El funcionario judicial del Ministerio Público de la Defensa sospechado de abusar sexualmente de su ex pareja mientras compartían el mismo techo en una vivienda de El Challao quedó en libertad bajo fianza este jueves luego de un fallo de un Tribunal Penal Colegiado.
De acuerdo con información a la que accedió El Sol, los jueces Luis Correa Llano, Nancy Lecek y Carmen Magro impusieron en su resolución una serie de reglas de conducta al imputado. Se encontraba detenido desde el 10 de febrero de este año luego de que la fiscal María de las Mercedes Moya activara un pedido de captura y accediera al beneficio de la detención domiciliaria a las pocas horas.
El fallo de los camaristas confirmó las pruebas que se incorporaron en la causa y que motivaron la acusación por abuso sexual agravado con acceso carnal, por lo que el expediente continuará su trámite en el Ministerio Público.
Trascendió que el tribunal le fijó al acusado una caución real de 2 millones de pesos y emitió una orden de prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio a la denunciante.
Además, las fuentes contaron que no se tomaron en cuenta para la resolución una serie de elementos probatorios que se incorporaron en el expediente desde que la defensa, a cargo de Ramiro Villalba, presentó un control jurisdiccional para que un juez analice la causa, el que terminó siendo apelado y llegó hasta el citado Tribunal Penal Colegiado.
El sospechoso -se reserva su identidad por tratarse de una causa de instancia privada- habló con este diario antes de entregarse y se defendió de las acusaciones antes de ponerse a disposición de la Justicia. Negó haber sometido a su ex pareja y apuntó a un tema económico como móvil de la denuncia.
El inicio
La denuncia contra el contador del Ministerio Público de la defensa fue radicada en enero del 2019 y se reactivó en octubre del año pasado, cuando una jueza ordenó el desarchivo del expediente. La magistrada Carmen Magro entendió que no se había valorado el hecho con perspectiva de violencia de género cuando la causa transitaba sus primeros pasos.
Trascendió que esto llevó a la mujer seguir viviendo con el hombre a pesar de los presuntos abusos que sufrió. Además, el hecho de que eran concubinos no quitaba la posibilidad de la presencia de abuso sexual. Debía existir consentimiento, fueron los argumentos de la magistrada.
Agrega que, el 3 de enero a las 0.30, la mujer protagonizó una discusión con el hombre en el dormitorio y que, luego, él se puso encima. Detalló que le sujetó los brazos, la apretó contra la cámara y le tocó sus genitales.
La mujer dijo que intentó sacárselo de encima y que las agresiones continuaron durante una hora. Seis días después, aseguró que fue víctima de otro ataque: a las 16 del 10 de enero, relató que el acusado la abordó por la espalda mientras se encontraban en la cocina y le cruzó los brazos para inmovilizarla. Luego la accedió, pese a su negativa, mientras él le expresaba frases sexuales.
El 3 de febrero de este año, la fiscal Moya pidió la detención del funcionario judicial luego de recibir una directiva del ex jefe de la Unidad Fiscal, Alejandro Iturbide.
El sospechoso nunca había sido imputado. Sólo se le tomó una declaración informativa cuando la causa comenzó a ser instruida por Gustavo Stroppiana.
Este fiscal solicitó el archivo porque a los peritos que trabajaron en la causa no les terminó de cerrar el relato de la denunciante y hablaban de un conflicto económico detrás entre los dos protagonistas.