Tiene 52 años, es contador y trabaja en el Ministerio Público de la Defensa. Desde este miércoles, el profesional quedó en la orden del día por una causa de abuso sexual con acceso carnal en medio de contexto de violencia de género, pero nada se sabe de él. También le iniciaron un sumario administrativo. La policía no ha podido encontrarlo y todo es incierto. La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual María de las Mercedes Moya pidió su captura este miércoles luego de que una jueza desarchivara la causa que se inició a principios del 2019 tras la denuncia de una ex pareja y el caso generó fuerte impacto en el ambiente tribunalicio.
Su identidad se reserva por tratarse de una causa de instancia privada. Pero mientras es buscado por efectivos de Investigaciones –trabajan en el caso efectivos de la División de Delitos contra la Integridad Sexual-, El Sol habló con el sospechoso para conocer su versión de los hechos.
Recluido en un domicilio de la provincia a la espera que se defina su situación en los Tribunales provinciales –su abogado, Ramiro Villalba, presentó un control jurisdiccional para que se analice su situación en el expediente cuando todavía no se ha producido su detención ni imputación, algo que desconcertó a quienes conviven con la causa-, aseguró que se va a presentar a trabajar el lunes cuando termine una licencia de dos días que solicitó ante esta situación y apuntó contra su ex pareja y denunciante.
“Todo es un tema económico, una cuestión de dinero”, dijo por las presentaciones en su contra. También criticó al abogado de ella, Sergio Salinas, a quien cuestionó en el Colegio de Abogados porque, argumentó, presionó a otra ex pareja para que también lo denunciara por abuso sexual.
El profesional, quien podría quedar detenido en las próximas horas si es hallado por los detectives o así se define durante la audiencia que se fijó para el próximo martes 14 en el nuevo Polo Judicial, dijo en sus primeras palabras sentirse desconcertado por lo que está viviendo. “La verdad es una situación muy extraña. Soy una persona común que jamás imaginé encontrarme en este contexto. En ningún momento las resoluciones del fiscal Gustavo Stroppiana -primer fiscal del caso- y el juez Juan Manuel Pina (el investigador solicitó el archivo y el segundo hizo lugar) pedían mi detención o que se me impute”.
Lo cierto es que la jueza Carmen Magro, luego de una oposición del abogado de la denunciante, desarchivó el expediente en octubre del año pasado y todo quedó en manos a la fiscal María de las Mercedes Moya. Con respecto a su pedido de detención, el contador fue contundente: “Desde lo técnico no se sumaron nuevas pruebas”.
“Qué hizo que la fiscal Moya emita una orden de captura cuando yo estuve tres años ajustado de derecho. Jamás falté a una citación. Jamás me fugué. Parece una cacería de brujas o acá hay una mano negra”, sentenció el hombre que, por estas horas, se encuentra en la clandestinidad.
La fiscal de la causa pidió la detención del funcionario judicial por dos casos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real. La denuncia señala que el primero de los hechos ocurrió el 4 de enero de 2019, alrededor de las 0.30, cuando el hombre mantuvo una discusión con ex pareja, de 41 años, en el dormitorio de su casa de un barrio privado de El Challao.
En ese momento convivían pero atravesaban un período de separación. La relación estaba prácticamente quebrada. La mujer aseguró que se le subió encima y la sostuvo de los brazos, apretándola contra la cama. Y agregó que le tocó los genitales mientras intentaba sacárselo de encima. Las agresiones habrían continuado durante más de una hora, describió en la presentación.
El 10 de enero volvió a ocurrir una situación similar en la cocina de la propiedad, detalló la denunciante. La abordó por la espalda le cruzó un brazo por delante para inmovilizarla y con el otro le tocó los pechos y también la volvió a acceder carnalmente mientras le expresaba algunas frases sexuales, pese a la negativa de su entonces cónyuge.
Todo quedó filmado por una cámara de seguridad del domicilio. Con respecto a esto, el contador del Ministerio Público de la Defensa señaló que no hubo abuso. “Es totalmente falso. Después me le acerqué y comenzamos a reírnos. Ella se fue a sacar fotos con mi hijo al patio y yo después se las reenvié. Una persona que sufrió algún tipo de abuso no se va a sacar fotos con mi hijo y después me las pide”, explicó.
