La decisión de imputar al policía José Eliseo Funes (40), quien abatió a un malviviente este lunes por la mañana, por la calificación homicidio agravado no fue inmediata ni apresurada. El fiscal Gustavo Pirrello, bajo la directiva del jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, esperó casi dos días para reunir todos los elementos que permitieran definir el rumbo de la causa.
Detrás de esa resolución, que generó un fuerte impacto en la fuerza debido a que la calificación prevé prisión perpetua en caso de ser hallado culpable, hubo tres puntos que resultaron determinantes para el Ministerio Público: el conocimiento previo del vehículo en el que se movilizaba el ex convicto, la investigación paralela y el modo en que actuó durante el tiroteo en Luján de Cuyo.
Imputaron por homicidio agravado al policía que abatió a un ladrón: creen que es un caso de gatillo fácil
El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello imputó este miércoles durante la mañana por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de sujeto activo al policía que mató a un presunto ladrón en Luján de Cuyo.…
El primer elemento que evaluaron los fiscales fue que Funes conocía el auto que perseguía. Tres días antes del enfrentamiento, el efectivo había sido víctima de un robo en calle Sáenz Peña, donde le sustrajeron su arma reglamentaria, una mochila y un par de zapatillas.
Las cámaras del sector registraron la secuencia y mostraron a uno de los ladrones huyendo en un Chevrolet Prisma gris oscuro. Esas imágenes, a las que el policía tuvo acceso, fueron clave para entender que el lunes siguiente, cuando volvió a cruzarse con el mismo rodado en ese departamento, actuó con información previa. Para los investigadores judiciales, eso demostró en esta etapa de la causa que el funcionario policial, quien se encontraba de civil, no se encontró de manera fortuita con el sospechoso, sino que salió a buscarlo.
El segundo punto fue la “investigación paralela” que habría emprendido Funes por cuenta propia. Las fuentes judiciales señalaron que el efectivo, perteneciente a la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), no tenía asignada ninguna tarea en relación con el robo que había sufrido.
Sin embargo, decidió seguir el vehículo que creyó reconocer y encararlo sin dar aviso a sus superiores ni al CEO. Esa decisión, interpretan los fiscales, excedió sus funciones y derivó en una intervención que no correspondía a su rol ni a su jurisdicción.
El tercer aspecto que pesó en la imputación fue la manera en que el policía utilizó su arma. Aunque se identificó y dio la voz de alto, disparó ocho veces contra el Chevrolet Prisma en una zona urbana muy transitada, sin que su vida estuviera en riesgo.
Las cámaras de seguridad confirmaron que el sospechoso, Federico Rubén García, no estaba armado. Esa circunstancia llevó al fiscal Pirrello a descartar la legítima defensa o exceso de esa figura penal y sostener la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de sujeto activo de las fuerzas de seguridad.
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Funes, de 40 años, quedó detenido e iba a ser trasladado al penal en las próximas horas. Aún no declaró ante la fiscalía (se abstuvo al momento que le notificaron la acusación), aunque se espera que lo haga en los próximos días con la asistencia de su defensa técnica.
El expediente, mientras tanto, sigue abierto y podría cambiar de calificación a medida que se incorporen los resultados de los peritajes de Balística y el análisis completo de las grabaciones obtenidas.
El episodio que lo llevó a prisión comenzó el viernes, cuando fue víctima de un robo y terminó, tres días después, con la muerte de un hombre que tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y pasado carcelario. García recibió un balazo en la cabeza y agonizó algunas horas antes de perder la vida en el Hospital Central.
Por lo que detallaron fuentes del caso a este diario, el foco judicial se concentra en determinar si el efectivo actuó por impulso, por venganza o si hubo algún otro motivo detrás del accionar.