La Justicia comenzó a mover este martes el expediente por el hábeas corpus colectivo y correctivo presentado por todos los internos alojados en el Complejo Penitenciario Almafuerte I, en Cacheuta, donde se denunció un fuerte deterioro en las condiciones de detención, hacinamiento, problemas sanitarios, deficiencias en el suministro de agua y restricciones en las comunicaciones y visitas.
El juez Diego Flamant resolvió avanzar con una amplia producción de prueba y ordenó una serie de informes urgentes al Servicio Penitenciario, además de disponer entrevistas personales con referentes de cada módulo y ala del penal para este miércoles entre las 10 y las 11 en la secretaría judicial instalada dentro del complejo.
Ese punto aparece como el eje central de la resolución a la que accedió El Sol, que reveló la situación: el magistrado buscará escuchar de manera directa a representantes de todos los sectores del penal de máxima seguridad debido a que, según surge de la presentación, cada módulo presenta problemáticas diferentes vinculadas al alojamiento, acceso a salud, calefacción, agua potable, régimen de visitas y educación.
La acción judicial fue presentada por la abogada María Elena Quintero en representación de toda la población penal del establecimiento.
En el escrito, la letrada denunció un agravamiento generalizado de las condiciones de encierro y apuntó tanto contra el Servicio Penitenciario como contra la falta de controles de otros organismos vinculados al sistema carcelario.
En la resolución firmada este martes en el expediente, Flamant le otorgó un plazo de 24 horas a la Dirección de Almafuerte para responder un extenso cuestionario sobre el funcionamiento interno de la cárcel.
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Entre los principales requerimientos, el magistrado exigió precisiones sobre la capacidad de cada módulo y ala, detallando específicamente los casos de sobrepoblación.
El punto aparece directamente relacionado con una de las denuncias centrales del hábeas corpus, donde se aseguró que sectores preparados para 72 internos actualmente alojan entre 100 y 140 presos.
Además, el magistrado pidió informes sobre el funcionamiento del sistema de provisión de agua en todos los pabellones, incluyendo problemas de suministro y turbiedad. También solicitó detalles sobre la logística aplicada cuando la bomba principal del complejo presenta desperfectos.
Ese aspecto había sido especialmente cuestionado por la letrada, que sostuvo que hubo períodos de hasta un mes sin agua corriente y que el abastecimiento debió realizarse mediante camiones, con cortes prolongados que afectaban la higiene y hasta la elaboración de alimentos.
La resolución también avanzó sobre otro de los reclamos sensibles: la calefacción.
Flamant requirió un informe detallado sobre el funcionamiento del sistema en cada módulo y si existen sectores afectados por fallas, en momentos donde los internos denunciaron falta de abrigo, ausencia de colchones y detenidos durmiendo en el piso en medio de las bajas temperaturas.
En materia sanitaria, pidió precisiones sobre la logística de atención médica en cada ala, días y horarios de asistencia, tiempos de entrega de medicamentos, provisión de prótesis e insumos de enfermería, además del estado de implementación de guardias sanitarias permanentes dentro del penal.
El pedido, uno de los más amplios
El hábeas corpus sostiene que la atención médica se limita a un día semanal por módulo y con cupos reducidos, además de denunciar demoras de meses e incluso años para derivaciones hospitalarias e intervenciones quirúrgicas.
Otro de los ejes del requerimiento judicial apunta a las comunicaciones dentro del complejo. Flamant solicitó conocer el estado del sistema telefónico implementado para los internos luego del retiro de los celulares ordenado por el Servicio Penitenciario.
La presentación de Quintero cuestionó duramente esa medida y advirtió que se ejecutó sin contar previamente con mecanismos alternativos eficientes, generando aislamiento y dificultades para mantener contacto con familiares y defensores.
La resolución también puso bajo análisis el régimen de visitas. El magistrado pidió información sobre horarios de apertura, tiempos de requisa, duración real de los encuentros familiares y medidas previstas para las personas que esperan fuera del penal.
En ese punto, la presentación judicial denunció largas filas a la intemperie, falta de sanitarios y controles considerados vejatorios durante los ingresos. Incluso se mencionó el caso de una niña que no habría podido ingresar por la ropa que llevaba puesta.
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El juez además exigió datos sobre actividades educativas, recreativas y de esparcimiento dentro de Almafuerte. Solicitó información sobre cupos disponibles en CENS, CEBJA y capacitaciones laborales, demanda insatisfecha y logística de funcionamiento en cada sector del establecimiento.
La acción judicial también cuestionó las restricciones laborales dentro del penal y denunció escasez de puestos de trabajo, bajos salarios y pocas actividades deportivas y recreativas para la población alojada.
Con esta primera resolución, Flamant abrió formalmente la etapa de producción de prueba y comenzó a relevar de manera directa la situación interna de la cárcel más poblada de la provincia, en medio de reiterados episodios de violencia, requisas masivas y denuncias cruzadas sobre las condiciones de detención.