Para el contador judicial, la denuncia está relacionada a un tema económico. “¿Por qué esperó hasta el 22 para irse? Ella me dijo que si quería que fuera le diera plata. Le di 100.000 pesos y cinco documentos de 50.000 cada uno. Fue todo tan grosero. Yo grabé esa conversación en audio. Dura 20 minutos. Después de que le di el dinero se fue. No solo eso, ejecutó los cinco documentos restantes, los dejó blanqueados. ¿Es casualidad todo esto”, se preguntó.
El profesional contó que su ex mujer le pedía dinero porque lo había ayudado a conseguir el cargo que tiene. “Dice que ella me consiguió el puesto en el Ministerio Público de la Defensa. Lo único que hizo fue generarme el contacto con el jefe de Recurso Humanos. Por eso es todo dinero”, entendió.
Por último habló de la otra denuncia que le hizo otra ex pareja y madre de su hijo, de los magistrados que intervinieron en la causa y los peritajes psicológicos realizados a la denunciante.
El hombre buscado por el Ministerio Público entendió que toda la causa está armada para perjudicarlo, más cuando entró en escena otra mujer, la madre de su hijo varón, con quien tenía prohibición de acercamiento por algunos conflictos que tuvieron en medio del proceso de separación y los acuerdos por alimentos del niño.
“En el 2017 nos cruzamos en el gimnasio de Regatas y denuncia desobediencia a la prohibición. Me denuncia porque la trataba de ‘mi vida’ y ‘amorcito’. Luego acordamos y levanta la prohibición. Allí todo perfecto. Una relación con la tirantez propia de una pareja separada. Luego me pide el doble de alimento y yo solicito régimen compartido así cada uno se hace cargo de los gastos propios. Allí el abogado (Salinas) le dijo que me denuncie penalmente. En el 2014, la agarré de las muñecas y le di unos besos. Por eso me denunció”, aseguró.
También cuestionó la intervención del jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, y de Moya. El primero dio la orden para que la fiscal de Instrucción solicitara la captura. “¿Los fiscales no han tenido en cuenta los informes de los peritos que dicen que fabula y miente? Todo es totalmente falso. El mismo Iturbide dice en dos escritos que la denunciante fabula. Gustavo Stroppiana (el primer fiscal de la causa, apartado luego del desarchivo de la causa) nunca se puso los pantalones. Todo me parece absurdo, descabellado, una locura. No hay ningún elemento que sostenga que hubo violencia de la género. Esta causa estuvo en esa Unidad Fiscal. La causa no la quería nadie. Todo me parece muy raro”, señaló.
El sospechoso garantizó que se va a presentar cuando sea el momento. “Estoy esperando que mi abogado me haga declarar. Si no voy a ir a la audiencia. Y allí no sé qué va a pasar. Esto es un escándalo provincial. Que se hagan cargo. Además, esto es raro porque no es el accionar de una sola fiscal, ningún fiscal se manda tan sola”.
Todo de nuevo
La denuncia por abuso sexual radicada en el 2019 se reactivó en octubre del año pasado cuando una jueza ordenó el desarchivo. La magistrada Carmen Magro entendió que no se había valorado el hecho con perspectiva de violencia de género. Básicamente, trascendió que esto llevo a la mujer seguir viviendo con el hombre a pesar de los presuntos abusos. Además, el hecho de que eran concubinos no quitaba la posibilidad de la presencia de abuso sexual. Debía existir consentimiento.
El 3 de febrero, la fiscal Moya pidió la detención del contador luego de recibir una directiva el jefe de la Unidad Fiscal, Alejandro Iturbide. Este miércoles 8 llegó a manos de los detectives de Delitos Sexuales de Investigaciones.
El caso llamó la atención porque el sospechoso nunca fue imputado. Sólo se le tomó una declaración informativa cuando la causa estaba en sus primeros pasos en la fiscalía de Gustavo Stroppiana. Este magistrado solicitó el archivo porque a los peritos que trabajaron en la causa no les terminó de cerrar el relato de la denunciante y hablaban de un conflicto económico detrás entre los dos protagonistas.
Luego del pedido de captura y la presentación del abogado defensor Villalba, para una audiencia para el próximo martes 14, este jueves el representante de la denunciante, Sergio Salinas, pidió que sea suspendida.
“Atento el pedido de control jurisdiccional solicitado por la defensa técnica del encartado en autos, y en tanto no se ha efectivizado medida de coerción alguna sobre el mismo, vengo a solicitar se suspensa la audiencia en cuestión por devenir en abstracto el pedido”, señala el escrito que ingresó al Juzgado Penal Colegiado.