Más de 13 años después del crimen de Micaela Reina, la niña de 12 años violada y asesinada en Guaymallén, la Suprema Corte de la provincia anuló el segundo juicio del caso y ordenó el lunes que se vuelva a realizar.

En ese debate, que se hizo en 2014, resultaron absueltos Marta Reina, la madre de la pequeña, y su marido, Ramón Duarte (63), a quien complicaba un cotejo de ADN y había confesado el delito.

Debido a las pruebas que habían en su contra, el fallo de la Séptima Cámara del Crimen, que estaba presidida por Gabriela Urciuolo e integrada por Agustín Chacón y Alejandra Mauricio, generó una fuerte polémica. La razón para no hallar culpable a Duarte se debió a un error judicial: por el asesinato ya se encontraba condenado a 15 años de prisión el padre de la niña, Alejandro Prádenas (51).

La sentencia de ese primer debate, realizado en 2009, fue ratificada por la Corte y tiene un pedido de revisión del juicio, que podría definirse una vez finalizado el nuevo proceso, el cual será programado para el año próximo.

El progenitor se encuentra detenido desde hace tres años. En 2017 fue detenido en la Quinta Sección de Ciudad tras permanecer varios años prófugo, debido a que se fugó cuando se encontraba en libertad tras el fallo del máximo tribunal local en 2010, que no sólo confirmó la condena en su contra, sino que la elevó a 15 años, ya que había recibido una pena de 6 años en el juicio oral.

Para los abogados defensores de Prádenas, Gabriela Massad y Ariel Civit, se debe declarar la inocencia de su cliente, por falta de pruebas en su contra.

Ahora esperan que su pedido avance luego de que los jueces supremos Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio hicieron lugar al recurso de casación que fue presentado por el jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios Fernando Guzzo.

El panorama para Duarte es complicado. Fuentes allegadas al expediente explicaron que sería difícil que no resulte condenado en esta oportunidad, ya que son varias las pruebas que lo tienen acorralado: una mochila de la niña hallada cerca de su casa, el último recorrido que hizo en colectivo, el cotejo de ADN positivo a una mancha de semen hallado en el pantalón de la víctima y hasta su propia confesión.

Por su parte, Marta Reina buscará zafar nuevamente de un fallo condenatorio. Para su defensor, Sergio Carreño, la mujer es inocente y no entregó a su hija para ser abusada, como señalaba la investigación, sino que la dejó a cargo de su pareja para que la cuidara.

El caso

El cuerpo de Micaela Reina fue hallado la tarde del 17 de mayo de 2007 en la pileta de una bodega de calle Sarmiento, en Guaymallén. Fue hallado por un grupo de indigentes que se reunía en ese lugar a consumir bebidas alcohólicas.

Uno de ellos, identificado como Apolo Jacob Díaz, dio aviso a la policía y terminó detenido como principal sospechoso. El muchacho pasó a la cárcel y quedó comprometido por el cotejo positivo de ADN a los restos de fluido seminal que se encontraron en un jogging que vestía la víctima cuando fue asesinada.

Pero esa prueba genética terminó por caerse durante el primer juicio, al que también llegaron como acusados al padre y el tío de la pequeña, Alejandro y Walter Prádenas. Fue la defensa de Díaz quien solicitó la nulidad de ese peritaje, debido a que el fiscal Alejandro Iturbide -ahora jefe de Delitos Contra la Integridad Sexual- jamás le notificó a la defensa sobre la medida.

Ante eso, la Quinta Cámara del Crimen, presidida por Laura Gil de Chales e integrado por Rafael Escot y Gonzalo Guiñazú, hicieron lugar al pedido de la defensa del indigente y lo apartaron del debate. Además, dirigió fuertes críticas contra Iturbide, que quedó en el centro de la polémica.

Al mismo tiempo, el entonces fiscal Especial Eduardo Martearena -ahora juez de un Tribunal Penal Colegiado- ordenó realizar una nueva extracción de sangre para repetir el cotejo y en esa oportunidad resultó negativo, por lo que en 2010 Díaz quedó en libertad.

Dos años después, cuando el caso ya había pasado a un tercer fiscal, Santiago Garay, se comenzó a trabajar una nueva línea investigativa que apuntaba contra Marta Reina y su segundo marido, Ramón Duarte.

El hombre se había casado con la madre de la víctima en plena investigación y antes de eso había sido su amante. De las escuchas telefónicas surgió que mantenían una relación previa al crimen de Micaela.

A partir de eso, los detectives del caso comenzaron a unir una serie de pruebas que apuntaban contra Duarte. En primer lugar, a través del abono de colectivo de la criatura se logró establecer que la última vez que viajó, antes de ser asesinada, tomó una línea que pasaba a 200 metros de la vivienda del hombre, en El Algarrobal, Las Heras.

Asimismo, se habían hallado cerca de esa casa una mochila con cuadernos escolares de la pequeña y luego la comparación del material genético hallado en el pantalón con el ADN de Duarte dio positivo.

Por ese motivo, en diciembre de 2012 se ordenó la detención de la madre de la víctima y de Duarte. El hombre, acorralado por las pruebas confesó que violó y mató a la niña, para luego dejar su cuerpo en la bodega donde fue hallada.

Pese a eso, en noviembre de 2014 la Séptima Cámara del Crimen los absolvió a ambos.

Ahora, la Justicia tendrá una nueva oportunidad para analizar el caso y dar un nuevo fallo, el cual se espera que sea el definitivo.