El Gobierno de Mendoza trabaja en un proyecto para reformar la Ley de Tránsito local e introducir la utilización de cámaras de videovigilancia para registrar infracciones viales. En principio, sería utilizado solo en zonas críticas de la provincia, donde las características geográficas o la falta de conectividad dificultan la realización de controles presenciales. No funcionaría con el mismo sistema de las fotomultas, pero los registros podrían derivar en sanciones. Analizan un periodo de prueba preventivo.

En concreto, la iniciativa pretende modificar la Ley Provincial de Tránsito 9024 para habilitar el uso de los registros audiovisuales que, bajo determinadas condiciones técnicas y legales, puedan servir como prueba para aplicar sanciones.

Según advirtió a El Sol la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, la medida se corresponde justamente con esa dificultad para poder cubrir con agentes de tránsito y móviles todo el terreno provincial. “Hay lugares donde, por las características del terreno, la falta de rutas o de señal, es difícil establecer un control policial o de preventores con funciones viales”, explicó.

La iniciativa apunta precisamente a esos sectores: cruces importantes, rotondas y tramos donde instalar un puesto de control puede afectar la fluidez del tránsito, pero en los que una infracción puede tener consecuencias graves. También lugares alejados, con escasa conectividad y dificultad de acceso por falta de pavimento, etc.

La Ruta 7, uno de los puntos bajo análisis

Uno de los sectores que las autoridades tienen identificados es la Ruta Nacional 7, en alta montaña, donde las maniobras de sobrepaso en doble línea amarilla u otras son una constante y representan un riesgo para quienes circulan por el corredor internacional.

En estos escenarios se advierte una frecuente imprudencia vial, cada vez más expuesta a partir de la difusión de videos en las redes sociales. Hace un par de semanas, por ejemplo, se viralizó la imagen de un camionero que hizo una peligrosa maniobra de sobrepaso en doble línea amarilla en la zona de Cerro Amarillo, a la salida de Uspallata. Estuvo a centímetros de provocar un choque frontal con una camioneta.

El mes pasado, un video captado por un camionero chileno mostró a una camioneta argentina que cruzó la doble línea amarilla para sobrepasar a varios camiones y debió retroceder para evitar un accidente.

No son episodios aislados, porque en temporada alta de demanda del paso (la que se aproxima en la temporada estival) el fenómeno se vuelve una habitualidad. “Es una infracción que se observa con mucha frecuencia y no representa una falta menor, sino un riesgo concreto para la vida“, dijo Rus.

El Ministerio de Seguridad ya tiene mapeadas las zonas críticas y los criterios de “criticidad”. “Tenemos identificadas varias zonas“, señaló, aunque no aclaró cuáles. Esos sectores se decidieron conforme a mapas de calor y estadísticas de accidentología, con especial atención a los siniestros graves y fatales.

Cómo funcionaría el sistema

La propuesta contempla utilizar cámaras de seguridad para documentar infracciones en los sectores seleccionados. La tecnología que se empleará todavía está bajo análisis, especialmente en aquellos lugares donde no existe conectividad suficiente para transmitir las imágenes.

Sin embargo, las sanciones no se emitirán de manera automática como ocurre con las fotomultas que se emiten en base a una imagen. En cambio, el mecanismo tendría similitudes con Modo Testigo, la herramienta que permite a los ciudadanos enviar registros de posibles infracciones viales a través de canales oficiales y que luego un juez vial las procesa para decretar eventuales multas.

La diferencia es que, en vez de que las imágenes sean aportadas por ciudadanos, será el propio Estado el que las registre mediante dispositivos legales instalados en puntos estratégicos. Pero no en todos los puntos, sino en esos que coinciden con los criterios de “zonas críticas“.

Los registros de las cámaras contarán con metadatos (fecha y geolocalización) y garantías técnicas que permitan verificar su autenticidad y establecer las circunstancias del hecho. “La cámara debería registrar la infracción con sus metadatos y la información sería evaluada por un juez vial, que determinaría si corresponde una sanción”, explicaron.

El objetivo es que las imágenes funcionen como evidencia para el análisis de la autoridad competente, con resguardos que permitan garantizar su validez.

El “periodo de prueba” y lo que todavía falta

El Gobierno analiza la posibilidad de establecer un período inicial de prueba de varios meses durante el cual las cámaras tengan una finalidad exclusivamente preventiva y de concientización, tal y como ocurre en Modo Testigo.

La idea es que los conductores sean advertidos sobre la presencia de los dispositivos antes de que el sistema comience a utilizarse para sustentar sanciones. De esta manera, la iniciativa buscaría generar cambios de conducta y reducir las infracciones en sectores de alto riesgo. “Esto tiene que tener un fin preventivo: exponer lo que está sucediendo y mostrar que determinadas conductas son peligrosas“, dijo Rus.

Este planteo justamente busca despegarse del sistema de fotomultas de los municipios, al que sí caracterizó como un mecanismo con un sentido más recaudatorio.

El proyecto todavía se encuentra en etapa de desarrollo. El Gobierno cuenta con un borrador para modificar la Ley Provincial de Tránsito 9024, aunque aún debe definir las cuestiones técnicas necesarias para su funcionamiento, particularmente en los puntos donde no hay conectividad.

Tampoco se precisó qué artículo de la normativa se modificaría ni cuáles serían los requisitos definitivos para que los registros audiovisuales puedan incorporarse a un procedimiento sancionatorio.

La previsión oficial es que la iniciativa avance sobre el fin de este año o bien a comienzos de 2027. Por ahora, no hay fecha confirmada.