Detrás de las armas que eran escondidas en camiones, de los viajes hacia Chile, de las transferencias de dinero y de los cargamentos que intentaban llegar a destino, había una estructura dividida en funciones. No todos hacían lo mismo. Algunos organizaban, otros conseguían el armamento, otros lo almacenaban en Mendoza, varios lo trasladaban y un grupo se ocupaba de recibir y mover el dinero.
El fallo homologado por el Tribunal Oral Federal N°2 de nuestra provincia permitió ponerle nombre y apellido a esos engranajes. La investigación de la Policía Federal, también del fiscal Fernando Alcaraz y otras áreas del vecino país, reconstruyó una organización que operó entre octubre del 2021 y diciembre del 2023 y que tenía conexiones en Argentina, Chile y Brasil.
El expediente terminó con condenas para integrantes ubicados en distintos niveles de esa estructura, tal como publicó este diario principios de esta semana y reveló a través de diferentes informes.
En la cima, sin embargo, quedaron dos lugares vacíos. Lisandro Eduardo Basaez Morales, alias Petiso o Enano, y Franco Simón Basaez Vilchez, conocido como Javi, ambos chilenos, continúan prófugos. Para los pesquisas eran quienes tomaban las principales decisiones desde Chile y coordinaban el circuito que permitía conseguir las armas, trasladarlas hasta Mendoza y finalmente intentar ingresarlas al país vecino.
Basaez Morales estaba vinculado con la adquisición de armas, municiones y accesorios en Brasil y Buenos Aires. En esa tarea aparecía junto a Gisselle Ivonne Zúñiga Figueroa, quien terminó condenada a cuatro años de prisión por integrar la asociación ilícita. Basaez Vilchez, en tanto, era señalado como uno de los encargados de coordinar el traslado y la distribución del material hacia Chile.
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Tres células para mover las armas
Debajo de los dos jefes chilenos aparecían tres figuras que, según la instrucción, tenían sus propias células. Isaac Guillermo Orellana Orellana, alias Primo, fue uno de ellos. Condenado a 5 años y 4 meses de prisión, pena que quedó unificada en 8 años y 6 meses por otras que tenía entre sus antecedentes, estaba al frente de una estructura que tenía su base en Buenos Aires.
Su función no era solamente logística: también estaba relacionada con la circulación del dinero que llegaba desde Chile para financiar las operaciones.
Orellana se apoyaba en familiares. Entre ellos estaban Carolina del Carmen Orellana Basaez, condenada a 3 años y 7 meses, y las jóvenes hijas de esta mujer, Priscila Guzmán Orellana, Joana Guzmán Orellana y Katherine Guzmán Orellana, quienes recibieron 3 años de prisión cada una. Alejandra Guzmán Orellana fue condenada a 3 años y 9 meses y también quedó vinculada a la estructura, además de haber sido encontrada con armas. Siempre con juicio abreviados, es decir, confesiones y arreglos con el fiscal Federico Baquioni.
La segunda célula tenía como referente a Lucas Sebastián Puebla González. Este hombre, oriundo de Godoy Cruz, había construido una red de camioneros que se desplazaban entre Argentina, Chile y Brasil. La causa detectó contactos con al menos ocho transportistas y un viaje a Brasil para reunirse con integrantes de mayor jerarquía.
Puebla fue condenado a 5 años y 4 meses por asociación ilícita como organizador. Al unificarse esa pena con una condena anterior por el acopio de armas secuestradas en el 2022, quedó con una pena única de 6 años y 8 meses.
El tercer organizador era Bayron Eduardo González Castro, alias Chileno. Acordó 5 años y 4 meses, unificados en 8 años y 6 meses por una condena anterior. Su tarea estaba directamente relacionada con el abastecimiento y el movimiento de las armas.
Mantenía contacto con otros integrantes de la estructura, entre ellos camioneros como Sergio Santiago Ariel Pereyra Martínez y Andrés Walter Amaya Cruz.
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El depósito estaba en Mendoza
En la provincia se encontraba una parte esencial de la logística. Amaya Cruz, conocido con el alias de Chicho, recibió la pena más alta del fallo: 6 años de prisión. Era chofer, pero su papel iba más allá del transporte.
La investigación lo ubicó como una de las personas que recibía y almacenaba armas en Mendoza antes de entregarlas para su traslado hacia Chile. También fue condenado por delitos vinculados con estupefacientes.
Los lugares de acopio cambiaban según las necesidades. Parte del material era guardado en el domicilio que Amaya compartía con Lucía Luciana Romero Rivas, y también en casas vinculadas a Martha Noemí Cruz Cañas y Emilse Ayelén Di Carlo Manganelli, se desprende de la pesquisa a la que accedió este diario.
Las tres terminaron condenadas. Romero Rivas y Di Carlo Manganelli recibieron 4 años de prisión, mientras que Cruz Cañas arregló a 3 años y 7 meses. En los tres casos, las acusaciones también incluyeron delitos relacionados con drogas y tenencia de armas, según la participación que se les atribuyó.
En ese circuito apareció también Sergio Santiago Ariel Pereyra Martínez, condenado a 5 años y 4 meses. Era uno de los encargados de recibir el armamento que llegaba a Mendoza, guardarlo y posteriormente entregarlo a los choferes que debían intentar cruzarlo hacia Chile. Pereyra había escapado de Mendoza y fue localizado en San Luis.
