Parecía uno de esos expedientes que quedan en el olvido, archivado en algún escritorio de la Justicia provincial. Sin embargo, está previsto que el comisario retirado Alejandro Olivera se siente en el banquillo de la Sexta Cámara del Crimen por estar acusado de utilizar armas del Estado para cazar guanacos en la reserva de Villavicencio. Así lo definió la Suprema Corte luego de varios intentos de la defensa de conseguir la suspensión a juicio a prueba (probation). 

Las protectoras de animales mucho tuvieron que ver también, a través del letrado Alfredo Mellado, ya que insistieron para que la causa fuera a debate. El proceso se iba a desarrollar hoy, pero un pedido de prórroga del abogado defensor Carlos Reig lo suspendió algunos días. Más allá de esto, Olivera deberá responder sí o sí por la causa.

Camino sinuoso 

El caso tuvo todos los condimentos típicos cuando se trata de un hombre fuerte de una fuerza de seguridad y casi termina en la nada. 

El hecho que se le endilga al ex miembro de la fuerza ocurrió hace siete años (en junio del 2010) y el expediente pasó por el despacho de varios magistrados. Fue el máximo tribunal de Justicia de Mendoza el que dio por terminada la batalla legal de criterios con respecto a si correspondía hacer lugar al pedido de acceder al beneficio –porque Olivera era funcionario público–, y definió que debe ser juzgado por las dos calificaciones que pesan sobre él.

En setiembre del 2013, la Sexta Cámara del Crimen fijó día y horario para el inicio del juicio. Llegar a esta instancia no fue una tarea fácil: el juez de Garantías David Mangiafico había modificado el aboque de imputación quitando la calificación de peculado y demoró aún más el proceso. Fue la Cámara de Apelaciones en lo Criminal la que revocó la resolución del titular del Sexto Juzgado de Garantías y confirmó las calificaciones de instrucción.

La mañana del martes 12 de ese mes, Olivera se presentó en la sala del primer piso de Tribunales pero su defensa hizo un pedido escrito pidiendo la suspensión de juicio a prueba.

El fiscal de Cámara Fernando Guzzo entendía que no correspondía aplicar el beneficio porque, al momento del hecho, Olivera era funcionario y la calificación prevé inhabilitación para ejercer cargos en el Estado. Sin embargo, el camarista Marcelo Gutiérrez del Barrio hizo lugar al recurso de casación que presentó el letrado para que la cuestión sea definida por la Suprema Corte y el debate fue suspendido.

A casi cuatro años de acto, finalmente el proceso arrancará en los próximos días en la misma Cámara y Olivera tendrá la oportunidad de defenderse, como lo hizo ante este diario cuando se descubrió el hecho. Arriesga entre 2 y 10 años de cárcel. 

El ex fiscal especial Santiago Garay lo acusó por violar la Ley de Fauna (por la muerte de una pareja de guanacos ­–la hembra estaba preñada–) y por peculado, debido a que, de acuerdo con la instrucción, se trasladó con amigos y otro policía en una patrulla policial –una Ford Ranger de la distrital Godoy Cruz– y el arma que habría utilizado para dar muerte a los rumiantes era un FAL (Fusil Automático Ligero) de Arsenales de la Policía. 

“Tengo una conducta intachable”

La reconstrucción que hicieron en la Justicia sostiene que el 26 de junio del 2010, el por aquellos días comisario en funcionares Alejandro Olivera (era jefe de la departamental Capital) se dirigió en una camioneta Ford Ranger de la Policía de Mendoza (de la distrital Godoy Cruz) hacia la zona de Villavicencio. Lo acompañaban un cabo identificado como José Luis Vera (su chofer y también acusado) y otros cuatro civiles.

Al parecer, habrían ido a practicar tiro. La causa sostiene que dispararon 19 veces un FAL de la Policía contra la pareja de guanacos. Cargaron los animales a la cajuela de la patrulla y guardaparques fueron a su encuentro cuando testigos escucharon las detonaciones.

Olivera sostuvo en una entrevista con El Sol que no habían ido a cazar, porque jamás lo había hecho en su vida. Aseguró sentirse con impotencia y angustia. “Soy una persona decente. Tengo una conducta intachable en los 26 años de servicios que tengo…”.

Tras el hecho, el otrora ministro de Seguridad Carlos Aranda ordenó el pase a pasiva del imputado.