Un video en el que un hombre golpea reiteradamente y de manera brutal a su pareja se viralizó en las últimas horas y puso bajo la lupa la actuación de la Justicia de Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
El agresor ya habría sido identificado como Rodrigo Carrica, mientras una organización que tomó intervención en el caso cuestionó la demora en la adopción de medidas para proteger a la víctima, pese a la existencia de registros audiovisuales y fotografías de la agresión.
Las imágenes muestran al hombre revisando el teléfono celular de la mujer y, en medio de la escena, golpeándola en reiteradas oportunidades. La víctima intenta detenerlo y le pide que pare, pero la violencia continúa.
El material fue difundido por la propia mujer a través de sus redes sociales y rápidamente comenzó a circular, generando repercusión y reclamos para que se avance con la investigación.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, de Río Negro, tomó conocimiento directo de la situación y aseguró contar con material que considera de alto valor probatorio, entre registros fílmicos y fotográficos.
Desde la entidad reclamaron una intervención urgente de las autoridades y advirtieron que la demora en una causa de estas características puede dejar expuesta a la víctima. “La violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro”, señalaron.
El caso tramita desde el 28 de septiembre en la UFI N°1 de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Fernández, bajo la calificación de lesiones leves en contexto de violencia de género.
La investigación se inició luego de que la mujer difundiera el video y se presentara en el Hospital Municipal de Tapalqué, donde los profesionales constataron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.
En ese contexto, la joven manifestó que sufría violencia de género por parte de Carrica y posteriormente ratificó sus dichos al realizar la denuncia.
Según fuentes judiciales, el video habría sido registrado tiempo atrás y la víctima no pudo precisar la fecha exacta en la que ocurrió la agresión. Ese dato forma parte de los aspectos que deberán ser establecidos durante la investigación.
Mientras el expediente avanza, Madres que rompen el silencio reclamó ante el Departamento Judicial de Azul que se agilicen las actuaciones policiales y judiciales y que se dicten medidas de protección y una restricción perimetral efectiva para resguardar a la mujer.
“No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian”, sostuvo la organización, que anunció que permanecerá en estado de alerta hasta que se adopten medidas concretas para garantizar la seguridad de la víctima.
Con información de NA e Infobae.