El juicio oral por el asesinato del ex despachante de aduana e informante policial Diego Alfredo Aliaga continuó este martes con uno de los testimonios más esperados por las partes, la del médico forense Hugo Alberto San Martino, quien por aquellos días era supervisor técnico del Cuerpo Médico Forense y realizó la necropsia correspondiente al cadáver luego de que fuera hallado enterrado el 10 de setiembre del 2020 en Costa de Araujo, Lavalle.
La declaración del profesional era considerada de importancia porque aclararía algunos de los puntos del informe sobre las causas del deceso del hombre de 51 años, quien también era llamado nexo de una presunta organización que cobraba coimas a cambio de beneficios procesales a ciertos detenidos del Juzgado Federal Nº1, que tiene al juez Walter Bento como uno de los principales sospechosos.
Luego de exposición, dos de los procesados, principalmente Gastón y Lucas Curi, respiraron con mayor tranquilidad de cara a lo que viene antes del inicio de los alegatos de las partes, que podrían desarrollarse en algunos meses, debido a que aseguraron que no tenían nada que ver con el homicidio.
Lo mismo ha dejado trascender su madre, Bibiana Sacolle, quien todavía no habló en el juicio. Otros acusados, como Diego Barrera y Yamil Rosales, continúan complicados ante la resolución que dará a conocer en algunos meses el Tribunal Oral Federal Nº1, a cargo de Alberto Daniel Carelli, Alejandro Piña y María Paula Marisi.
De acuerdo con fuentes judiciales, San Martino explicó que Aliaga presentaba una lesión en la cabeza y también en la espalda, entendiendo que pudieron haberse producido con el traumatismo de algún objeto.
La teoría de los investigadores del caso sostiene que la víctima fue abordada y reducida y después golpeada con fines económicos, es decir, para que firmara algunos documentos de propiedades y vehículos para que cambiaran de dueño sin su correspondiente contraprestación. Acto seguido, el forense señaló que murió por asfixia mecánica por oclusión de las vías aéreas: sofocación.
Cuando fue hallado el cuerpo, descubrieron que presentaba una prenda tipo polar negra que cubría casi la totalidad de la parte anterior y posterior de la cabeza en forma circundante. Al ser extraído, observaron que una bufanda tapaba los ojos y una cinta adhesiva hacía lo mismo en la región bucal. No sólo eso: dentro de la boca había un fragmento de tela azul oscuro con forma irregular.
Para San Martino, desde que a Aliaga le colocaron ese trapo en la boca hasta que falleció, pasaron apenas dos minutos y no tenía marcas de haber sido atado. Aclaró también que había restos de alimentos en las vías respiratorias y este fue un detalle de importancia, debido a que coincidiría con lo ingerido por la víctima en la mañana del martes 28 de julio, cuando desapareció, ya que fue captado por las cámaras de seguridad de una estación de servicio de Maipú desayunando una tortita con café.
El análisis que realizó el forense sintonizó –en parte– con lo que declararon en el debate los hermanos Curi, quienes aseguraron que Aliaga se encontraba muerto cuando el cadáver fue llevado hasta el galpón de calle Jujuy.
La defensa de estos jóvenes, a cargo de Gemina y Anahí Venier, insiste desde un principio en que Aliaga falleció en la propiedad de calle Bandera de los Andes de Rodeo de la Cruz, donde inicialmente se encontraron Diego Aliaga y Diego Barrera, su socio y principal sospechoso del crimen, en la mañana del martes 28 de julio del 2020.
En esa misma versión está situado Yamil Rosales, un empleado de Barrera que está sospechado también de participar en el hecho para luego deshacerse del cadáver a cambio de dinero.
Contrariamente, la hipótesis de la fiscalía puntualiza que Aliaga fue inmovilizado en Rodeo de la Cruz y luego transportado con vida en uno de los utilitarios de la empresa de transportes Solicito (propiedad de Barrera y Sacolle) hasta el citado galpón de la Cuarta Sección, donde guardaban la flota de vehículos. En ese sector habría estado privado de la libertad un par de días y después, asesinado.
San Martino dijo que el cadáver fue enterrado rápidamente después del crimen, por lo que la postura del Ministerio Público también se potenció al analizar lo que revelaron las antenas de teléfonos del sector donde hallaron el cadáver: Rosales estuvo en la zona entre el 31 de julio y el 1 de agosto.
Uniendo la declaración del forense con la prueba donde se ubicaba el celular, la fiscalía entiende que Aliaga estuvo secuestrado un par de días en calle Jujuy -de hecho, Rosales habría pasado la noche allí- y fue ultimado horas antes de ser enterrado en Lavalle.
El debate por el secuestro y posterior asesinato de Aliaga está lejos de terminar. Si bien ya declaró una importante cantidad de testigos, todavía restan decenas de testimonios y el desarrollo de los alegatos de las partes. Las fuentes judiciales consultadas por El Sol estiman que, recién a fin de año, podría ventilarse el fallo.
Desaparecido
La reconstrucción del hecho revelado por este diario sostiene que Aliaga y Barrera pasaron juntos la noche del lunes 27 y la madrugada del martes 28 julio del 2020 en la vivienda del primero de ellos, en el barrio Palmares, en Godoy Cruz. Tenían pensado reunirse durante horas de la mañana en la propiedad de calle Bandera de los Andes.
Supuestamente, había una inspección municipal en el inmueble mientras avanzaban las obras para desarrollar en conjunto un centro de rehabilitación para chicos con discapacidades. A pesar de esto, los detectives creen que se trató de un engaño para que Aliaga llegara hasta el lugar para ser atacado.
En ese punto, sostiene la investigación del fiscal Fernando Alcaraz, la víctima fue atacada con fines económicos. Consideran que Barrera buscaba que Aliaga firmaba algunos papeles de transferencias para quedarse con un domicilio en el coqueto barrio Dalvian y algunos vehículos de alta gama (Barrera dijo que esa casa y los autos ya los había comprado). Un perito caligráfico declaró en el juicio y potenció esa teoría al señalar que los escritos de puño y letra de Aliaga en esos documentos los hizo bajo presión y miedo.
Aliaga desapareció y su hermano Gonzalo se dirigió a radicar la denuncia por averiguación de paradero a la Oficina Fiscal Nº19 de Guaymallén. Minutos antes de las 13 recibió un llamado extorsivo: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde, que ya te vamos a llamar”, le dijeron, mientras radicaba la denuncia. Esto provocó que el caso diera un giro de 180 grados. Pasó a la Justicia federal y comenzó a trabajarse como un secuestro extorsivo.
El 10 de setiembre, con la familia Barrera-Sacolle tras las rejas desde el 3 de agosto y luego de la confesión como arrepentido de Yamil Rosales, quien trabajaba para Solcito como chofer, los pesquisas de Investigaciones hallaron el cadáver de Aliaga enterrado en un descampado de Costa de Araujo.