Apenas se supo que los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi habían solicitado imputar al titular de Aysam, Humberto Mingorance, por el desastre ambiental ocasionado por los derrames cloacales en Los Corralitos, se activó una red entre los funcionarios de diferentes estamentos para proteger a uno de los hombres de máxima confianza del gobernador Alfredo Cornejo.

En distintas circunstancias, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, utilizaron exactamente los mismos argumentos para defender a Mingorance. En todos los casos, apelaron a que el problema en Los Corralitos, focalizado en la zona de 2 de Mayo y Severo del Castillo, es consecuencia del colapso de la red cloacal, y que se trata de una contingencia que va más allá de los nombres que conducen Aysam. Porque, además de Mingorance, parte del directorio de la principal empresa de agua y saneamiento de Mendoza también quedó en la mira de la Justicia.

La estrategia es desviar el foco y minimizar la responsabilidad de Mingorance en el desastre ambiental ocurrido en Guaymallén. La falacia de la pista falsa. Apuntan a que se trataba de una situación insostenible y que, más temprano que tarde, iba a generar un caos total porque no había solución a corto plazo. Aún así, no hubo plan de mitigación previo. No se previó una posibilidad que, para los técnicos que hablan en off, era inminente. E incluso así, a Mingorance no lo imputaron por eso.

La decisión avalada por los fiscales generales adjuntos Gustavo Pirrello y Paula Quiroga va por el lado de la imprudencia y la irresponsabilidad. Y pone el foco sobre quienes tienen el poder de decisión en Aysam y sobre quiénes (esta vez con tilde) se encargan de llevar adelante los controles de un recurso crítico.

La calificación legal del expediente contra Mingorance y los gerentes Darío Hernández y Carlos Sifuentes se refiere a quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Así está descrito en el artículo 55 de la Ley 24.051, que regula el tratamiento de residuos peligrosos en Argentina.

En concreto: las imputaciones no son porque explotaron las cloacas, sino porque lo que se hizo después de que eso ocurriera.

Mingorance no es un funcionario más. Es uno de los pocos que acompañó a Cornejo en su gestión como intendente de Godoy Cruz y luego pasó a la provincia, donde estuvo a cargo de Medio Ambiente, lugar mantuvo durante la gestión de Rodolfo Suarez. Allí estuvo involucrado en una serie de cuestionamientos vinculados sobre el manejo del Parque Provincial Aconcagua y las demoras en construcción del Ecoparque. También protagonizó una polémica por inconsistencias en su declaración jurada.

Ahora quedó en la mira de la Justicia por la decisión de romper un muro para verter efluentes cloacales crudos sobre un canal de riego. Según la investigación, basada en una resolución de Irrigación, esta acción se tomó de manera deliberada, sabiendo el peligro para la salud que eso implicaba. Aún así, se siguió adelante. Y no una vez, sino dos. Se detectó la primera y se volvió a romper una segunda vez.

“Daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso con contaminación de agua de modo peligroso para la salud”, se lee en el expediente por el cual el funcionario ya fue notificado.

La normativa es clara en este aspecto. Estipula que cuando la contaminación o el envenenamiento “se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”. En ese combo, entra Mingorance.