Javier Santos Ortega, de buzo azul, durante una de las audiencias del juicio contra el destituido juez Walter Bento.

Javier Santos Ortega, contrabandista e integrante del denominado “Caso número 3” en la megacausa contra el exjuez federal Walter Bento, fue hallado sin vida en su vivienda.

Según confirmaron fuentes judiciales, todo apunta a un suicidio ocurrido pocos días después de que la Justicia ordenara su detención y traslado a la Unidad 32, el centro de detención de los Tribunales Federales.

Santos Ortega enfrentaba un juicio por contrabando en una causa independiente a la que involucra a Bento. En ese expediente, un Tribunal superior había solicitado su arresto. Al momento en que Gendarmería llegó para notificarlo del traslado, el hombre se encontraba visiblemente angustiado, pese a que su defensor había pedido prisión domiciliaria.

En la vivienda encontraron pastillas, comida y una Biblia abierta sobre la mesa. Minutos después, se habría quitado la vida ahorcándose con una soga atada a un parante del techo.

En el llamado “Bentogate”, Santos Ortega era considerado un testigo clave en la investigación por presunta asociación ilícita y cohecho contra el exmagistrado. En su declaración había admitido el pago de sobornos a la red que, según la acusación, encabezaba Bento, y entregó su teléfono celular como prueba.

También reveló que vendió un departamento en la Quinta Sección de Ciudad por 180.000 dólares al esposo de María Carolina Bartolini, entonces funcionaria del Juzgado Federal N°1, donde se tramitaba su causa por contrabando agravado. Para los fiscales, esa operación inmobiliaria ocurrió mientras el expediente estaba en trámite y debía ser investigada como posible cohecho.

En otro tramo de su testimonio, relató que, mientras estuvo detenido, fue contactado por el exdespachante de aduana Diego Aliaga —asesinado en 2020—, quien le ofreció una lista de abogados presuntamente vinculados a la red de corrupción judicial. Según su declaración, esa maniobra permitió que tanto él como su socio, Juan Carlos Molina, accedieran a la prisión domiciliaria a cambio de pagos ilegales