La situación judicial de José Rodríguez Núñez volvió a complicarse. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó este viernes la decisión de mantenerlo detenido en la nueva causa por contrabando agravado que le iniciaron a él y a otros hombres condenados por este delito y rechazó los planteos de su defensa para que recuperara la libertad o pudiera cumplir el encierro en su domicilio.
El juez Manuel Pizarro consideró que todavía existe un riesgo concreto de fuga y que las circunstancias particulares del imputado impiden confiar en que una medida menos restrictiva resulte suficiente.
Entre los elementos determinantes señalaron que cumple una condena anterior de nueve años de prisión, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de julio del próximo año, y que ya había incumplido las condiciones de un arresto domiciliario hace seis años.
La resolución también marca un avance en el expediente: el peligro de entorpecimiento de la investigación dejó de ser un argumento para mantener la medida de coerción, porque las pruebas pendientes fueron incorporadas y la fiscalía ya solicitó que la causa sea elevada a juicio. El requerimiento fue presentado el pasado 25 de agosto.
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El antecedente de peso para rechazar
Uno de los argumentos centrales de la Cámara fue el antecedente de julio del 2020, cuando Rodríguez Núñez cumplía prisión domiciliaria en el marco de la otra causa federal y fue encontrado fuera de su vivienda, en el complejo Palmares, dentro de un auto.
Para el juez Pizarro, ese episodio constituyó un antecedente concreto de incumplimiento de las restricciones judiciales y debilitó la posibilidad de otorgarle nuevamente ese beneficio. La defensa, en cambio, había invocado su arraigo familiar y laboral, además de su comportamiento durante el encierro.
La Cámara consideró que esos elementos no alcanzan para neutralizar el riesgo de fuga. Sobre la conducta penitenciaria, puntualizó que el buen comportamiento fue registrado mientras permanecía bajo un régimen de encierro efectivo, una circunstancia que no permite asegurar que vaya a respetar las condiciones de una eventual libertad.
La expectativa de una nueva condena también fue determinante. El delito atribuido, contrabando de importación por ocultamiento agravado, contempla una pena mínima de cuatro años de prisión. En caso de una nueva sentencia condenatoria, además, debería analizarse la unificación con la pena de nueve años que actualmente cumple.
A esto se suman las características de la organización investigada y sus conexiones en el exterior. La Cámara valoró que esa estructura podría facilitar recursos para ocultarse o abandonar el país y mencionó que uno de los coimputados, el chino Zheng Cheng, conocido como “Esteban”, permanece prófugo.
Sí para otro acusado
La defensa también había reclamado que Rodríguez Núñez recibiera un tratamiento similar al de Adrián Fourcade Salassa, otro imputado en la causa a quien se le concedió una medida de coerción menos restrictiva.
Sin embargo, la Cámara descartó que ambas situaciones fueran equiparables. La diferencia, según los jueces, radicó principalmente en que Rodríguez Núñez está cumpliendo una condena de nueve años de prisión y registra el citado antecedente de incumplimiento de la prisión domiciliaria.
Con esos argumentos, el juez concluyó que el beneficio otorgado a Fourcade Salassa no podía trasladarse automáticamente a Rodríguez Núñez.
La resolución dejó así en claro que la detención no se mantiene por la posibilidad de que el imputado interfiera en las pruebas, sino por el riesgo de que eluda la acción de la Justicia.
La producción de las pericias pendientes sobre dispositivos y antenas telefónicas, sumada al requerimiento de elevación a juicio, permitió considerar superada la etapa de investigación en ese aspecto.
La maniobra de contrabando
La causa que deberá llegar a juicio tiene su origen en un hecho ocurrido el 14 de noviembre del 2017, cuando un camión procedente de Chile ingresó a la Argentina por el Área de Control Integrado de Uspallata.
El caso quedó bajo investigación a partir de una compulsa ordenada por el Tribunal Oral Federal Nº 1, luego del megajuicio que terminó con condenas contra integrantes de una organización dedicada al contrabando de mercadería.
La fiscalía sostuvo que ese episodio no había quedado comprendido en la acusación original, pese a que presentaba características similares a otros hechos analizados durante el debate oral.
Por ese motivo, una vez concluido aquel proceso, se habilitó una investigación autónoma para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
De acuerdo con los elementos reseñados en la resolución, el cargamento ingresó desde Chile en un camión perteneciente a la empresa Transporte es Crempresas Ltda., vinculada al imputado Jorge Carreño Rivet.
El vehículo, con patentes chilenas XH6372 en el tractor y JN1547 en el semirremolque, era conducido por Silvestre Damián Reynoso.
Una vez superados los controles fronterizos, una parte de la mercadería habría sido retirada del circuito fiscal y trasladada a un depósito cuyo destino no pudo ser identificado.
El resto del cargamento continuó hasta el depósito fiscal Gargano, en la provincia de Buenos Aires, que figuraba como destino en la documentación respaldatoria. El camión llegó allí el 17 de noviembre de ese año.
La hipótesis investigativa agrega que la maniobra habría sido posible mediante la intervención de personal aduanero y el uso de documentación apócrifa. La mercadería habría sido parcialmente sustraída del control fiscal antes de que el transporte alcanzara el lugar declarado como destino.
Quiénes están imputados
Además de Rodríguez Núñez, la investigación alcanza a Zheng Cheng, Daniel Martínez Pinto, Carlos Barón Knoll, Jorge Carreño Rivet y los citados Reynoso Romero y Fourcade Salassa.
La imputación es por contrabando de importación por ocultamiento, agravado por la intervención de tres o más personas, la participación de un funcionario aduanero y la utilización de documentación falsa.
La instrucción quedó a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, quien impulsó las imputaciones y solicitó las detenciones. El pedido fue confirmado por el juez federal subrogante Leopoldo Rago Gallo, a fines del año pasado, tal como reveló El Sol.
La investigación apuntó a establecer cómo se organizó el ingreso de la carga, de qué manera se habría producido la descarga parcial y cuál fue el papel de cada uno de los involucrados. La condición de prófugo de Zheng Cheng fue señalada por la Cámara como un dato relevante al evaluar las características de la presunta estructura delictiva y el riesgo de fuga de Rodríguez Núñez.
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Barón Knoll, ex empleado de Aduanas, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por su participación en uno de los hechos.
La nueva investigación surgió porque el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el episodio del 14 de noviembre del 2017 había quedado fuera del objeto de acusación del proceso anterior.
Durante ese debate oral, el tribunal rechazó incorporar el hecho a la acusación en curso, pero dispuso extraer testimonios para que fuera investigado por separado.
Con el requerimiento de elevación a juicio presentado a fines de agosto de este año y las medidas probatorias pendientes ya producidas, el expediente se encuentra encaminado hacia una nueva instancia oral.