La jefa narco del oeste de Godoy Cruz Sandra Jaquelina Vargas, conocida popularmente como la “Yaqui”, volvió a sentarse frente a un tribunal federal para intentar frenar el procesamiento y la prisión preventiva que le dictaron en noviembre del año pasado en una nueva causa por presunta venta de estupefacientes.
Tal como publicó este diario, la audiencia se realizó el miércoles en la Cámara Federal de Mendoza, integrada por los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Enrique Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro. Esta semana se conocerá la resolución que definirá si la mujer de 49 años continúa detenida bajo este nuevo expediente.
Procesaron otra vez a la Yaqui Vargas como jefa de una organización narco
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Vargas cumple una condena de 15 años impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 en el 2016, con vencimiento en 2031. Sin embargo, enfrenta un nuevo procesamiento en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, iniciada en mayo de 2024 y que derivó en allanamientos realizados por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) el 27 de junio del año pasado en distintos domicilios de Godoy Cruz, principalmente en personajes de su círculo íntimo en el asentamiento Campo Papa.
El abogado defensor de Vargas, Enoc Ortiz, centró su planteo en un punto clave: no existe ninguna intervención telefónica directa de Vargas. Según explicó, toda la imputación se construyó a partir de escuchas a terceros-entre ellos las señaladas manos derecha de la jefa narco, Liliana Echavarría y su hija Daniela Palma (detenida nuevamente en esta causa luego de que le revocara la domiciliaria) y familiares de la acusada- que la mencionan, pero sin que ella participe en las conversaciones.
El letrado dijo ante los camaristas que su asistida fue señalada como líder de una organización que operaría en el Campo Papa, pero que esa atribución se apoya únicamente en “dimes y diretes” y presunciones. “No hay droga secuestrada en su domicilio ni elementos que acrediten su intervención directa”, fue la línea argumental del defensor.
También cuestionó la interpretación de términos utilizados en los audios, como las referencias a “la Doña” y “la Yaqui”. Para la defensa, se trata de personas distintas dentro de la misma barriada y no puede darse por probado que cuando se menciona a “la Doña” se esté hablando de Vargas.
Otro eje del planteo fue la prisión preventiva. Ortiz sostuvo que no existen riesgos procesales concretos. Argumentó que su clienta ya estaba privada de libertad, gozando de salidas transitorias controladas, y que en todo caso podría suspenderse ese beneficio, pero no dictarse una nueva medida de coerción. “¿A dónde se va a fugar si ya estaba presa?”, cuestionó ante los camaristas.
Además, denunció una supuesta persecución histórica contra su defendida y recordó que en la causa anterior hubo, según su postura, presiones políticas para mantenerla detenida, principalmente del gobernador de aquellos días, Francisco Paco Pérez.
Lo cierto es que, en ese expediente que se le inició en el 2013, en medio de una feroz guerra narco en el oeste y luego del crimen de quien era su marido, Cristian Mauricio Gelvez, la Yaqui fue condenada a 15 años de cárcel por venta de drogas y lavado de dinero, en lo que fue por aquellos días la condena más elevada del país por este último delito.
El rol que le endilgó la fiscalía
Del otro lado, el fiscal federal Fernando Alcaraz pidió que se rechace la apelación y se confirme tanto el procesamiento como la prisión preventiva.
Según explicó, el juez de primera instancia sí identificó un rol concreto para Vargas: la habría considerado líder de la estructura, impartiendo instrucciones desde el lugar de detención y coordinando la operatoria durante sus salidas transitorias de fin de semana. De acuerdo con esa hipótesis, Carlos Damián Vargas, conocido como Guatón y actualmente prófugo en este expediente, actuaría como nexo operativo y otro familiar como encargado del abastecimiento.
Alcaraz remarcó que en los domicilios allanados se secuestraron 650 envoltorios tipo “raviol” de cocaína y marihuana fraccionada en más de 300 cigarrillos, además de otros 140 envoltorios con la misma sustancia. Para el fiscal, la forma de distribución de la droga evidencia una estructura de narcomenudeo organizada.
Respecto de las escuchas, el fiscal admitió que no hay intervenciones directas a la línea de Vargas, pero explicó que ello se debe a que se encontraba detenida. En cambio, destacó conversaciones en las que Echavarría mencionaba que debía “rendir cuentas” e ir a ver a“la Doña” o a “la Yaqui”, en fechas que coincidirían con los días en que Vargas salía del penal. Esos movimientos, indicó, fueron corroborados por el testimonio de un remisero que la trasladaba desde el penal del Borbollón los viernes por la noche y la reintegraba los domingos.
Para el Ministerio Público, las conversaciones no son hechos aislados, sino que, leídas en conjunto y contrastadas con lo ocurrido fuera de los audios, permiten inferir una coordinación real.
Los argumentos del hijo: “No es el brazo armado”
En la misma audiencia también apeló Mauro Gelvez Vargas, hijo de la acusada. La defensa sostuvo que el joven fue sobredimensionado en su rol y que no existen pruebas para ubicarlo como “custodia armada” de una organización.
El fiscal, en cambio, señaló que en el allanamiento del domicilio donde se encontraba se secuestró una pistola Browning 9 milímetros con munición y proyectiles de otros calibres. Además, mencionó conversaciones que lo vincularían a conflictos armados en la zona. A su entender, no se trata de una simple tenencia aislada sino de un engranaje dentro de una estructura más amplia.
La fiscalía también invocó riesgos procesales en su caso, remarcando que hay otros imputados prófugos y que la causa aún tiene medidas pendientes, como informes de ANMAC y peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados.
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Qué se define esta semana
Tras escuchar a las partes, la Cámara dispuso un intervalo de cinco días por la complejidad del expediente antes de resolver. La decisión será clave: si confirma el procesamiento y la prisión preventiva, Vargas seguirá detenida bajo este nuevo proceso mientras cumple su condena anterior. Si hace lugar al planteo defensivo, podría declararse la nulidad y revisar su situación de encierro en esta causa.