Más puertas cerradas que abiertas. Preguntas sin respuestas. Hipótesis en el aire. Conclusiones sin sentido. Búsquedas con resultado negativo. Pistas falsas. Una certeza: el doble crimen del psicólogo Flavio Piottante (39) y su paciente Analía Estrella Libedinsky (30), perpetrado hace más de 15 años en una casa-consultorio de calle Barcala casi Chile, de Ciudad, comenzó a integrar la lista de casos impunes en Mendoza.

El sospechoso número uno de la causa, Mauricio Suárez (nacido el 23 de mayo de 1974), puede presentarse ante los investigadores judiciales y pedirles que dejen sin efecto el pedido de captura nacional e internacional que pesa sobre él porque la ley así lo estipula. Básicamente, la causa se extinguió tal como lo tipifica el apartado número 1 del artículo 62 del Código Penal de la Nación: “La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 1. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua”.

Más allá de los tecnicismos jurídicos o las dudas de las familias y de los pesquisas durante años, este diario accedió a un informe policial “secreto” que se desprendió de la causa.

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Lo desarrolló la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC) del Ministerio de Seguridad nueve meses después de los asesinatos (fue presentado ante la autoridad máxima de esa área en abril del 2007) y tenía un solo objetivo: tratar de identificar internamente a los responsables del ataque. Y el plural no está demás; para los detectives policiales (también para la Justicia), no participó una sola persona en el hecho. Simplemente se trata de personas NN.

Los policías de la DIC tomaron el expediente P-66.775/06 y analizaron, fundamentalmente, declaraciones testimoniales recibidas hasta abril del 2007, informes de las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes del celular de Mauricio Suárez los días previos y posteriores al doble homicidio y las conclusiones del Cuerpo Médico Forense sobre la mecánica de las muertes de las víctimas, estimadas por el médico legista Gerardo Emilio Mazziotti.

Con este estudio de las pruebas e información reunida a base de tareas propias, los efectivos de esta dirección dedicada a realizar trabajos de inteligencia en nuestro territorio concluyeron que dos hermanos maipucinos que tenían relación cercana con Suárez podrían haber participado en los asesinatos.

“Es muy probable la participación de más de una persona en el hecho, y, por lo analizado, los ciudadanos (se reservan las identidades porque nunca fueron imputados en la causa) habrían intervenido en el mismo”, señala la hipótesis del informe de 21 páginas.
Y agrega con respecto al porcentaje de probabilidad: “75 por ciento”.

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Declaraciones, análisis de antenas y necropsia

El informe policial comienza con un análisis de las declaraciones que realizaron en el expediente los dos hermanos sospechados. Sólo uno de ellos, actualmente con 55 años, fue citado por los investigadores judiciales el 28 de agosto del 2006 para que concurriera a brindar su testimonial tres días después. El otro, de 52 años, se presentó espontáneamente.

Por aquellos días, el fiscal especial Eduardo Martearena (hoy juez y segundo representante del Ministerio Público en tomar la causa –el primero fue Daniel Carniello) decidió conocer lo que sabían porque ambos habían tenido una relación laboral, como albañiles, con Suárez y figuraban dentro del grupo de personas que integraban la lista de las llamadas entrantes y salientes de su teléfono celular.

El mayor de ellos expresó que conocía a Suárez desde hacía unos tres años (es decir, desde el 2003) a través de un arquitecto. También dijo que le reparó el techo de su casa en el barrio Cordón del Plata, de Chacras de Coria.

Señaló que, dos años antes, el sospechoso de matar al psicólogo y a su paciente lo llamó para trabajar para él cuando inició una empresa de construcción. Como empleado, reparó entre 5 y 6 escuelas. Y aclaró que, en realidad, su hermano más chico era quien mantenía una relación laboral con Suárez cuando se produjo el doble crimen porque él había dejado de hacerlo dos años antes.

Por su parte, el más joven de los hermanos también habló ante los investigadores judiciales, resalta el informe de la DIC. Explicó que hacía dos años que era empleado de Suárez y que era una relación más circunstancial que permanente. Agregando que le hizo unos trabajos en una obra de calle 9 de Julio, de Ciudad, la que se encontraba parada desde hacía unos 15 días.

