la versión de los gendarmes, el joven se disparó de manera accidental con una carabina que llevaba en su vehículo, aunque no hubo testigos presenciales que acreditaran el relato de los funcionarios públicos.
Durante la reconstrucción que se hizo un mes después del hecho, los agentes dijeron que “el joven estaba intranquilo, no nos miraba. Le pregunté a dónde iba y me dijo que a Potrerillos”. Y agregó: que le solicitó que se estacionara a la vera del camino y que descendiera del vehículo: “Cuando me pasó la licencia tenía la mano temblorosa. Le pedimos que abriera el baúl y en el interior tenía una rueda de auxilio y unas botellas vacías. Nada fuera de lo normal”, comentó.
Inicialmente, la causa fue investigada por la Justicia provincial a través del fiscal Jorge Calle, pero luego la competencia pasó al fuero federal. En 2014, el Juzgado Federal N°1, por entonces comandado por el ex juez Walter Bento (actualmente juzgado por actos de corrupción), dictó la falta de mérito para los imputados y este año fueron sobreseídos.
Sin embargo, esa resolución fue apelada por el fiscal Alcaraz, con el apoyo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). La presentación señaló deficiencias en la investigación inicial, como la recolección incompleta de pruebas, y solicitó que se realicen nuevas diligencias para esclarecer los hechos.