El discurso del 1 de mayo siempre ordena la agenda. Pero esta vez, para Alfredo Cornejo, tiene un peso distinto: no será sólo un repaso de gestión en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, sino el inicio de su evaluación real de todo un ciclo de casi diez años y la presentación del soporte que sostendrá la estrategia electoral del 2027. El penúltimo tramo de su mandato lo encuentra en un punto delicado, donde el orden como se ha dicho tantas veces, ya no alcanza como capital político y empieza a pesar —cada vez más— la capacidad de transformar. O más claro, el porqué de los cambios y de un esfuerzo necesario.

Porque Mendoza, como el país de Javier Milei, entró en otra etapa. El gobierno provincial llega con cuentas relativamente ordenadas, control del gasto y una narrativa de previsibilidad que lo diferencia en el contexto nacional. Hay que admitir eso. Pero ese activo empieza a mostrar límites frente a un clima social más áspero, atravesado por una economía que todavía no logra traducir las expectativas del cambio y del sacrificio en mejoras concretas. Y hace varios meses que se transita así.

Ahí aparece el primer nudo: lo que ya se reconoce como la economía de dos velocidades.

Por un lado, sectores que efectivamente muestran dinamismo, crecen y vuelan. Energía, minería y agro —especialmente los vinculados a exportaciones y el de las tierras sagradas de la Pampa Húmeda— empiezan a traccionar, empujados por el nuevo esquema macroeconómico. Vaca Muerta en Neuquén básicamente y a nivel nacional, el cobre en carpeta en Mendoza y a la espera del primer yacimiento en producción del país, y un agro que recupera competitividad, configuran una base de crecimiento posible.

Pero del otro lado, la contracara es evidente. Consumo deprimido, comercio en retracción, industria con niveles de actividad no sólo bajos sino en franco declive y una construcción que apenas insinúa un rebote, pero desde pisos muy hundidos. El ajuste inicial del programa económico impactó de lleno en esos sectores, que son, además, los que estructuran el empleo urbano. Por eso cruje el AMBA mucho más que el resto del país. Allí está concentrado más de la mitad del empleo nacional y ha sido en los cinturones del conurbano en donde se ha concentrado casi todo el aspecto negativo del cambio de modelo y paradigma.

Los datos acompañan esa percepción. Caída del consumo masivo en términos interanuales durante buena parte de 2025, recuperación aún débil del salario real lejos de todo lo que ha venido perdiendo en años y que la cultura inflacionaria ayudó a esconder y un nivel de actividad que, aunque dejó atrás el peor momento, todavía no logra consolidar una tendencia firme que se refleje en el nivel de la economía real. La macro estabiliza algunos parámetros que son los que toma Milei para defender su plan, pero la micro sigue en tensión porque no han llegado los beneficios que se ven arriba. Ante eso el presidente ha admitido el sufrimiento y que muchos están mal.

Ese desfasaje entre expectativas y realidad es, probablemente, el principal condicionante político de este momento. El riesgo para los gobiernos, el de Milei claramente por lo que se juega y el de Cornejo por el acompañamiento y la dependencia de la macro, es que la insatisfacción se extienda y alimente enteramente el discurso electoral del año que viene.

Y es ahí donde se vuelve central la decisión de Cornejo de alinearse de manera explícita con Javier Milei, incluso con un acuerdo político-electoral proyectado hacia 2027 que, aunque no formalizado en todos sus términos, ya funciona como un dato de la realidad. Esta columna ya había adelantado el pacto en construcción en marzo pasado, cuando Milei y Cornejo coincidieron en la Argentina Week.

La apuesta del gobernador es clara: acompañar un rumbo que considera correcto, en un contexto donde además no aparece una alternativa opositora competitiva y donde la propia dinámica política empuja hacia esa convergencia.

Se trata de una decisión con implicancias y que Cornejo ya sabe, también ata destinos.

Si el programa económico logra consolidarse y empieza a derramar hacia los sectores rezagados, tanto Milei como Cornejo capitalizarán ese resultado. Pero si la recuperación no llega o se demora más de lo tolerable socialmente, la presión no quedará encapsulada en el escenario nacional: se trasladará con fuerza a las provincias, y particularmente a aquellas que eligieron acompañar sin matices. Mendoza está en ese grupo.

A ese cuadro económico y político que une con un cabo a Milei y Cornejo, se le suma otro plano, más controversial desde lo institucional y las marcas que identifican a una administración: el judicial.

Dos episodios recientes —de distinta naturaleza, pero con impacto convergente— introdujeron ruido en dos discursos que habían hecho de la transparencia y la crítica a las prácticas del pasado uno de sus ejes.

Por un lado, el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni en la órbita nacional, que expuso prácticas difíciles de conciliar con el discurso moral y ético, contra la casta, que le permitió a Milei confrontar con el kirchnerismo, quizás de entre todo el modelo político más pernicioso de todos en décadas para el país. Por otro, en Mendoza, la situación del ex subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, que volvió a poner sobre la mesa una sospecha persistente: la de una justicia con criterios variables según los actores involucrados. Una doble vara para ambos casos.

Y para los dos, más allá de las responsabilidades individuales y de lo que diferencia a uno de otro, el efecto es político: erosionan uno de los activos discursivos más fuertes de ambas administraciones.

Y todo esto está ocurriendo en un momento particularmente sensible. Porque si algo empieza a cambiar en esta etapa es el nivel de exigencia. Ya no sólo política, sino también social. La tolerancia a la espera se reduce, la demanda de resultados crece y el margen de error se achica.

Para Cornejo, además, hay un componente adicional: la necesidad de revalidar su liderazgo dentro de un oficialismo que, aunque hoy luce ordenado, empieza a proyectarse hacia la discusión de la sucesión.

El 2027, en ese sentido, ya empezó. Y no se va a definir en el terreno de las promesas, sino en el de los resultados verificables. Y se tendrá que hablar de la gente y de sus problemas.

Ese es, en definitiva, el trasfondo del discurso que viene. No debería ser sólo una enumeración de logros ni una proyección optimista. Tendría que ser, sobre todo, una señal de cómo el gobierno interpreta este momento de transición: entre una etapa de orden que ya mostró sus límites y otra en la que empieza a jugarse algo más complejo.

Convertir expectativas en realidad. O asumir el costo de no lograrlo.