Antes de que el expediente llegue a juicio, la Justicia federal cerró una de las últimas discusiones procesales que quedaban abiertas en la megacausa contra la organización narco liderada por Sandra Jaquelina “Yaqui” Vargas. La Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva de su hermano mayor, Luis Alfredo Vargas Méndez (47), el último integrante del clan que logró ser detenido durante un operativo realizado el 13 de marzo en Godoy Cruz.
La resolución, del 3 de este mes, rechazó todos los planteos de la defensa y dejó firme la situación procesal del acusado, un paso que despejó el camino para que el fiscal federal General de Mendoza Fernando Alcaraz -oficializado este miércoles- concluya la instrucción y requiera la elevación a juicio de toda la estructura criminal. Solo resta capturar a uno de los principales acusados: Carlos Damián “Guatón” Vargas, también hermano de los dos citados, quien continúa prófugo.
El fallo de los camaristas Gustavo Castiñeira de Dios, Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Pizarro ratificó el procesamiento que el Juzgado Federal Nº1 había dictado el 21 de abril. Luis Vargas está acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas organizadas y de tenencia ilegal de un arma de guerra, delitos por los que seguirá detenido mientras avanza la causa, que fue potenciada por la Policía contra el Narcotráfico (PCN).
Para sostener el pedido, la defensa había apelado esa decisión argumentando que no existían pruebas suficientes para vincularlo con la organización que tenía base en el oeste godoicruceño.
Sostuvo que las escuchas telefónicas solo mencionaban a un supuesto “Luis”, sin acreditar que se tratara del hermano de la Yaqui; cuestionó que los movimientos de dinero detectados hacia una mujer vinculada sentimentalmente con el acusado fueran producto de actividades ilícitas y pidió, en forma principal, el sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito. También reclamó el cese de la prisión preventiva al entender que Vargas tenía arraigo y no existían riesgos procesales.
La Cámara descartó cada uno de esos argumentos. Los jueces entendieron que el procesamiento estaba suficientemente fundado y que la investigación había reunido un conjunto de indicios concordantes que permitían sostener, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa, que el hombre integraba la organización criminal.
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El rol que le atribuye la investigación
Para la Justicia federal, la estructura tenía un funcionamiento claramente jerarquizado y familiar, tal como sostenía la pesquisa de la PCN y las órdenes se impartían desde la cárcel.
En la cúspide ubicó a la Yaqui, como la organizadora y financista de la banda que, según las pruebas incorporadas, operó al menos desde mayo de 2024 administrando distintos puntos de venta de droga en el Campo Papa y otros complejos colindantes.
La mujer, que en agosto cumplirá 50 años, se encuentra purgando una dura condena unificada por drogas, lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros delitos, desde su captura en el 2014.
Debajo de ella aparece su hermano, el “Guatón“, a quien le atribuyeron la coordinación operativa, la distribución de estupefacientes y la recaudación del dinero.
En ese esquema, Luis Alfredo tenía una función específica: abastecer de droga a Daniela Lourdes Palma Echeverría, una de las principales vendedoras de la organización.
La reconstrucción judicial y policial también sostiene que Liliana Elizabeth Echeverría, su madre, actuaba como mano derecha de la Yaqui y era responsable del almacenamiento, fraccionamiento, venta y recaudación del dinero; Palma comercializaba estupefacientes, entregaba dinero y alertaba sobre la presencia policial; Silvina y Karen Gélvez Vargas, hijas de la Yaqui, intervenían en el abastecimiento y la recaudación; Gastón Brian Caballero custodiaba droga perteneciente al grupo; Delfina Abigail Correa administraba las transferencias de dinero; Axel Gastón Sosa colaboraba con distintas maniobras de tráfico; Mauro Jesús Gélvez Vargas, el hijo varón de la jefa narco, cumplía funciones de custodia armada y participaba en operaciones de comercialización; mientras que Nélida Yolanda Pérez también intervenía en la tenencia y venta de estupefacientes, tal como viene publicando este diario.