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Los camioneros y las armas escondidas
La organización necesitaba transportistas capaces de llevar el material hasta la frontera. Allí aparecieron el camionero Roberto Carlos Agüero Moyano, Juan Carlos Secundino Moreno Cruz, Carlos Adrián Ponce Lucero y Elio Néstor Cortez Romero.
Agüero, conocido como Beto, ya había sido detenido en abril del 2022 cuando viajaba hacia Chile.
En su pesado rodado, la Gendarmería encontró 11 pistolas, cargadores y más de 2.000 municiones ocultas en la cabina. Fue sentenciado a 3 años por integrar la asociación ilícita y, al unificarse la pena con la condena anterior por ese hallazgo, quedó con una pena única de 5 años y 4 meses de encierro.
Moreno Cruz, Ponce Lucero y Cortez Romero también fueron identificados como transportistas que intervenían en distintos viajes. Los tres recibieron 3 años de prisión, mientras que Ponce fue además declarado reincidente y recibió una pena de 3 años y 1 mes.
El esquema contemplaba incluso un pago por el traslado. Según la acusación y el pacto entre el fiscal y las defensas, los choferes recibían dinero en efectivo por cada arma con cargador o por las cajas de municiones que aceptaban transportar.
El dinero también tenía sus propios operadores
La organización no necesitaba solamente armas y camioneros. También requería dinero para comprarlas y trasladarlas.
Los pesquisas detectaron transferencias desde Chile hacia Argentina mediante servicios de remesas, entre ellos Western Union, y operaciones que involucraban a varios destinatarios. Esa circulación permitía financiar la adquisición del armamento y, al mismo tiempo, fragmentar los movimientos económicos.
En ese circuito aparecieron integrantes de la familia Orellana y Guzmán, además de otros miembros de la estructura. Alejandra Guzmán Orellana, Carolina Orellana Basaez, Priscila, Joana y Katherine Guzmán Orellana quedaron vinculadas a esa pata de la organización.
La acusación sostuvo que el uso de diferentes remitentes y receptores permitía dificultar el seguimiento del dinero y separar las operaciones financieras de quienes ocupaban los lugares superiores de la estructura.
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Las armas, las drogas y los contactos
La investigación también encontró que algunos de los integrantes tenían participación en maniobras relacionadas con estupefacientes. Iván Martín Pérez Di Carlo, alias O’clock, fue condenado a 3 años y 9 meses como partícipe secundario en delitos vinculados con la tenencia y comercialización de drogas.
Lucía Romero Rivas y Emilse Di Carlo Manganelli recibieron 4 años y fueron consideradas partícipes secundarias en delitos de comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Juan Antonio Pacheco, condenado a 4 años, también quedó involucrado en esa parte de la actividad y, además, fue considerado coautor de la tenencia de armas.
Marcela Mercedes Amaya Cruz recibió 3 años y 7 meses como partícipe secundaria en delitos relacionados con drogas y como coautora de tenencia de armas. Martha Cruz Cañas recibió la misma pena y, además, fue considerada integrante de la asociación ilícita.
Los otros eslabones
El fallo también alcanzó a Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres Castillo, quienes fueron condenados a 4 años y 8 meses por integrar la asociación ilícita y por tenencia ilegítima de armas. Ambos habían sido detenidos en Tucumán en diciembre del 2023 con armas de fuego.
Este caso fue analizado durante varios meses por la fiscalía y también por el juez Marcelo Garnica, hasta que finalmente se incorporó en la megacausa, tal como publicó este diario por aquellos días.
Felipe Andrés Machuca Ortiz, que había permanecido prófugo durante parte de la instrucción del caso, terminó condenado a 4 años de prisión por integrar la asociación ilícita y por tenencia de armas. Fue declarado reincidente. Carlos Adrián Ponce Lucero recibió 3 años y 1 mes y fue declarado reincidente.
En otro nivel quedó Héctor Garro Díaz, quien recibió un año de prisión de ejecución condicional por tenencia simple de estupefacientes. Su situación fue distinta de la de quienes fueron responsabilizados directamente por integrar la estructura dedicada al tráfico de armas.
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Una estructura que necesitaba de todos
El valor de la investigación estuvo en reconstruir el circuito completo. Las armas podían ser adquiridas en Buenos Aires o Brasil, ingresadas a la Argentina, trasladadas hacia Mendoza, almacenadas en domicilios particulares (principalmente en el departamento de Maipú) y finalmente entregadas a camioneros que intentaban cruzarlas hacia Chile.
En el medio aparecían quienes financiaban, quienes recibían el dinero, quienes custodiaban los cargamentos y quienes mantenían los contactos con los transportistas.
Los investigadores incluso detectaron que utilizaban códigos en las comunicaciones. Una de las palabras identificadas fue “zapatillas”, utilizada para referirse a las armas.
El fallo terminó de definir las responsabilidades de quienes ocupaban esos distintos lugares dentro de la estructura. Los organizadores recibieron las penas más altas; los transportistas, acopiadores y colaboradores fueron condenados de acuerdo con la función que se les atribuyó, y una parte de los acusados quedó fuera de la prisión efectiva mediante probation o sobreseimientos.
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