El comisario federal Dino Enzo Rossignoli Pérez (50), preso desde el 14 de setiembre por estar sospechado de cobrar coimas a cambio de liberar la zona a los dueños de una serie de casas de cambio de divisas ilegales que funcionaban en joyerías del microcentro, enfrenta –en principio– dos instrucciones en el Juzgado Federal Nº3, a cargo de Marcelo Garnica.
Lo procesaron el 30 de noviembre como miembro de una asociación ilícita y por cohecho pasivo y también se intenta determinar si se quedó con más de 2 millones de pesos incautados en procedimientos que realizaron efectivos de la delegación provincial que tenía a su cargo. Fuentes de la causa sostienen que su situación es compleja y “difícilmente” acceda a algún tipo de beneficio que le permita recuperar la libertad en esta etapa del proceso, como ya ha solicitado.
Rossignoli está en la mira de esta megainvestigación con otros 13 procesados. Entre ellos se destacan los señalados propietarios de las razones sociales Stefano Cannella y Vía Roma, Nicolás Ernesto Bazán Sánchez (25) y Renzo Fabio González (27), quienes controlaban los locales comerciales que hacían de pantalla para la compra y venta de dólares, euros y también oro; además de policías retirados y otros personajes que aportaban sus conocimientos para lavar el dinero que recaudaban y poder justificarlo ante la ley.
Debido a esto, quien era el máximo responsable de la Policía Federal en Mendoza, decidió declarar en la causa en dos oportunidades. Fuentes judiciales confirmaron a El Sol que lo hizo entre fines de diciembre y principios de enero ante el juez Garnica. En ambas audiencias negó ser parte de una asociación ilícita y prácticamente no aceptó preguntas de los pesquisas judiciales.
Las fuentes agregaron que Rossignoli dijo en el expediente que desconocía al resto de los procesados que tiene la causa. Para los investigadores se trató de una clara estrategia para desligarse de esa calificación de asociación ilícita que lo mantiene tras las rejas (artículo 210 del Código Penal: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”).
No habló de su relación con Bazán porque existen pruebas en el expediente –como análisis de teléfonos celulares y un cuaderno secuestrado durante los allanamientos que realizó la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza (PCN) en la primera tanda de allanamientos en la mañana del 6 de julio del año pasado– que confirman que mantuvieron encuentros presenciales y telefónicos en los que se habrían pagado los sobornos.
Nicolás Bazán, procesado como jefe de la organización, cohecho activo, lavado de capitales y tenencia de estupefacientes, no ha declarado en la causa desde que se produjo su detención el 14 de setiembre. Tampoco Renzo González. De todas formas, ambos apelaron el procesamiento –al igual que Rossignoli y otros acusados– y la Cámara Federal de Apelaciones deberá resolver próximamente.
El juez Garnica, en su resolución de fines de noviembre, trabó embargos millonarios para la mayoría de los acusados. A Bazán Sánchez y a González hasta cubrir 30.000.000 de pesos. Por su parte, la cifra alcanzó a 15.000.000 de pesos en el caso de Rossignoli.
También procesó el resto de los sospechosos: Ernesto Bazán Cannella, padre de Nicolás y presunto miembro de la banda; Félix Masera y Andrés Bauco (socios en Vía Roma), los hermanos Juan y Alejandro Moral –productores musicales que habrían lavado dinero proveniente de las joyerías–; el comisario provincial retirado Ángel Fava –jefe de seguridad de las joyerías–, Roberto Poroto Bustos –custodio y hombre relacionado con Fava, otrora miembro del Ejército y también dedicado a servicios de inteligencia–; otro jefe de seguridad, el policía retirado Marcelo Salcedo; la contadora María José Degregorio (para los investigadores, una de las piezas clave para la actividad de los negocios de Bazán y González), Eduardo Ezequiel Fernández (empleado de Nicolás y señalado como enviado para pagarle coimas a Rossignoli) y Jonathan Fernández, a quien le encontraron estupefacientes durante las medidas.
El inicio
La investigación de la PCN nació en plena pandemia. Obtuvieron dato sobre el crecimiento patrimonial de los jóvenes Nicolás Bazán y Renzo González y los relacionaron con las joyerías Stefano Cannella y un par de pubs que habrían adquirido con las ganancias de las actividades ilegales del cambio de divisas.
La pesquisa se profundizó al punto de realizar 22 allanamientos en la mañana del 6 de julio: ese día, los policías de la PCN ingresaron a las joyerías y bares por sospechas de lavado de dinero, contrabando, evasión fiscal y hasta mercado negro de oro y secuestraron teléfonos y documentos de interés para la causa. No hubo detenidos pero era la punta del ovillo.
Los detectives analizaron un cuaderno secuestrado en uno de los comercios de calle Catamarca de Ciudady detectaron que contenía anotaciones relevadoras. Además de una organizada contabilidad de las entradas y salidas de dinero, descubrieron que existían anotaciones sobre pago de coimas. Esto se complementó cuando se analizó el teléfono celular de Nicolás Bazán, secuestrado durante esos operativos.
Detectaron que el joven mantenía contacto directo con el comisario a través de WhatsApp. Comprobaron, gracias a todo ese material probatorio, que el comisario Rossignoli le cobraba a la organización que lideraban Bazán y González alrededor de mil dólares por mes a cambio de brindar información sobre posibles procedimientos policiales y avances en expedientes en la Justicia.
Todo esto llevó al juez Garnica a autorizar los allanamientos para las detenciones. El 14 de setiembre, Rosignolli, los Bazán, González y otros sospechosos quedaron a disposición de la Justicia. Otros, como el comisario retirado Ángel Fava, quedó en la orden del día. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron detenidos o se entregaron en los Tribunales de calle España y Pedro Molina.