La investigación por la posible contaminación ambiental en un predio abandonado en Chacras de Coria, donde hace varios años funcionó una empresa que se dedicaba a la fabricación de productos químicos (ácido clorhídrico, soda cáustica y lavandina), avanza en el Ministerio Público.

Sebastián Capizzi, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, ordenó “citar e informar del proceso penal” a todas las personas que en algún momento tuvieron bajo su poder la fábrica ubicada en calles Casales y Besares, cerca del canal Cacique Guaymallén, que cerró hace casi dos décadas. Se trata de un terreno de más de ocho hectáreas ubicado en una zona urbana, carente de seguridad externa e interna, que está abierto al tránsito indiscriminado de personas.

“La incumbencia normativa comienza en todas aquellas personas que tuvieron o tienen una relación de dominio sobre la cosa, el uso, la dirección y el control del inmueble, o, en sentido general, que obtienen o obtuvieron un provecho de ella”, destaca la resolución de Capizzi. Y agrega que por la posible presencia de residuos peligrosos, “corresponde citar e informar del proceso penal a todas aquellas personas, privadas y públicas, que aparecen con incumbencia normativa en la mitigación y remediación del potencial pasivo ambiental que se constataría en el inmueble ubicado en la calle Pablo Casale, sin número, Distrito Chacras de Coria, Luján de Cuyo”.

Los citados por Capizzi en su resolución son:

  • María Eugenia Messina, Laura Rosana Messina, María Jimena Messina y Silvina Fabiola Messina, como herederas declaradas de Juan Carlos Messina, responsable de la empresa Keghart, que aparece como titular registral del inmueble y última desarrolladora de la actividad industrial y comercial del sitio.
  • Santiago Laugero, Agustín Eduardo Rossi, Gabriel Claudio Bertona y Omar Edgardo Fernández, a quienes se les adjudicó la totalidad del inmueble y sus accesorios en una subasta pública, realizada el 12 de noviembre de 2019, y habrían obtenido con posterioridad un provecho económico con la cesión de esos derechos.
  • El representante legal de la Sociedad Anónima del Aconcagua (SADELA), que aparece actualmente como cesionaria de los derechos sobre el inmueble.
  • Las personas que iniciaron un proceso de prescripción adquisitiva contra Keghart, empresa que utilizaba mercurio en los procesos de producción de ácido clorhídrico, soda cáustica y lavandina.

El mercurio es un metal pesado calificado como peligroso debido a su alto efecto contaminante. De acuerdo con el testimonio de vecinos, cuando estaba en funcionamiento, la empresa no habría tomado los recaudos necesarios para evitar el contacto de ese producto con el suelo.

Una investigación con antecedentes

Las primeras denuncias contra Keghart datan de 2010, cuando los controles ambientales eran escasos. En esa oportunidad, empleados de la firma denunciaron que eran obligados a desechar mercurio en pozos, por lo que se abrió una investigación penal para determinar si se habían contaminado las aguas del Cacique Guaymallén. Directivos de la empresa fueron a juicio, pero no se comprobó el delito y finalmente fueron absueltos.

La investigación por posible contaminación se reavivó en agosto pasado, luego de un incendio en el interior del terreno abandonado. Fue allí cuando tomó intervención la UFI que lidera Capizzi, que ordenó un operativo en el predio en el que participaron los Bomberos Voluntarios de Luján, los drones de la División Vant (vehículos no tripulados) y efectivos de la División Delitos Comunes, de Investigaciones.

Si bien en principio se descartaron riesgos ambientales importantes, se hallaron restos de un material con similares características al mercurio dentro del terreno.
Inmediatamente, se tomaron muestras en diferentes puntos del predio, que serán peritadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para determinar si hay materiales químicos contaminantes en la zona.

“Ese pasivo ambiental potencialmente presente en el inmueble es, en principio, incumbencia normativa de esas personas porque la extensión de los derechos y obligaciones sobre las cosas comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios, y, en particular, el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo”, dijo Capizzi en su resolución.

En tal sentido, los involucrados no sólo deberán eventualmente responder por el daño causado frente al potencial pasivo y acatar las órdenes de las autoridades ambientales, bajo apercibimiento de ser sometidos a otra investigación penal o acciones civiles. También deberían “asumir la mitigación y remediación de los impactos ambientales no mitigados producidos por las actividades desarrolladas en el pasado en el inmueble, y cuyas consecuencias permanezcan hasta el presente causando contaminación del suelo, agua y aire”, agrega el dictamen.

Capizzi también consideró necesario cerrar el predio y evitar el ingreso de personas, “hasta tanto se finalice la actividad probatoria pertinente o las autoridades administrativas establezcan las medidas necesarias para evitar consecuencias ulteriores asociadas a los riesgos ambientales, para salud y seguridad pública”.