A principios de febrero, este diario publicó un informe sobre el pedido de captura de un funcionario judicial que trabaja en el Ministerio Público de la Defensa por una denuncia de abuso sexual que le realizó su ex pareja hace cuatro años.
Acorralado por las pruebas que potenció la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual María de las Mercedes Moya, el profesional de 52 años –es contador– se entregó el viernes 10 de ese mes ante las autoridades. En tiempo récord, le otorgaron la detención domiciliaria a cambio del pago de una caución de un millón de pesos porque no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la instrucción.
El caso generó revuelto en el mundo tribunalicio, sobre todo, después de una entrevista que realizó con El Sol mientras estaba en la clandestinidad, cuando contó que la denuncia que tenía en su contra era porque mantenía conflictos económicos con quien era su concubina, “una cuestión de dinero”. Otra de sus parejas, y madre de uno de sus hijos, también lo había denunciado por abuso sexual cuando se tramitaba un expediente en la Justicia de Familia.
El sospechoso está acusado por abuso sexual con acceso carnal y en el Ministerio Público creen que las pruebas se han sumado desde que se reactivó la causa –los hechos habrían ocurrido el 4 y el 10 de enero del 2019, cuando vivían en un domicilio de El Challao– van de la mano con la denuncia que hizo la mujer. Con el paso del tiempo, la querella, a cargo de Sergio Salinas, fue la que insistió en que el expediente avance hacia una imputación.
Este miércoles, la jueza de primera instancia María José Cerdera confirmó que debe continuar detenido en su vivienda, tal como había ordenado la fiscal. La audiencia se desarrolló la semana pasada pero la resolución se pasó para esta jornada debido al apagón que dejó sin luz a gran parte del país.
En medio de toda la instrucción, el 18 de febrero se procedió a realizar un importante secuestro de material tecnológico propiedad del imputado. Nueve cámaras digitales, 44 memorias o dispositivos de almacenamiento y otros elementos llamaron la atención de los detectives de Investigaciones que participaron en el allanamiento.
Si bien creen que parte de los objetos podría estar relacionado con las actividades deportivas de running del acusado, también existen sospechas de que habría utilizado los dispositivos para grabar a las mujeres sin su consentimiento mientras mantenían encuentros.
Se basaron en un espejo que encontraron en una de las habitaciones de la propiedad de El Challao: el mismo estaba en la habitación principal y apuntaba directamente a una cama. Presentaba en su parte superior un recorte de 15×15 centímetros, y la pared donde estaba colocado tenía un hueco de ese mismo tamaño. “Se trató de un espejo unidireccional; los llamados espejos espías”, detalló una fuente que participó en el procedimiento.
Estos elementos tienen la particularidad de proporcionar un espejo perfecto de frente, manteniendo la trasparencia del cristal por el otro. “Permite ver sin ser visto”, destacan. Allí, explicaron las fuentes, el imputado habría colocado una cámara para registrar todo lo que sucedía en la intimidad.
Todo el material quedó secuestrado y, hace pocas horas, la Justicia autorizó la apertura de todos los aparatos para analizar los archivos que contenían. Una vez que se conozca el resultado de los peritajes, el Ministerio Público determinará si existe algún elemento que motive la apertura de un nuevo expediente.
Para las fuentes consultadas, se podría estar frente a un caso de “violencia de género digital” o “violencia sexual”.
Existe jurisprudencia en Argentina de hombres que han sido condenados a someterse a tratamientos psicológicos por filmar sin permiso a su pareja mientras mantenían sexo.
Las víctimas han denunciado que se vulneró su intimidad y libertad de autodeterminación, debido a que desconocían que habían puesto una cámara de forma oculta para registrar las relaciones.
El comienzo
La denuncia contra el funcionario judicial sostiene que el primero de los hechos sucedió el 4 de enero del 2019 en la propiedad que compartían. A las 0.30 de ese día, la mujer contó que mantuvo una discusión con el hombre en el dormitorio y que, luego, él se le subió encima. Agregó que le sujetó los brazos, la apretó contra la cámara y le tocó sus genitales.
La mujer dijo que intentó sacárselo de encima y que las agresiones continuaron durante una hora. Seis días después, denunció que fue víctima de otro ataque: detalló que, a las 16 del 10 de enero, el acusado la abordó por la espalda mientras se encontraban en la cocina y le cruzó los brazos para inmovilizarla. Luego la accedió pese a su negativa mientras él le expresaba frases sexuales.
El imputado habló con El Sol mientras se encontraba con pedido de captura. Dijo que se iba a entregar y así lo hizo. El funcionario judicial aseguró que la denuncia tiene una raíz económica porque la mujer continuó viviendo con él 12 días más del último hecho que relató.
“¿Por qué esperó hasta el 22 para irse? Ella me dijo que si quería que se fuera le diera plata. Le di 100.000 pesos y cinco documentos de 50.000 cada uno. Fue todo tan grosero. Yo grabé esa conversación en audio. Dura 20 minutos. Después de que le di el dinero se fue. No sólo eso, ejecutó los cinco documentos restantes, los dejó blanqueados. ¿Es casualidad todo esto”, se preguntó.