Una denuncia que se radicó días atrás en la Justicia contra un detective de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) generó un fuerte malestar y preocupación en la Policía de Mendoza y en la cúpula del Ministerio de Seguridad, debido a que afectó el trabajo de campo que realizan integrantes de Investigaciones.
La presentación, que se recepcionó en la Oficina Fiscal Nº 2 de la Comisaría Sexta, apuntó contra un oficial ayudante por supuestas amenazas contra la familia de un sujeto que tiene dos pedidos de captura en expedientes de violencia de género. Sin embargo, el policía nunca tuvo contacto directo con el sospechoso ni con su entorno y sólo se dedicaba a hacer las tareas de campo correspondientes en la zona donde podría encontrarse, indispensables para ir incorporando pruebas para sostener un pedido de detención posterior.
Para las autoridades policiales que tomaron contacto con la presentación, el efectivo estuvo lejos de cometer algún tipo de acto intimidatorio hacia los allegados de ese individuo, básicamente porque se encontraba en búsqueda de información que lleven a su paradero. El sujeto, de 35 años, continúa prófugo por causas de amenazas y robo simple contra una ex pareja.
Explicaron que todo ocurrió en el marco de las averiguaciones y tareas de campo que estaba desarrollando con la finalidad de dar con el lugar donde podría encontrarse el individuo buscado y detenerlo para ponerlo a disposición de la fiscalía interviniente.
A raíz de la denuncia, que radicó el padre del individuo que se encuentra en la orden del día, desde Sanidad Policial, área dependiente de la Dirección de Capital Humano de la cartera de Seguridad, ordenaron retirarle el arma reglamentaria al funcionario y que cumpla con algunos días de licencia mientras se analiza su situación.
También se le inició un expediente administrativo en la Inspección General de Seguridad (IGS), tal como lo dicta el protocolo, y enfrenta una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Correccional Lauro Monticone.
El caso generó inquietud en la Dirección de Investigaciones, ya que se vio afectado un efectivo que tiene amplia experiencia en la búsqueda de personas y que supo integrar la disuelta División de Búsqueda de Prófugos. No solo eso. Temen que la denuncia siente un precedente negativo a futuro y las repercusiones alcancen a otros policías que cumplen ese mismo tipo de tareas. “Los policías de Investigaciones podrían sentirse desprotegidos por hacer su trabajo, es decir, investigar delitos o las personas que tienen pedido de captura”, explicó una alta fuente de esa Dirección.
Incluso, las fuentes consultadas agregaron que los funcionarios de esa área hicieron llegar su preocupación al ministro de Seguridad, Raúl Levrino, debido a que consideraron que la denuncia atípica e insólita.
De investigador a investigado
De acuerdo con la información a la que accedió El Sol, fue durante la siesta del viernes 7 de marzo que el detective de la UID Guaymallén se dirigió hasta la zona del barrio Sueños de María, en Las Heras, con el objetivo de investigar el entorno del sujeto buscado por violencia de género. El sospechoso tenía pedido de captura vigente en dos expedientes.
Las denuncias contra ese individuo fueron radicadas por su ex pareja el 28 de enero y el 11 de febrero en la Oficina Fiscal Nº 19, que funciona en la Comisaría 35ª de Rodeo de la Cruz y días después la fiscal de Violencia de Género Mariana Pedot solicitó su captura.
Ante la posibilidad de que el prófugo estuviese ocultándose en el domicilio de sus padres, el pesquisa entrevistó a algunos vecinos del complejo para obtener información que le permitiera avanzar en sus labores.
Al parecer, uno de los lugareños con el que habló el policía para sumar datos en su rastrillaje, rompió con esa confidencialidad de palabra entre investigador e informante y le avisó al padre del prófugo que su hijo estaba siendo buscado.
Fue allí que el progenitor del acusado por violencia de género decidió acudir a la sede judicial y denunciar al policía, sin que el efectivo tuviera contacto con él o su familia, se desprende de la denuncia.
Este diario accedió a los detalles de esa presentación judicial, que fue radicada a las 21.39 del citado día.
El denunciante aportó sus datos filiatorios y procedió a relatar a que las 15.30 de esa jornada se encontraba en su domicilio y un vecino que trabaja en un quiosco colindante fue a comentarle sobre un policía que estuvo averiguando sobre hijo.
“Sabía los movimientos de toda mi familia, dónde trabajamos cada uno y en especial de mi hijo”, relató ante las autoridades judiciales. Y agregó que “este sujeto nos habría amenazado con que iban a reventar la casa”.
Fue esa frase en la que se apoyó el hombre para sustentar la denuncia contra el efectivo de la UID Guaymallén, ya que aseguró sentir “miedo e impotencia” y que creía que le podían hacer “algún daño a su domicilio o físicamente”.
Eso sí, explicó que jamás había visto al funcionario policial y dejó en claro que no tomó ningún tipo de contacto directo con él.
Esos dichos son los que el Ministerio Público está analizando para determinar si el detective cometió algún tipo de delito en el marco de sus labores investigativas, aunque la causa no ha tenido mayores avances y hasta este miércoles el fiscal del caso no tomó ningún temperamento contra el policía.