El fiscal especial Santiago Maximiliano Garay imputó ayer al director y al jefe de planta de la empresa Keghart por la contaminación intencional de napas con mercurio. Este expediente se abrió en setiembre del año pasado luego de que legisladores de la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados recibieron en la Legislatura a un grupo de empleados de la empresa dedicada a la fabricación de hipoclorito de sodio, soda cáustica y ácido clorhídrico que denunciaron que eran obligados a tirar mercurio en algunos pozos en el predio que la firma tiene en Luján de Cuyo.

    Estos huecos, de unos 200 metros de profundidad, eran tapados con tierra y después de un tiempo colapsaron, lo que generó que el mercurio quedara a la vista y pudiera contaminar a los trabajadores. Ante esta situación, legisladores, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y la Intendencia de Luján, se presentaron como querellantes en la Justicia. Después de varios meses de investigación penal, con la participación de peritos de la UNCuyo, el fiscal Garay decidió imputar a los responsables de la fábrica –identificados con los apellidos Candisani y Castro– y en las próximas horas serán citados para la notificación correspondiente.

    El magistrado les notificará que los acusó por violar el artículo 55 de la ley 24.051, que habla de las plantas de tratamientos, residuos peligrosos y sus sanciones (ver aparte), y será decisión de ellos si acceden a la indagatoria de rigor. La planta Keghart SA, cuyo presidente es Juan Carlos Messina según la información del Gobierno, se transformó en noticia a mediados de abril del año pasado, cuando la intervención de Obras Sanitarias detectó que tiraba desechos contaminantes con mercurio en una de sus plantas potabilizadoras ubicada cerca del canal Cacique Guaymallén.

    Esto generó preocupación en el seno del Ejecutivo y se decidió cortar el suministro de agua potable durante varias horas a más de 300.000 habitantes por temor a que se presentaran casos con síntomas de envenenamiento. Luego de esto se abrió una causa judicial y la fiscal especial Claudia Rios tomó la pesquisa. Después de varios estudios efectuados por peritos se determinó que la cantidad de mercurio encontrado en el suelo no representaba un riesgo para la salud de las personas y se decidió archivar la causa.

    Sin embargo, cuatro meses después, un grupo de empleados fue a la Comisión de Derechos y Garantías y denunció que se tiraban desechos contaminantes en una serie de pozos ubicados en la sede de la firma. Para acreditar lo que señalaban, presentaron varias pruebas, como un archivo de fotos, detallando el lugar donde se depositaban los residuos.

    Así fue como, un par de días después, se decidió hacer una visita sorpresa a las instalaciones de Keghart en Luján, pero el abogado de la empresa, Dardo Pérez Hualde –hermano del presidente de la Suprema Corte– impidió el ingreso a legisladores, principalmente al titular de la Comisión, Ricardo Puga, y al secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona. Debido a esto, fueron a una Oficina Fiscal y presentaron la denuncia que luego terminó en el despacho de Santiago Garay.

    El letrado reconoció que había mercurio en el terreno pero sostuvo que estaba desde antes de que se instalara Keghart. Después de charlas prolongadas, los peritos que fueron hasta el lugar lograron el ingreso y descubrieron que el elemento químico venenoso estaba sobre el suelo. Los legisladores y funcionarios aseguraron con estas pruebas que el derrame no era accidental y sí parte de una metodología de trabajo “que ponía en riesgo la vida de los mendocinos”, tal como afirmó Puga en su momento.

    Así las cosas, después de varios meses de investigación, el magistrado decidió imputar a los responsables de la fábrica, que sigue clausurada, y se espera que las próximas horas comparezcan en la Fiscalía Especial para que les notifiquen la acusación en su contra que prevé hasta 10 años de cárcel y multas económicas (ver aparte).