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La conversación que terminó comprometiéndolo
Uno de los principales cuestionamientos de la defensa era que nunca se había demostrado que el “tío Luis” mencionado en distintas escuchas fuera Luis Vargas.
Los camaristas sostuvieron exactamente lo contrario. Después de analizar de manera conjunta las intervenciones telefónicas, concluyeron que las referencias apuntaban al hermano de la Yaqui y que esas conversaciones se complementaban con el resto de la evidencia reunida durante más de un año de investigación.
Entre ellas sobresale una comunicación del 9 de enero del año pasado, considerada una de las más comprometedoras para el acusado y reproducida expresamente en el fallo:
“…estamos esperando porque el tío Luis pidió algo…”
A esa frase, Daniela Palma respondió:
“…si no llega a tener mercadería de él, que vengan a buscar la del Mauro…”
Para la Cámara, ese diálogo no solo permitía identificar al mencionado “tío Luis” con Luis Alfredo Vargas, sino que además reforzaba la hipótesis de que cumplía funciones de abastecimiento dentro de la estructura dedicada al comercio de estupefacientes.
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También los magistrados valoraron otra serie de conversaciones donde Palma afirmaba que debía salir “a buscar unas cosas” porque “me avisó el tío Luis”, además de una extensa charla en la que su madre hacía referencia a la utilización de menores para trasladar droga y mencionaba la casa del acusado.
En ese contexto, concluyeron que, analizada en forma integral, la prueba permitía sostener que las referencias a “Luis” y “tío Luis” correspondían al imputado.
La Cámara dedicó un apartado específico a otro aspecto que terminó pesando sobre la situación procesal del acusado: sus antecedentes vinculados al narcotráfico, tal como había sostenido el Ministerio Público.
Recordó que Luis Vargas ya registraba condenas por infracción a la Ley 23.737 y que esa experiencia explicaba, incluso, los recaudos adoptados por la organización para evitar comunicaciones directas entre sus principales integrantes. Pero esos antecedentes también fueron determinantes para confirmar la prisión preventiva.
El fallo recordó que este hombre nacido el 28 de marzo de 1979 registra una condena anterior de cinco años y tres meses de prisión por infracción a la ley de drogas y sostiene que esa circunstancia, sumada a la gravedad de los delitos investigados, la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo y el hecho de haber permanecido prófugo durante varios meses, incrementaba el riesgo de fuga.
Ante esto, sostuvieron que el pedido de captura se había librado el 30 de junio del año pasado y que el acusado permaneció prófugo hasta su detención, el 13 de marzo de este año. Esa conducta fue considerada una evidencia concreta de que existía peligro procesal y justificaba mantener la prisión preventiva.
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El partido que terminó con una captura
La caída de Luis Vargas no ocurrió durante un allanamiento ni luego de una persecución. Fue detenido mientras disputaba un partido de fútbol cinco en unas canchas ubicadas sobre Huergo y Cipolletti, en Godoy Cruz.
Los investigadores de la PCN recibieron el dato de que esa noche el hermano de la Yaqui iba a jugar allí. Personal de Inteligencia Criminal montó una discreta vigilancia y, cuando confirmó su presencia dentro de la cancha, resolvió intervenir.
El operativo debía realizarse con rapidez para evitar incidentes, ya que había numerosos jugadores y espectadores en el predio. Vargas vestía la camiseta número 10, blanca y azul, con la inscripción “Macanakas” en la espalda.
Cuando llegaron los refuerzos, los policías ingresaron directamente al campo de juego, lo sorprendieron mientras el partido seguía disputándose y lo redujeron en cuestión de segundos. Fue retirado del lugar sin que se registraran incidentes y trasladado primero a la Comisaría Sexta y luego quedó a disposición de la Justicia federal.
Así las cosas, la causa quedó en condiciones de ingresar en su tramo final. Mientras el Ministerio Público Federal avanza hacia el requerimiento de elevación a juicio contra todos los imputados, la única pieza importante que continúa fuera del alcance de la causa es el “Guatón“, señalado como el coordinador operativo de la organización y sobre quien todavía pesa un pedido de captura.