Los investigadores policiales concluyeron que los hermanos presentaron contradicciones a la hora de declarar. Destacando que uno de ellos, el menor, no recordaba si Mauricio Suárez lo había llamado el 12 de julio, día que se produjeron los homicidios. Un detalle no menor para los policías.

De acuerdo con los registros de las listas sábana, Suárez se comunicó con uno de ellos a las 15.41 de ese día y la llamada duró 60 segundos. Así lo captó la celda Mendoza 07 Barcala, ubicada sobre calle Barcala 301, esquina Patricias Mendocinas, de Ciudad.

La instrucción judicial sostiene que Piottante y Libedinsky fueron asesinados durante la tarde noche del miércoles 12 de julio. Justamente, ese día, el acusado de perpetrar los crímenes estuvo cerca de la escena. Esa es una de las pruebas más importantes de la causa.

“El día lunes 03/07/06 se comunicó una vez. El día viernes 07/07/06 se comunicó tres veces. El día domingo 09/07/06 se comunicó dos veces. El día lunes 10/07/06 (dos días antes del el hecho) se produjeron dos comunicaciones que se efectuaron y dos que, aparentemente, no se realizaron, dado que el tiempo de comunicación fue muy breve. El día 12/07/06 se produjo una comunicación al abonado de (cita el nombre de uno de los hermanos) en el horario de las 15.41 horas, momento en que Mauricio Suárez se encontraba en el radio de Barcala 7”, señala el informe secreto.

Y concluye con respecto a esto: “Las comunicaciones no eran diarias, contradiciendo a lo declarado por (cita a uno de los hermanos). Del día 09 al 12 las comunicaciones fueron continuas”.

Por último, el análisis forense. Un detalle no menor de la instrucción, ya que permitió determinar que no actuó una sola persona en el asesinato.

Piottante presentaba grupo sanguíneo A RH (-), una importante cantidad de lesiones (golpes) y dos balazos. Herida contuso-desgarradora en la región frontal izquierda y escoriativa en el ojo izquierdo y región malar. También lesiones en la nariz y la región frontal media. Además, golpes en el hombro y en la región esternal inferior. Y se confirmó que uno de los proyectiles que terminó con su vida impactó en la base del cuello y otro, en hipocondrio derecho.

Piottante medía 1,90 de estatura y pesaba más de 100 kilos. Por las heridas que presentaba, no murió de forma instantánea.

Por su parte, Libedinsky fue golpeada y estrangulada. Heridas en la cara, mano derecha, muñeca izquierda, codos, piernas y el pecho fueron suficientes para terminar con su vida. Presentaba signos de defensa, por lo que existió una lucha previa. Su grupo sanguíneo era factor A RH (+).

Debido a esto, se determinó que era más que probable la participación de más de una persona en el hecho.

En la escena, Policía Científica levantó un grupo de sangre que no correspondía a las víctimas. El factor era tipo 0 RH (+). Y de allí las relaciones y vinculaciones con los hermanos sospechados que hicieron los detectives de la DIC, quienes nunca fueron imputados en la causa: uno de ellos, el mayor, presentaba ese mismo grupo sanguíneo.

“En el lugar del hecho participaron más de una persona y se encontraron muestras de sangre grupo 0 RH (+) correspondiente a uno de los autores. (Cita el nombre de uno de los hermanos) posee este mismo grupo de sangre”, finaliza el informe.

Lo cierto es que el caso Piottante-Libedinsky tuvo a cuatro investigadores judiciales (a los ya citados se suman los fiscales Santiago Garay y Claudia Ríos) pero nunca hubo detenciones.

Se habló de un autor, de más partícipes pero no hubo testigos directos que los vieran entrar o salir de la escena. El caso, para algunos detectives, sigue siendo un misterio en el que no faltaron las conexiones y protecciones para entorpecer el normal desarrollo de la instrucción.

El informe de la DIC estuvo guardado muchos años. Tenía un solo objetivo: tratar de encontrar a los responsables de uno de los casos más impactantes de los últimas dos décadas. Sin embargo, nada cambió.